Después de ocho años de lucha, ya ha comenzado la cuenta atrás para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pues tiene de plazo hasta abril para desarrollar el seguro de responsabilidad civil a los policías nacionales, el que protege frente a los daños a terceros ocasionados en el desempeño de la actividad profesional, quedando cubiertas las indemnizaciones derivadas del daño que cause el asegurado, y que les proporciona bastante más seguridad en las intervenciones peligrosas. El magistrado y político está obligado a desarrollarlo por una sentencia del Tribunal Supremo que supone un hito para el sindicato Confederación Española de Policía (CEP).
El Tribunal Supremo ha condenado al Ministerio de Interior y a la Dirección General de la Policía por no desarrollar el seguro de responsabilidad civil que refuerce la protección de los policías y la sentencia, dictada este mes de febrero desde la Sala de lo Contencioso-Administrativo, da un plazo de dos meses para materializar esa obligación.
PRIMEROS AVANCES EN EL SEGURO
El sindicato asegura que, tras ocho años de negativas, se están produciendo ya avances. Este mismo mes se han reunido en la Secretaría de Estado de Seguridad varios responsables de Policía Nacional (con representantes de las Subdirecciones Generales de Recursos Humanos y Formación, Logística e Innovación y Gabinete Técnico) y de Guardia Civil para concretar el desarrollo reglamentario que será necesario para dar cumplimiento a lo que el alto tribunal ha fallado.
La sentencia obliga a activar el derecho que durante años se ha estado vetando a quienes más se la juegan a diario protegiendo la vida y bienes de los demás, aunque ni siquiera se les reconoce como profesión de riesgo. CEP asegura que la constitución de este grupo de trabajo no es un regalo del Ministerio de Interior, sino que obedece a la obligación que ha establecido el Tribunal Supremo, que por dos veces -una en Guardia Civil y otra en Policía Nacional- respalda la demanda de CEP, y ha sentenciado que ese seguro debe ser una realidad.
Pese a ello, el sindicato ha reconocido que va a continuar muy atento a la evolución de esos trabajos, pues desconfía de que los condenados cumplan. Es más, advierte que si en dos meses no hay un proyecto de Real Decreto que vaya al Consejo de Ministros, instará a la ejecución forzosa de la sentencia y las medidas legales que correspondan.
SEGURO PARA CUBRIR FIANZAS O INDEMNIZACIONES POR UNA INTERVENCIÓN
«Lo que sí está claro es que este año 2024 debemos tener ya un seguro que, como defendemos en CEP en la campaña ‘Tiene delito’, reforzará la seguridad jurídica de los policías cuando se les exijan fianzas o indemnizaciones como consecuencia de una intervención». Y eso es un hito, pues es la primera sentencia y única en el ámbito de la Policía Nacional que obligará al Ministerio de Interior a acometer los trabajos para la licitación de ese seguro de responsabilidad civil.
El fallo judicial llega en un momento crucial, ya que según las cifras que maneja CEP, en 2022 ya se registró en Cádiz la cantidad más alta de delitos de atentado en nueve años, con 485 infracciones penales de las que 342 (el 70,5%) tuvieron a policías nacionales como víctimas y el resto, otras 143, a guardias civiles. Y en 2023 esa cifra se ha mantenido en un nivel de intensidad similar. Por otra parte, en el periodo de vigencia del Plan Especial de Seguridad en el Campo de Gibraltar, entre julio de 2018 y 2023, casi 200 compañeros de la Policía Nacional y Guardia Civil fueron víctimas de ataques por parte de mafias de tráfico de droga.
EQUIPARACIÓN SALARIAL Y PROFESIÓN DE RIESGO
Por otro lado, las ejecutivas de JUSAPOL, JUCIL y JUPOL, también se han reunido para valorar las nuevas iniciativas planteadas y encaminadas a conseguir la equiparación de sueldos con los homólogos de las policías autonómicas, con la misma jubilación y con el reconocimiento del trabajo como profesión de riesgo, que son de las principales reclamaciones que tienen ahora los profesionales de los dos principales Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los sindicatos policiales no entienden por qué el Gobierno sigue haciendo oídos sordos a esta demanda de policías nacionales y guardias civiles y no resuelve la brecha salarial que existe con mossos y ertzainas e incluso con los policías locales.
LA DIFERENCIA ECONÓMICA ESTÁ POR ENCIMA DEL 20%, EN PAGAS EXTRAORDINARIAS ES MÁS DE UN 60% Y EN JUBILACIÓN, 900 EUROS
«No es de recibo que después de tanto tiempo, las brechas se mantengan o aumenten. Recordemos que en la masa salarial, la diferencia económica está por encima del 20%, en las pagas extraordinarias es más de un 60%, en jubilación llega a 900 euros mensuales sumado a que ellos pueden adelantar la edad de jubilación 6 años antes, porque a policías autonómicas y las locales sí les reconocen su trabajo como profesión de riesgo, hecho que les indigna», afirman indignados.
Los sindicatos están tan hartos, que han llegado a cuestionar al Gobierno, que «está de brazos cruzados con este asunto», que ya que no les reconoce su trabajo como profesión de riesgo, que se lo encomienden a quienes sí lo tienen reconocido.
