El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha retado este jueves al Gobierno que dirige Pedro Sánchez a que, «si quiere nacionalizar» la factoría de Alcoa en San Cibrao, en Cervo (Lugo), «que lo haga». «Pero que lo haga ya, mañana y no pasado», ha proclamado el dirigente gallego, quien ha dado a entender que sigue convencido de que solo un precio «viable» de la energía garantiza su futuro.
Y es que, aunque ha asegurado que él «estaría de acuerdo» si el Gobierno nacionaliza la compañía, ha subrayado que no conoce a ningún ejecutivo de la Unión Europea «que tenga una empresa de aluminio», por lo que, bajo su punto de vista, tras la nacionalización, «lo lógico» es que volviese al mercado y se buscase «un comprador». Y para encontrarlo, el presidente ha insistido en que es clave un precio «viable» de la energía.
Según el presidente gallego, garantizar este precio competitivo es una «solución» que ha funcionado durante años, pero ha asegurado que él también está dispuesto a aceptar la nacionalización de la compañía «durante dos años» hasta que puedan surtir efectos los contratos bilaterales propuestos por el Gobierno, convencido de que, en último término, la compañía acabará en el mercado.
Al respecto, en la misma jornada en la que el Gobierno gallego ha dado luz verde a un plan para la industria electrointensiva que declara el sector como «esencial y estratégico», Feijóo ha remarcado que, bajo su punto de vista, mientras «no sea competitivo» el precio de la energía «nadie se va a acercar» para comprar la factoría.
Sin embargo, sí ha afirmado que le constan «contactos y conversaciones informales» que apuntarían a que, cuando dicho precio vuelva a situarse en el entorno de 30 o 35 euros, «hay compañías y capital para valorar quedarse» con la factoría.
Por ello, tras censurar «tomaduras de pelo» y «engaños» a los trabajadores –él mismo ha confesado sentirse «engañado» por cuestiones como el «tan cacareado» estatuto electrointensivo del que «aún no se conoce ni el borrador–, ha vuelto a urgir convocar la subasta de interrumpibilidad, con el fin de «no ponérselo fácil» a la multinacional y «desautorizar el ERE» anunciado, que afectaría a 534 trabajadores.
«SECTOR ESENCIAL»
Previamente, el presidente había informado de que el Consello de la Xunta aprobó en su reunión de este jueves, en medio de una campaña para las elecciones del 12 de julio en la que el futuro de Alcoa se sitúa como principal foco económico, un plan para la industria electrointensiva que declara el sector como «esencial y estratégico».
«Lo que pretendemos es activar una serie de medidas de acompañamiento que permitan defender la actividad y mantener los 5.000 puestos de trabajo que están en este momento en riesgo en la Comunidad Autónoma», ha defendido.
De este modo, ha anticipado que todos los proyectos industriales de ampliación, modernización y transformación se considerarán proyectos industriales estratégicos, tras la aprobación por parte del Consello de la Xunta.
Asimismo, el plan de la Comunidad contempla tanto el tratamiento prioritario en la ‘Axenda 4.0’ de los proyectos vinculados a esta industria, como la reducción de los plazos de tramitación de los contratos bilaterales propuestos por el Gobierno central.
«PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN»
En lo que respecta al ámbito competencial del Estado, la Xunta propone la elaboración de un Plan nacional de recuperación, que permita optar al instrumento de recuperación de la Unión Europea dotado con 750.000 millones de euros.
«Proponemos el diseño de un mecanismo de subasta específica para los contratos bilaterales de las electrointensivas y también préstamos participativos con fondos de la Comunidad Autónoma para apoyar los planes industriales de las empresas hiperelectrointensivas que quieran invertir en su maquinaria o en sus procesos productivos», ha explicado.
Al tiempo, ha insistido en que el Gobierno debe proceder a la convocatoria inmediata de la subasta de interrumpibilidad –que «ya tendría que haber sido convocada porque es semestral»; incrementar el presupuesto de las compensaciones por emisiones de CO2, pasando desde los 6 millones actuales a los 275 millones que permite la normativa europea, y a la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo.
