El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno cree que el máximo beneficiado en el empresario Juan Carlos Cueto Martín, ya que «es la persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el Grupo Cueto, aunque figuraba como propiedad de Íñigo Rotaeche». Así figura en la investigación de la Guardia Civil a la que ha tenido acceso MONCLOA.
Desde la instrucción también creen que «Soluciones de Gestión habría sido empleada como una emprea instrumental en un proyecto común entre Victor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto, quienes a pesar de no figurar documentalmente habrían sido los responsables de hecho de estos contratos percibiendo sus empresas cuantías económicas que podrían alcanzar las cifras de más de 6 millones de euros y de más de 5 millones, respectivamente».
Los investigadores creen que Soluciones de Gestión podría haber engañado en el pliego de adjudicaciones del Estado y que la empresa «habría sido seleccionada con anterioridad a las publicaciones oficiales que daban a conocer las necesidades del MITMA (Ministerio de Medio Ambiente)» y la investigación recoge como ejemplo que «firmó un contrato que, pese a estar fechado el día 24 de marzo de 2020, mencionaba expresamente que había resultado adjudicataria de varios contratos suscritos con el gobierno español.
SOLO HABÍA FIRMADO CON PUERTOS DEL ESTADO
Sin embargo, en ese momento sólo había firmado un contrato con la Administración, concretamente con «la entidad Puertos del Estado». Explicado de otra manera: la empresa ya sabría que iban a adjudicarle hasta ocho contratos más por diferentes administraciones.
¿Cómo habría sido esto posible? Lo explica la investigación, al recoger que «se ha podido constatar que, gracias a la posición de Koldo García en el MITMA (asesor del titular del Ministerio, Consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado) tenía relación directa con los responsables de hecho de los contratos investigados».
Además, «Koldo Garcia y Víctor de Aldama habrían coincidido en un contexto laboral desde al menos diciembre de 2018. Además, en el momento de los hechos investigados el sr. De Aldama habría recurrido en al menos una ocasión al señor García Izaguirre para agilizar trámites con este Ministerio (el de Ábalos) en el contexto de la contratación durante la pandemia. También se ha contrastado que el señor De Aldama y Koldo García mantendrían una relación personal que no solo existiría con anterioridad sino también en el momento de los contratos investigados».
Tanto Juan Carlos Cueto, cabeza visible del grupo Cueto, como Víctor de Aldama, presidente de Zamora C.F. y el ex asesor de Ábalos, Koldo García, se negaron a declarar argumentando que puesto que las investigaciones estaban bajo secreto de sumario no podían acceder a las acusaciones contra ellos y por tanto, no podían defenderse. El juez les puso en libertad, pero les retiró el pasaporte y prohibió su salida de territorio nacional a todos ellos.
GRUPO CUETO, UN CONGLOMERADO EMPRESARIAL
El grupo Cueto es un conglomerado empresarial compuesto por las sociedades Inmocue, Comercial Cueto 92, Comercial Cueto 92 Internacional, Suro Capital, Alcotan, Global Bolarque y Sistemas Integrales de Reparación y Mantenimiento.
Juan Carlos Cueto dejaría de figurar en los órganos de representación empresarial donde estaba
Estas sociedades «estarían controladas por la familia Cueto Martín en el momento de los hechos investigados», dice la Audiencia Nacional que señala que los titulares de Inmocue, Suro Capital, Sisgra y Alcotan serían los padre de Juan Carlos Cueto y sus dos hermanas. Éstas también son las propietarias de las mercantiles Comercial Cueto 92, Comercial Cueto 92 Internacional y Global Bolarque. Posteriormente, Juan Carlos Cueto dejaría de figurar en los órganos de representación empresarial donde estaba.
Tanto Cueto Martín, como Koldo García, Víctor de Aldama, Íñigo Rotaeche, unsubteniente de la Guardia Civil, la pareja sentimental de Koldo, Patricia Úriz, y su hermano Joseba García constan de una manera u otra en el auto dictado por el juez Ismael Moreno este pasado jueves.
ISMAEL MORENO INDAGA EN LOS MINISTERIOS
Todos fueron detenidos tras una larga investigación que seguía las presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los Ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias.
Hubo hasta 20 personas detenidas, se realizaron 26 registros domiciliarios y en sedes de empresas. La operación de la Guardia Civil bautizada como «Delorme». continúa abierta y afecta a las provincias de Murcia, León, País Vasco, Valencia, Aragón y Extremadura,además de Baleares y Canarias.
