La Policía Nacional está desarrollando en Melilla la Operación Santiago-Rusador. De momento hay detenidas 6 personas, entre ellas Mustafá Aberchán, líder de Coalición por Melilla (CpM) y ex presidente de la ciudad autónoma, gracias al apoyo de los socialistas de la ciudad autónoma. La operación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha sido declarada bajo secreto judicial, aunque se sabe que se están produciendo siete entradas y registros en la ciudad autónoma.
Lo poco que se sabe es que la operación podría estar relacionada por la presunta compra de votos en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Los delitos que se investigan, según Policía Nacional, son los de pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Además, la Fiscalía melillense habría encontrado varias partidas de contratos públicos, hasta 6 millones de euros, sin justificar.
Coalición por Melilla (CpM) es actualmente el segundo partido con mayor representación en la Asamblea regional ya que tiene 5 de los 25 escaños, y ya en la pasada campaña municipal de mayo de 2023 se vio salpicada por el escándalo del voto por correo y se detuvo a 10 personas en una operación policial desarrollada entonces.
LA COMPRA DE VOTOS EN MELILLA Y ABERCHÁN
También en mayo de 2023 Mohamed Ahmed Al-lal, consejero de Melilla de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana fue detenido por la trama de compra de votos que investigaba la Fiscalía melillense en el marco de adjudicaciones públicas. En aquel caso se investigó la adjudicación presuntamente irregular de 2 millones de euros a empresas de reciente creación. Al menos 270.000 euros de estas ayudas fueron a parar a seis empresas que guardan estrecha relación con familiares de los dos directores generales que tuvo Mohamed Ahmed Al-Lal.
Además, el lider de CpM Mustafá Aberchán ya estaba inhabilitado para la función pública por otra trama de compra de votos en la campaña de las elecciones al Senado del año 2008.
Ante la magnitud de la supuesta compra de sufragios, la Junta Electoral Central (JEC) tomó la medida de exigir el DNI o la identificación personal a todo aquel que lleve la papeleta a las oficinas de Correos, una medida que se ha extendido a toda España y no solo a la ciudad autónoma ante la posibilidad de que los involucrados en la trama pudieran depositarlas en oficinas de otras localidades del territorio nacional.
Esta medida despejó las colas que estos últimos días había en las diferentes oficinas de correos de la ciudad autónoma, una decisión que se adoptó a instancias del Partido Popular y Vox.
