El considerado como cúspide de la trama corrupta del ‘caso Koldo’ no fue siquiera detenido esta pasada semana, al encontrarse «localizado», pero en el extranjero. El empresario Juan Carlos Cueto Martín, presunto cerebro de la conocida oficialmente como ‘Operación Delorme’ que investiga la consecución de contratos de mascarillas sin concurso por valor de 53 millones de euros.
Cueto, principal beneficiado de la trama, sería el corruptor de la misma y habría accedido a estos contratos a través de Koldo García Izaguirre, mano derecha de José Luis Ábalos y exconsejero de Renfe Mercancías. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno opina que Cueto «es la persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el Grupo Cueto, aunque figuraba como propiedad de Íñigo Rotaeche».
A Cueto Martín le piden más de 50 años de prisión por el ‘caso Defex’, que investiga una trama corrupta que amañó contratos en Angola, y sus empresas sufren deudas por valor de 270.000 euros a la Hacienda española.
El beneficio obtenido por las mascarillas, según el auto, sirvió para comprar fincas rústicas en la localidad gallega de Carballeda de Valdeorras. «Estas fincas fueron adquiridas por Soluciones de Gestión SL para después ser traspasadas a Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL, también integrada en el Grupo Cueto, En esta operativa interviene Juan Carlos Cueto en su calidad de líder del Grupo Cueto y José Luis Rodríguez García», según señala.
Cueto, que en la última década ha logrado contratos por valor de 4 millones de euros a la Guardia Civil y el Ejército del Aire, y su grupo desplegado desde la matriz Comercial Cueto 92 S. L. controla Advantia Proyectos Exteriores, Suro Capital, o Proyectos Hispania S. L. U. Los escándalos no han impedido que Cueto siga siendo una persona anónima, sin siquiera tener una fotografía suya en Google.
¿QUÉ DICE LA QUERELLA SOBRE JUAN CARLOS CUETO?
La querella de Anticorrupción tras la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dice que «en lo que respecta a parte de los contratos investigados, en particular a los adjudicados por el Ministerio de Transportes y el Ministerio del Interior, la preselección de la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. partiría indiciariamente del primer Ministerio –Ministerio de Transportes–».
«El plazo de tiempo entre la publicación de las dos Órdenes del Ministerio de Transportes y las adjudicaciones por Puertos del Estado y ADIF fue prácticamente inexistente. La publicación de la Orden para la regulación de la adquisición y distribución del material sanitario se producía el mismo día que la adjudicación a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. de un contrato para cubrir esa necesidad», añade.
«En días previos a la adjudicación del primero de los contratos, el 16 de marzo de 2020 Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. y dos sociedades del grupo Cueto —Comercial Cueto 92 SL y Comercial Cueto 92 Internacional SL— firmaron un acuerdo de prestación de servicios donde se hacía alusión a una adjudicación pública que no se produciría hasta el día 21 de marzo de 2020, cuando el Ministerio de Transportes publicara la Orden TMA/263/2020».
Y se evidencia un acuerdo previo ya que «en un contrato firmado el 24 de marzo de 2020 entre Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. y otra mercantil para la prestación de servicios logísticos se mencionaba expresamente que había resultado adjudicataria de varios contratos con el Gobierno español. Sin embargo, en ese momento sólo había firmado un contrato con la Administración, concretamente con la entidad Puertos del Estado».
