La ex alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, ha tenido que acudir al Juzgado de lo Social nº 1 de Móstoles por dos denuncias de dos trabajadoras municipales contra ella por acoso laboral donde reclaman una indemnización por daños y perjuicios cercana a los 100.000 euros. Pese a ello, el PSOE madrileño de Juan Lobato sigue sin tomar medidas contundentes contra ella. Es más, Posse reprocha que no respeten su presunción de inocencia a los populares que la cuestionan.
Noelia Posse sigue sin renunciar a su acta de concejala del PSOE en la oposición del Ayuntamiento de Móstoles pese a que en breve se abrirá el juicio oral contra ella y otros concejales del Gobierno socialista en la legislatura pasada por el caso ITV. Los populares reprochan a Juan Lobato, el secretario general del PSM en Madrid, que no cumpla su palabra de suspender de la militancia a todo aquel socialista de Madrid que se le abriera juicio oral, tal y como prometió que haría durante la precampaña electoral.
POSSE PIDE AL ALCALDE QUE RESPETE SU PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Manuel Bautista, el actual alcalde de Móstoles, del PP, ha insistido que el PSOE y Juan Lobato «no pueden seguir poniéndose de perfil y hacer caso omiso a la problemática que sufre Móstoles, ya que se trata de un nuevo escándalo judicial y tiene que asumir su responsabilidad y apartar del cargo a Posse», algo que también ha solicitado ya Más Madrid de Móstoles.
«Espero que también haga declaraciones y pida perdón cuando la justicia nos de la razón»
La señalada no ha dudado en responder al alcalde de su municipio, el que le arrebató el bastón de mando tras las elecciones del 28-M, que se ponga a trabajar, alegando que su gestión «es inexistente, solamente se centra en dar entrevistas hablando sobre mí. Espero que también haga declaraciones y pida perdón por saltarse la presunción de inocencia cuando la justicia nos dé la razón».
El Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles archivó en junio de 2022 una querella de estas dos trabajadoras municipales al entender que no se desprendían elementos que pudieran ser constitutivos de infracción penal. Aún así, el Juzgado dejaba a salvo el derecho para hacer valer las pretensiones de las demandantes ante el órgano jurisdiccional competente, en este caso el Juzgado de lo Social, como así hicieron ambas demandantes.
En la instrucción por los dos supuestos casos de acoso laboral, Noelia Posse acudió a declarar pero no como investigada todavía. Además, ella ha negado que ordenara la destitución del cargo de responsabilidad de una de las demandantes.
Según las denuncias de las empleadas afectadas, a las que tuvo acceso Efe, en mayo de 2021, cuando Posse era la alcaldesa, fueron «apartadas» de su cargo como secretarias en las concejalías de Recursos Humanos y Servicios Sociales y Mayores de forma «arbitraria e injusta».
QUIEN LAS APARTÓ: POSSE O LOS CONCEJALES
Las demandantes creen que la decisión la tomó Posse en represalia por haber acudido «a una asamblea sindical de interinos realizada el día 6 de mayo en el marco del proceso de negociación para la consolidación del personal temporal en el Consistorio mostoleño», tras manifestar ambas en la reunión sindical «su disconformidad a que su sindicato (UGT) reiniciara las negociaciones con el Ayuntamiento».
Además, según indican ambas trabajadoras, los concejales Aitor Perlines y Ángela Viedma «se negaron a la medida indicada desde Alcaldía -devolverlas a a sus anteriores posiciones de auxiliar administrativa- al no existir motivos objetivos que justificaran dicha decisión», ya que «se mantenían las necesidades que justificaron su adscripción al puesto de secretaria».
Pero tras ratificar la alcaldesa de entonces a los dos ediles su orden, éstos ejecutaron la orden haciendo constar que era una orden expresa de la entonces alcaldesa, según constaría en el expediente administrativo del Ayuntamiento. Por ello, las demandantes acusan a Posse de haber tomado una decisión «totalmente arbitraria e injusta, contraria a la legalidad», aunque es la justicia la que lo tiene que determinar.
Una de las trabajadoras ha expuesto que debido a esa decisión estuvo de baja por incapacidad temporal desde su cese, el 11 de mayo, hasta el 30 de septiembre de 2021 derivada de un estado de ansiedad y que requirió de tratamiento médico y psicológico durante 142 días.
PP YA REPROCHÓ OTRA CONTRATACIÓN A POSSE
Este caso no es el único polémico relacionado con contrataciones en el Ayuntamiento que ha protagonizado Posse. En diciembre de 2021, el PP -entonces en la oposición- también le reprochó que en plena crisis económica la alcaldesa Noelia Posse acomodara a un excandidato de la ejecutiva del PSOE en la empresa municipal Móstoles Desarrollo, «sin proceso de selección alguno y con un sobresueldo de casi 12.000 euros anuales».
Se trataba de un trabajador municipal, que ocupaba una plaza en el ayuntamiento con un salario anual de 52.000 euros y al que se le asignó, por decreto, un plus de productividad de 1.106,67 euros mensuales, para el desempeño de funciones de coordinación y responsabilidad en el área de Servicios Sociales.
