El PSOE está dispuesto a no llevar a votación la ley de amnistía si antes no alcanza un acuerdo con Junts que garantice que la norma tendrá luz verde en el Congreso, según indican fuentes socialistas. El plazo acaba el 7 de marzo y, si antes no se vota en la Comisión de Justicia, la iniciativa decaerá.
Tanto en Ferraz como en Moncloa confían en que finalmente se producirá un acuerdo y habrá ley de amnistía, pero en los últimos días tratan de pasar la presión a Junts señalando que no piensan moverse de su posición actual, pues consideran que la ley tal y como está redactada actualmente incluye a todos los implicados en el procés y además es constitucional.
Las fuentes de la dirección socialista consultadas ven «muy difícil» que Junts no llegue a un acuerdo y señalan que en ese caso se presentarían a las próximas elecciones catalanas, previstas para 2025, sin ese acuerdo y les podría pasar factura. Otras fuentes de la cúpula de Ferraz inciden en esta idea y creen que la presión que a su juicio hay sobre Junts en Cataluña, con cientos de personas que dependen de la ley de amnistía, les terminará llevando a firmar.
Esta misma semana, fuentes gubernamentales, recordaron a Junts que los socialistas no tienen entre sus filas a posibles beneficiarios de la ley de amnistía, al contrario que ocurre con los neoconvergentes y señalaron que, en cualquier caso, haya o no ley, seguirán gobernando.
Ahora dan un paso más y señalan que si no hay pacto previo con Junts no llevarán la ley a votación. De este modo evitarían una situación límite como la de la convalidación de varios decretos leyes en enero de este año.
EL PSOE QUIERE EVITAR UNA NEGOCIACIÓN AL LÍMITE
Aquel día hubo incertidumbre hasta el último segundo sobre cuál sería el sentido del voto de Junts, que finalmente lo apoyó a cambio de una serie de cesiones como el compromiso para el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, la publicación de las balanzas fiscales y medidas para el regreso de empresas que se fueron a causa del procès.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en varias ocasiones la ley de amnistía tal como está redactada en este momento y lo volvió a hacer en la víspera desde Marruecos, donde se encontraba de viaje oficial.
Sánchez se mostró convencido de que finalmente habrá amnistía y aseguró que la norma ya cubre todos los supuestos de los cientos de involucrados en el proceso independentista en Cataluña, es constitucional y además cuenta con todas las garantías para poder llevarla a efecto.
LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR EL NUEVO BORRADOR ES EL 7 DE MARZO
Este miércoles 21 de enero vencía el plazo de la Comisión de Justicia para emitir un nuevo dictamen sobre la proposición de ley de amnistía y enviarla a pleno para votación. Sin embargo, se aprobó una prórroga para extender el plazo dos semanas más, hasta el 7 de marzo, que ahora sí será la fecha límite para que PSOE y Junts lleguen a un acuerdo.
La proposición de ley de amnistía fue devuelta a la Comisión de Justicia después de que Junts se descolgara en la votación de rango orgánico en el Pleno del Congreso del pasado 30 de enero. La formación del expresidente Carles Puigdemont viene reclamando más garantías de que todos los implicados en el procés se verán beneficiados por la norma.
Temen que las últimas actuaciones de los jueces que llevan las causas judiciales derivadas del procés pueda socavar los efectos de la amnistía, como es el caso del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón que instruye la causa de ‘Tsunami Democrático’ o Joaquín Aguirre que investiga la llamada trama rusa en el ‘caso Voloh’.
EL PSOE RECONOCE QUE NO PUEDE HABER MÁS PRÓRROGAS
En cualquier caso, ya no podrá haber nuevas ampliaciones porque el artículo 131.2 del Reglamento deja claro que si una iniciativa de rango orgánico no logra recabar el voto de la mayoría absoluta y ha de ser devuelta a la comisión correspondiente, ésta «deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes».
Como la Ley de Amnistía se tramita por el procedimiento de urgencia –que implica reducir los plazos a la mitad– la Mesa, siguiendo el criterio de los servicios jurídicos, fijó un primer periodo de 15 días para el nuevo dictamen, y ahora ha concedido una prórroga con la misma duración.
Los socialistas no quieren detallar qué ocurriría si finalmente se llega al final del plazo sin un acuerdo, aunque las fuentes consultadas no cierran la puerta por completo a que se pueda registrar otra vez: «Ya veremos», indican.
