El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, está defendiendo dentro del Gobierno, con el respaldo del resto de ministros con los que cuenta Unidas Podemos en la coalición, la necesidad de extender, al menos hasta 2021, la prórroga de los contratos de los alquileres y la prohibición de ejecutar desahucios y de cortar suministros básicos, según informan fuentes de Unidas Podemos.
El departamento que dirige el líder de Podemos trabaja desde hace semanas en una propuesta para que se amplíe hasta el año que viene la duración de algunas de las medidas que se han puesto en marcha estos meses para atender a los más afectados por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, ya que muchas de ellas, salvo excepciones, dejarán de estar vigentes el próximo 20 de julio, cuando se cumple un mes del fin del estado de alarma.
La formación morada y sus socios consideran que estas medidas, que ubican dentro del que han bautizado como «escudo social» frente al coronavirus, deben ser ampliadas al menos hasta el próximo año, para poder «seguir protegiendo a la población más vulnerable también después del estado de alarma», del mismo modo que también se están extendiendo los ERTE.
ACUERDO CON EL PSOE PARA AMPLIARLAS, PERO SIN FECHAS
El documento que PSOE y Unidas Podemos elaboraron de forma conjunta con sus propuestas sobre Política Social en la Comisión para la Reconstrucción que se creó en el Congreso ya contemplaba la necesidad de prorrogar algunas de las medidas, como las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda. Sin embargo, en dicho documento no se especificaba fecha alguna.
Por ello, Iglesias ha decidido llevar al debate del Consejo de Ministros una propuesta para pedir que ese plazo se amplíe hasta 2021, para lo que cuenta con el respaldo del resto de ministros de Unidas Podemos: la de Trabajo, Yolanda Díaz; la de Igualdad, Irene Montero; el de Consumo, Alberto Garzón; y el de Universidades, Manuel Castells.
El Gobierno aprobó las primeras medidas de ese escudo social el pasado 17 de marzo, tres días después de decretarse el estado de alarma, y tras un intenso debate en el Consejo de Ministros sobre los tiempos y sobre el alcance de los mecanismos a poner en marcha. De hecho, Iglesias trató sin éxito de que esas medidas se incluyeran en el decreto del estado de alarma aprobado el 14 de marzo.
En las semanas posteriores, el Ejecutivo fue aprobando nuevos paquetes de medidas para minimizar y contrarrestar el impacto del Covid-19, como las relativas a los alquileres, y también reforzando las adoptadas anteriormente, ampliando sus plazos.
Con carácter general se decidió prorrogarlas un mes tras la finalización del estado de alarma, aunque hay algunas excepciones, que cuentan con sus propios plazos, como la moratoria hipotecaria, determinados aplazamientos o las ayudas de alquiler.
