La Comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020 arrancará este lunes en la Asamblea de Madrid con la sesión de constitución de la misma.
Será sin comparecientes y en la que se elegirá a su presidente, vicepresidente, secretario y los diputados que asistirán. Esta comisión fue propuesta inicialmente por el PSOE justo después de la polémica de las órdenes de Sanidad para no derivar ancianos de residencias a hospitales.
Estas «contradicciones» en la explicación de lo sucedido en las residencias de mayores entre el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero llevó a los grupos de izquierda a registrarla.
El titular de Sanidad llegó a reconocer que uno de los seis borradores del protocolo dirigidos a atender en centros hospitalarios a personas con Covid-19 procedentes de centros residenciales se envió por «error» y acusó a Reyero de haber filtrado unos correos electrónicos dirigidos a él, donde advertía de las consecuencias de no trasladar a todos los ancianos de residencias a hospitales.
Sin embargo, Reyero especificó que se trataba de un protocolo y no un borrador, y llegó a afirmar que «hubo mucho revuelo entre los geriatras de la Consejería de Sanidad» porque las órdenes para no derivar usuarios de residentes con cierto grado de dependencia o discapacidad al hospitales durante el pico de la pandemia «no se sostenían».
En todo este asunto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reprendió a ambos para que cada uno se centrarse «en hablar de su gestión», en decir lo que ha hecho y explicarlo, y no en la de sus compañeros.
Por ello, la dirigente autonómica decidió impulsar una «investigación interna» dentro del Gobierno regional por lo sucedido en las residencias de mayores consecuencia de esta crisis.
Con esta comisión pretenden determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones «inadecuadas o irregulares» en un momento «de grave crisis sanitaria».
La Comisión estará compuesta por 18 miembros designados por los grupos parlamentarios. Podrán participar tres parlamentarios de cada grupo. El trabajo de la Comisión finalizará en el plazo de un año desde su constitución, pudiendo acordar la Mesa de la Asamblea la prórroga del plazo aquí establecido a petición motivada de la Comisión.
Concluido el plazo establecido, la Comisión, en un plazo no superior a 30 días, elaborará un dictamen con la relación de sesiones y trabajos, las conclusiones aprobadas y las enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios. El dictamen resultante junto con los votos particulares que puedan presentar los grupos se elevará al Pleno de la Cámara para su debate y posible aprobación.
