La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha condenado al ex presidente de la Autoridad Portuaria de la ciudad autónoma, José Torrado, a seis años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por un delito continuado de prevaricación administrativa por la reducción que aplicó entre 2006 y 2012 del canon que debía abonar a la Administración la empresa concesionaria de las instalaciones del puerto deportivo.
La sentencia ha declarado nulas de pleno derecho las ocho resoluciones que firmó entre el 7 de junio de 2006 y el 31 de diciembre de 2012 para «compensar» a la adjudicataria del servicio [Marina Hércules] el canon de su concesión y ha apreciado una atenuante muy cualificada de «dilaciones indebidas» a la hora de aplicar la pena.
El veredicto ha absuelto a Torrado del delito de malversación de caudales públicos que también le imputaba tanto la acusación particular como la Fiscalía que, pedía para él cinco años de prisión y la obligación de restituir los 1,4 millones de euros que dejó de ingresar el Puerto «con evidente perjuicio para la Administración Pública».
La Audiencia no ha estimado esas peticiones, pero sí ha ordenado que se remita testimonio de su resolución al Tribunal de Cuentas «por si estima que el acusado pudiera haber incurrido en el ejercicio de su cargo en algún tipo de responsabilidad contable».
«Es evidente que algo abonó la concesionaria, pero no lo es menos que en ningún ejercicio desde 2006 a 2012 pagó el canon fijado de 415.172,18 euros y las reducciones por compensación han sido tan significativas que era una alteración de su principal obligación, el pago del precio: la ley de la concesión resultó alterada de forma unilateral», concluye la sentencia.
La Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo de Ceuta, que ha ejercido la acusación particular, presentó en 2011 una querella contra Torrado y otros dos cargos de la Autoridad Portuaria por permitir a Marina Hércules un «incumplimiento sistemático» del Pliego de Condiciones de su concesión. Tres meses después de resolver el concurso, el condenado consintió el encarecimiento de las tarifas máximas a pagar por los usuarios «un 13%», supuestamente por encima del 10% de incremento de precios preestablecido; y, en paralelo, reducir el canon que debía pagarle la concesionaria de 415.000 a 157.000 euros.
La Audiencia ha apreciado en este caso «de las escasísimas ocasiones» en las que un ente público «se adelanta prácticamente a toda petición para admitir que una entidad privada o contribuyente tiene que pagarle menos» sin que contase «comprobación de cantidades, expediente, tramitación del mismo ni informes jurídicos o económicos».
Torrado dejó en mayo de 2018 la Presidencia del Puerto de Ceuta para dedicarse «en cuerpo y alma» a preparar su defensa. Entonces acumulaba 20 años en el cargo, al que había accedido en 1996 y que solo había abandonado durante el periodo 1999-2001, cuando el GIL se hizo con el Ejecutivo regional.
