«El apoyo de Junts a los Presupuestos se ganará día a día», así había advertido el líder de Junts, Carles Puigdemont, a principios de noviembre de 2023, en plenas negociaciones con el PSOE para apoyar la investidura. Su amenaza se ha convertido en realidad. Durante el debate del techo de gasto en el Senado, que como estaba previsto fue tumbado por la mayoría absoluta del PP, Junts lanzó su nueva exigencia: más dinero para Cataluña.
Josep Lluís Cleries, el portavoz de Junts en el Senado, lanzó el primer aviso a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: «nuestro voto para los Presupuestos con esta forma de hacer no lo obtendrán». El senador, insistió en que Cataluña «está mal financiada» por el Estado, además de ser «víctima» de un déficit fiscal que «fuera de toda lógica sobrepasa los 20.000 millones», lo que supone una asfixia económica, al tiempo que reclamó ver publicadas las balanzas fiscales. Su conclusión fue que el Estado «siempre ha perseguido hundirnos como país».
Pidió para Cataluña que el 9% de inversión se eleve un 16% (por criterio de población) o el 19% (por criterio de aportación de riqueza al PIB español). Sin embargo, este intento ya fue rechazado en 2010 cuando el Tribunal Constitucional explicó, apoyándose en el artículo 138.6 de la Constitución, que «la financiación de la Generalitat no debe implicar efectos discriminatorios para Cataluña respecto de las restantes comunidades autónomas».
PUIGDEMONT SABE QUE EL TC DIJO QUE SU PETICIÓN ES UN «PRIVILEGIO»
En la sentencia de 2010, el Constitucional argumentaba su rechazo a esa petición de más financiación, al decir que el principio de que no haya efectos discriminatorios con el resto de las autonomías deberá, además «respetar plenamente los criterios de solidaridad enunciados en el artículo 206 de este Estatuto», que había sido aprobado en 2006. El precepto parece presuponer, a juicio de los actores, que el art. 138.2 CE prohíbe los efectos discriminatorios negativos para una Comunidad, lo cual no se compadece con el concepto de «privilegio».
Puigdemont ya conoce la inconstitucionalidad de su petición; sin embargo, quiere poner contra las cuerdas a Sánchez, ya que de momento no ha logrado nada de su acuerdo de investidura. Por este motivo, y pese a las reuniones a las que había asistido María Jesús Montero con Junts para recavar su apoyo a los Presupuestos, ahora se encuentra que lo que le piden es algo que va contra la Constitución porque discriminaría al resto de las autonomías y convertiría a Cataluña en la única región privilegiada, tirando por tierra los criterios de solidaridad. Según proclamó la sentencia del Constitucional hace ya 14 años.
Junts apoyó el techo de gasto de Montero en el Senado, pero ya era un voto condicionado a lo que haga en los Presupuestos. Las razones esgrimidas por el senador de Junts es que la «forma de hacer del Gobierno, el todo a cambio de nada que han practicado, se ha acabado». A continuación, ha explicado el precio que pedirá por su voto a los Presupuestos. Tras descartar que la comunidad catalana pertenezca a «ningún bloque español», criticó la partida presupuestaria que asigna un 9% del total de la inversión a Cataluña.
Ese 9% asignado -continuó explicando Cleries- ni se corresponde con el 16% de la población española que vive en Cataluña, ni con el 19% del PIB que genera de riqueza en el conjunto del país. Tras ofrecer estos porcentajes, el senador de Junts, lanzó su pregunta a Montero: «¿Esto es justo?». Y fue más allá con sus datos, en su eterna comparación con Madrid. «Su Gobierno ejecutaba solamente un 35% del presupuesto asignado, mientras que en Madrid ejecutaban un 184%».
Por último, Cleries recordó la sempiterna queja de los independentistas, al recordar a Montero que esos datos demuestran que su voto ha sido a cambio de nada, porque la situación financiera de Cataluña sigue siendo la misma, y por ello, aseguró con rotundidad que «no nos sentimos parte de este Estado que nos ahoga en cada decisión que toman».
MONTERO NO SOLO TENDRÁ QUE CONVENCER AL PP SINO A LOS SOCIOS DE GOBIERNO Y DE INVESTIDURA
De esta forma, Montero ha regresado a su ministerio con todos los deberes por hacer. Deberá consultar a Sánchez qué hacer con esa petición inconstitucional, porque ya los expertos legales de Moncloa y Justicia están ocupados en buscar todos los vericuetos para sacar adelante la ley de amnistía, que en muchos casos bordea las líneas rojas.
Con el techo de gasto rechazado por el Senado, deberá reelaborar sus objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Es su segunda y última oportunidad. Si vuelve a ser rechazada su propuesta (el PP le ha puesto como condiciones que añada nuevas medidas como la reducción del IVA a carne, pescado y productos enlatados), entonces tendrá que echar mano de los datos de abril de 2023.
Montero ya ha advertido a los populares que si se mantienen los objetivos de estabilidad del pasado ejercicio saldrán perjudicadas las comunidades autónomas. La vicepresidenta ofrece un Plan de Reequilibrio dirigido a todas las administraciones públicas y cada subsector para el periodo 2024-2026. A la vista de esta primera votación en el Senado no parece que vaya a ser factible.
Su segundo punto negro para los Presupuestos Generales del Estado de 2024 es la posición que mantendrán sus socios, tanto de Gobierno como de investidura. Con Yolanda Díaz ya ha comenzado las primeras negociaciones, ya que la líder de Sumar y compañera de Gobierno, no va a regalar su voto por nada. Ante las últimas discrepancias surgidas entre las políticas de Gobierno y Sumar, Díaz ya ha pedido una reunión urgente para limar asperezas. En esta reunión, si se produce y a Montero le interesa que así sea, seguro que se hablará de las cuentas públicas de este año y su aprobación.
