Ángel Víctor Torres calla y guarda un estruendoso silencio en el caso Koldo o caso Mascarillas. El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática pagó durante su cargo de presidente de Canarias la friolera de 12,28 millones de euros a Soluciones de gestión y apoyo a empresas, la empresa administrada por Juan Carlos Cueto en un primer momento, denominado como el cerebro de toda la supuesta trama, y por Víctor de Aldama, el presidente del Zamora CF y presentado falsa y públicamente como cónsul honorario de España en Oaxaca (México).
La Fiscalía Anticorrupción sospecha de cuatro contratos, a los que se abonaron once facturas, según el escrito al que ha tenido acceso MONCLOA. En concreto, por el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y otras 555.000 mascarillas FFP2, por un total de 2,095 millones de euros; otro de 447.061,74 euros en concepto de servicio de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas KN95; más otros 4,77 millones para la compra de mascarillas FFP2; y uno de cinco millones realizado por el Servicio Canario de Salud por dos millones de mascarillas del tipo KN95. Todos ellos con IVA incluido.
Cueto y Aldama tiene vinculación directa con Koldo García Izaguirre, según los movimientos bancarios investigados por las autoridades. Koldo García era el hombre de la máxima confianza de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y actual diputado del PSOE, partido que ha exigido su dimisión directamente seis días después de la detención de los principales cabecillas, a excepción de Juan Carlos Cueto, que se encuentra fuera de España. Ábalos solo se ha apartado de una comisión sobre corrupción que preside, pero se niega a dejar el acta.
Mientras todas las presiones se centran en Koldo García y José Luis Ábalos, el PSOE ha conseguido que dimita de una comisión contra la corrupción en el Congreso, pero el diputado se resiste a dejar el acta. Eso sí, un ruidoso silencio se cierne sobre Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, tercera autoridad del Estado y presidenta del Congreso, debido a sus contratos directos bajo su Administración con la empresa.
EL SILENCIO DEL PSOE CON TORRES A PESAR DE LOS CONTRATOS CON LA FIRMA DE KOLDO Y ALDAMA
Los socialistas de Pedro Sánchez callan sobre la adjudicación de 12,228 millones de euros, un montante adjudicado en apenas siete meses, entre mayo y diciembre de 2020, en lo más duro de la pandemia. Los pagos, no obstante, no se realizaron al instante, sino meses después, algunos con fecha de 2021, tal y como muestra tanto el Boletín Oficial del Estado como la propia plataforma de contratación.
Así, por ejemplo, el Gobierno de Canarias, a través del entonces consejero de Sanidad, Julio Manuel Pérez Hernández, quien ordenó abonar 4,775 millones de euros por dos facturas con número 20043 y 20044, por 2,805 y 1,97 millones de euros, respectivamente, por dos partidas de mascarillas por valor unitario de 2,5 euros.
EL PSOE DE TORRES VETÓ LA INVESTIGACIÓN DE LAS ADJUDICACIONES
Este pago fue objeto del fiscalizador de Canarias en un informe que tenía como objeto analizar los contratos públicos durante la pandemia. En total, saltaron las alarmas en 35 contratos al no haber constancia ni justificación de gastos de los mismos. Una de las empresas que apareció es precisamente Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.
El caso llegó al Parlamento canario de la mano de Coalición Canaria y PP, con la oposición de PSOE, Nueva Canarias (cuyo diputado se sentaba en el Congreso con el PSOE), la Agrupación Socialista de Gomera y Podemos. Hubo un veto a investigar al Gobierno autonómico de Torres, una falta de transparencia manifiesta, a pesar de los intentos de Pedro Sánchez de ofrecer toda la información.
Los ‘populares’ y los nacionalistas canarios, dirigidos entonces por Ana Oramás, consideraron que había que investigar la posible estafa de cuatro millones de euros, más cuando las mascarillas nunca se habían recibido. Los miembros del comité de emergencia sanitaria de Canarias, todos ellos cargos públicos, tendrían que rendir cuentas tras el demoledor informe.
Ángel Víctor Torres era miembro, como también el consejero de Sanidad Julio Pérez, ahora sin cargo alguno en la administración, como también Antonio Olivera, jefe de gabinete de Torres y entonces director del Servicio Canario de la Salud. El PP y Coalición Canaria no lograron ejecutar esta petición al encontrarse en minoría, pero apenas un año más tarde, Pedro Sánchez elevaba el rango de Torres a ministro de Política Territorial, a pesar del demoledor informe de una autoridad fiscalizadora.
El presidente del Gobierno no se ha pronunciado sobre él, ni directa ni indirectamente, tampoco el PSOE, que no ha tardado unos días en exigir la entrega del acta a Ábalos, pero da de lado para exigir explicaciones sobre Torres o Armengol.
La excusa puesta por el Ejecutivo canario de Torres fue la situación de emergencia para realizar estas adjudicaciones. Según los datos recabados por este medio, estos contratos se abonaron a costa de fondos europeos.
TORRES PAGÓ ONCE FACTURAS POR 12,28 M€
En la resolución final, la empresa con sede en Zaragoza aparece con un total de 12,28 millones en el desglose de once facturas que debía abonar el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres. En el importe de la número 20055, la fecha de entrada aparece el 27 de mayo de 2020, pero no se pagó hasta el 14 de agosto de aquel año. El importe alcanzó los 1,247 millones de euros. El mismo 27 de mayo aparecen otras dos facturas, la 20058 y 20059, por importes de 83.396 y 201.460 euros, respectivamente, abonadas el 2 de diciembre ambas.
El 7 de mayo hace referencia a las mencionadas 20043 y 20044, pagadas ambas el 9 de junio; el 15 de mayo aparece otra factura de 65.772 euros con el número 20033, también pagada el dos de diciembre. El último día de diciembre se emitió la última, por un importe de 1,387 millones de euros, pagados el 10 de junio de 2021.
Las facturas 20052 y 20053, por 1,799 y 1,952 millones, respectivamente, y fechadas el 15 de mayo, se abonaron el mismo día que la anterior, el 14 de agosto. El 16 de noviembre se dio entrada a la 20071 y 20072 por cuantías más modestas, de 67.185 y 707.518 euros, respectivamente. Los pagos de ambas se realizaron el 2 y el 9 de diciembre del peor año de la pandemia.
Con todo, el entonces consejero de Sanidad de Torres justificó los contratos debido a la urgencia para proteger a sanitarios y funcionarios. Asimismo, afirmó que la mayoría de los contratos eran legales, pero para Soluciones de gestión fue un regalo de más de 12,28 millones de euros en apenas 11 facturas. Por el momento, el ministro de Política Territorial guarda un silencio sepulcral sobre estos contratos, mientras el PSOE no exige tampoco explicaciones.
