El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja este lunes a Lisboa para almorzar con el primer ministro portugués, António Costa, en la que será la primera de una intensa agenda de contactos para negociar el fondo europeo de recuperación post Covid-19.
Sánchez considera «imperativo» que los Veintisiete alcancen un acuerdo sobre el fondo de recuperación este mismo mes de julio, aunque asume que tal vez no sea posible lograrlo en el Consejo Europeo de los días 17 y 18, que será la primera reunión presencial de los líderes europeos tras cuatro meses limitados a videoconferencias por la pandemia.
Para preparar esta cita, Sánchez verá esta semana al menos a dos colegas con los que tiene sintonía: el portugués Costa y el italiano Giuseppe Conte, que viajará a Madrid el miércoles. También quiere reunirse, la semana siguiente, con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, que, en el extremo contrario, abandera la posición de los países que se autodenominan ‘frugales’.
A la agenda de Sánchez se suma la de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, que recibirá el martes en Madrid a su colega sueca, Ann Linde, cuyo gobierno se sitúa también entre los más reacios a la propuesta de la Comisión.
González Laya también tiene en agenda un viaje a París, de nuevo para ver a un aliado en esta batalla, y el viernes recibirá en Madrid a su colega polaco, Jacek Czaputowicz.
Por su parte, el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, viajará la semana que viene a Bruselas, si bien con una agenda más amplia, ya que mantendrá reuniones con los comisarios de Presupuestos, Estilo de vida europeo y Justicia, además de con el negociador jefe para el Brexit, Michel Barnier.
Para Sánchez es clave alcanzar un acuerdo lo más cercano posible a la propuesta de la Comisión Europea, una propuesta en cuyos primeros pasos ya se implicó a fondo el Ejecutivo español. Bruselas propone un fondo de 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 serían transferencias y el resto préstamos.
España, al ser el segundo país más afectado por la pandemia detrás de Italia, sería también el segundo más beneficiado por los fondos, con unos 140.000, de los que 77.000 serían transferencias y el resto préstamos.
El Gobierno español quiere un acuerdo cuanto antes para poder tener en cuenta los fondos a la ahora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Parte del dinero del fondo se transferirá directamente a los presupuestos nacionales mientras que otra parte servirá para financiar proyectos concretos.
Ahora, los ejes de las discusión son varios: el tamaño global del fondo, la proporción entre transferencias y préstamos, los criterios de reparto entre países, el plazo de ejecución de los fondos y la condicionalidad.
El Gobierno de Sánchez acepta que la liberación de esos fondos a los países se vincule con la puesta en marcha de reformas estructurales en las naciones beneficiarias tales como el impulso de una economía más digital y sostenible medioambientalmente, pero se resiste a condicionarlos al cumplimiento de unos objetivos concretos de reducción del déficit, explican fuentes gubernamentales.
Defiende también que el periodo de ejecución de los fondos sea de cuatro años –los más reacios al fondo quieren limitarlo a dos— y no ve razonable que los planes de reformas tengan que recibir el visto bueno unánime del Consejo, como quiere, por ejemplo, Países Bajos.
El argumento del Gobierno español es que no se trata de solidaridad, sino de garantizar que el mercado interior europeo sigue funcionando, y más teniendo en cuenta que la crisis no está vinculada a la gestión económica de uno u otro país, sino que está provocada por un shock externo.
La negociación del fondo está vinculada a la del Marco Financiero Plurianual (MFF, en sus siglas en inglés) 2021-2027. Para el Gobierno español, si sale adelante en su forma actual será un momento tan histórico como la entrada en vigor del euro, por las implicaciones que tendrá el mero mecanismo y los efectos para el mercado interior.
El apoyo de Francia y Alemania, que presentaron una propuesta similar poco antes de que la Comisión Europea hiciera la suya, ha sido clave en este recorrido. Ahora están por vencer las resistencias de los ‘frugales’ encabezados por Austria, Países Bajos, Suecia y Dinamarca.
Si los Veintisiete y la Eurocámara dan su visto bueno, la Comisión Europea recabará los fondos emitiendo deuda en los mercados, una deuda que posteriormente se devolverá a través de los Presupuestos europeos futuros. Para ello, la Comisión quiere diseñar nuevos recursos propios (como impuestos al plástico de un solo uso), pero el resto será aportado conforme a la clave de participación de cada estado en los presupuestos.
