Los agricultores llevan capeando como pueden desde hace más de dos años los efectos de una pandemia mundial, los efectos de la guerra de Ucrania, el elevado coste de la electricidad, el gas y el gasoil agrícola, una nueva guerra y, para remate, desde este 1 de enero la entrada en vigor la nueva Política Agraria Común (PAC). En vez de aliviar su situación, se han encontrado que es «la peor PAC que han conocido». Entre los argumentos de los agricultores se encuentran con una normativa compleja, que no contribuye a profesionalizar el cambio ni a hacerlo más productivo.
Las protestas continuraron este miércoles, y si el martes los agricultores cercaron Madrid, la segunda jornada de protestas se centró en Barcelona. Los agricultores consiguieron llegar a la Ciudad Condal. Más de 1.000 tractores tomaron el centro de Barcelona, mientras otras 10 comunidades se vieron afectadas por los cortes de tráfico en las autovías de Murcia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón.
Así, la policía desalojó a cerca de 250 agricultores del Puerto de Castellón. Si en la primera jornada de protestas hubo dos detenidos, en esta segunda ha habido cinco detenciones en Granada. Una de las caras más visibles de estas protestas ha sido Lola Guzmán, que ha liderado las protestas del campo. Exmilitante de Vox, ha sido una de las asiduas a las manifestaciones en Ferraz. Pertenece a la Plataforma 6F, en la que también colaboran asociaciones como Elite Taxi, la organizadora de la protesta. En la actualidad se declara apolítica. De profesión sanitaria, proviene de una familia de agricultores de la huerta de cítricos del levante español.
De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio del Interior a MONCLOA, durante esta jornada de movilizaciones, las Fuerzas de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil y los tres cuerpos autonómicos) han identificado para propuesta de sanción administrativa a 2.562 personas; ha incoado 733 denuncias administrativas y procedido a 12 detenciones.
SÁNCHEZ SE COMPROMETE A QUE LA UE ADOPTE LAS ‘CLÁUSULAS ESPEJO0 EN LOS ACUERDOS CON TERCEROS
Ante las protestas, un pequeño avance tuvo lugar este miércoles. El presidente, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reforzar los controles para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que impide las ventas a pérdidas, y a simplificar la burocracia relacionada con la Política Agraria Común (PAC), dos de las reclamaciones de agricultores y ganaderos. Además, el Ejecutivo redoblará los esfuerzos para que la UE adopte en sus acuerdos comerciales las llamadas cláusulas espejo en las importaciones agroalimentarias, que fijan las mismas condiciones y requisitos a las producciones de terceros países y países de la UE, pero cuya aprobación requiere una unanimidad que, ahora mismo, no existe en Europa.
Su conclusión, la que más se escucha estos días de movilizaciones por Francia, Bélgica, Alemania, Rumanía y España, es que con esta PAC los agricultores europeos no pueden alcanzar un nivel de vida razonable. Las organizaciones agrarias llevan meses denunciando esta situación y hasta que no han salido a las carreteras y las calles de las principales ciudades europeas; hasta que no han cortado con sus tractores las principales vías de circulación de sus países; hasta que no han dicho basta ya, nadie les había escuchado. Ni gobiernos nacionales ni instituciones europeas.
Su situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que dentro de poco, el 9 de junio, los Veintisiete tendrán que celebrar elecciones para elegir a sus representantes europeos, lo que supone una parálisis del quehacer del Parlamento y la Comisión Europea. De momento, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha lanzado balones fuera, y una de las medidas más polémicas, entre otras muchas, la ha parado para intentar calmar los ánimos. Pero dejar en ‘stand by’ la normativa para que se reduzcan un 50% los pesticidas les ha sonado como un canto al sol.
LOS PRIMEROS SONDEOS DAN LA VICTORIA A LA DERECHA Y ULTRADERECHA QUE PODRÍAN BLOQUEAR ALGUNAS DE LAS POLÍTICAS
La mayoría de los partidos políticos apoyan sus protestas, desde los de la derecha hasta la izquierda. Todos están ocupando posiciones de cara a una campaña electoral cuyos primeros sondeos proclaman un cambio en las políticas que se aprobarán en las instituciones europeas. Va a haber un giro significativo hacia la derecha, con la ultraderecha también avanzando en posiciones, mientras que los partidos de izquierda y Los Verdes van a perder peso. La derecha va a ganar. Esa es la conclusión del estudio A Sharp Right Turn: A Forecast for the 2024 European Parliament Elections, difundido por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.
Es probable que los populistas antieuropeos encabecen las encuestas en nueve Estados miembros (Austria, Bélgica, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, los Países Bajos, Polonia y la República Checa) y ocupen el segundo o tercer lugar en otros nueve países (Bulgaria, Estonia, Finlandia, Alemania, Letonia, Portugal, Rumania, España y Suecia). No obstante, pese al avance de los euroescépticos, el PPE (PP) seguirá siendo el grupo más grande del parlamento y, por lo tanto, conserve la mayor parte del poder para establecer la agenda, incluida la elección del próximo presidente de la comisión.
De confirmarse la victoria de la derecha, se deberán revisar muchas de las políticas sobre las que han mostrado su rechazo, porque en los euroescaños va ahaber muchos euroescépticos, que podrían parar desde la agenda climática, la política exterior, el apoyo a Ucrania, la ampliación de la UE y, por lo que dicen, también podrían cambiar la actual PAC que tanto ha perjudicado al sector, según coinciden todas las organizaciones agrarias. Los euroescépticos hasta podrían lograr peso suficiente como para bloquear muchas de las leyes.
LOS ACUERDOS DE LA UE CON TERCEROS PAÍSES PERMITEN LA COMPETENCIA DESLEAL CON LOS AGRICULTORES EUROPEOS
Los agricultores señalan con su dedo acusador a Bruselas por los acuerdos firmados con países terceros como Marruecos, Turquía o Nueva Zelanda. Los intercambios comerciales pueden favorecer a otros sectores de la Unión Europea, pero al sector agrícola no. Las autoridades europeas que firman esos acuerdos comerciales no exigen las mismas condiciones a los productos agrícolas que las condiciones que piden a los agricultores europeos. No juegan en las mismas reglas, mientras con el paso de los años les han obligado a arrojar litros de leche, reducir el número de cabezas de ganado por explotación arrancar viñas y olivos y poner en práctica todo tipo obligaciones. Como botón de muestra, la adaptación digital del campo, lo que a todas luces supone una «importante discriminación digital», según ha denunciado Asaja, una de las principales organizaciones agrarias españolas.
Todos los cálculos realizados siempre llegan a la misma conclusión: los ingresos de los agricultores son un 40% inferiores a los que ganan trabajadores de cualquier otro sector. Y si se le suma los costes por obtener productos de forma más sostenible, incrementa todavía más el sacrificio económico en el campo.
Falta igualdad de condiciones. Los acuerdos con Marruecos, Mercosur, Nueva Zelanza, Chile, Kenia, México, India y Australia consideran desde las asociaciones de agricultores Asaja, COAG y UPA, que desequilibran la balanza de la competencia entre los productores locales de la UE y los extracomunitarios. Por ello, reclaman que se paralicen los acuerdos o no se ratifiquen los que están en negociaciones.
También exigen un aumento de los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos importados de este país cumplen con las normativas internas de la Unión Europea y con la reglamentación incluida en el acuerdo de libre comercio. Para el sector, se trata de una exigencia «vital» para recuperar la preferencia comunitaria y «garantizar» la soberanía alimentaria de los Estados miembro. Sin embargo, todos los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y países terceros no son equiparables ni tampoco se pueden modificar de la misma manera.
En el caso de Mercosur todavía está pendiente de cerrar el capítulo agrícola para darlo por conluido. Es, precisamente, el ámbito agrícola el que frena la finalización de las negociaciones de este acuerdo. En él se incluye una apertura absoluta para los productos agroalimentarios de Mercosur, que solo deberán acogerse a garantías legales para proteger 357 indicaciones geográficas europeas, entre ellas el jamón de Jabugo español. El sector europeo se beneficiará, a su vez, de la reducción de los elevados aranceles del Mercosur (chocolates, vinos, licores y refrescos). Este acuerdo ha sido parado por Francia por entender que el principal beneficiado del acuerdo es España.
Nueva Zelanda es uno de los tantos acuerdos de libre comercio que solo necesitan la ratificación de ambas partes para funcionar al 100%. Este es uno de los acuerdos que los agricultores españoles desean paralizar y ajustar a las necesidades del sector.
MARRUECOS INCUMPLE TODO LO PACTADO CON BRUSELAS
Donde los agricultores ponen el énfasis, sobre todo, es el acuerdo con Marruecos. Y éste no se puede modificar. El Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-Marruecos creó una zona de libre comercio entre ambos en el 2000. Marruecos cuenta con un acuerdo preferencial con la Unión Europea por el que se liberalizan casi todos los productos, a excepción de algunos sujetos a contingentes (manzanas o almendras dulces). Para el resto de países, los aranceles a la importación suelen ascender al 40%. Por su cercanía, España es el primer socio comercial de este país con un saldo comercial positivo para la Península Ibérica.
Las importaciones de frutas y verduras marroquís se han multiplicado en la última década: pasaron de 130.700 a 496.000 toneladas de hortalizas entre 2012 y 2022, según datos recopilados por la Federación de Productores de Frutas y Hortalizas (Fepex). Destacan los tomates y las judías verdes (80.000 toneladas), el pimiento (74.000 toneladas), aguacates (18.000 toneladas) e incluso fresas (8.000 toneladas).
Los agricultores españoles exigen que los productos marroquíes cumplan los mismos criterios fitosanitarios
Además del aumento de importaciones agroalimentarias del país vecino, el sector agrícola español pide que se apliquen los mismos criterios fitosanitarios, revisar el cumplimiento de la normativa europea para sus productos y controlar las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo. Piden que aumenten los controles, puesto que grandes empresas europeas, y también españolas, producen frutas y hortalizas en territorio marroquí a bajo coste y después lo venden en España con otra etiqueta, dañando así a los productores locales. «No negamos el comercio internacional, pero el resto de países deben cumplir unas normas», apunta García.
Y en el caso de Turquía, en el acuerdo firmado se limitaban los productos industriales y los productos agrícolas transformados. Las mercancías que se obtienen o transforman pueden circular por todo el territorio de la unión aduanera, siempre y cuando estén acompañados de la prueba de su estado. En 2023 se decidió ampliar el número de productos agrícolas, que de formalizarse el acuerdo ampliaría el número de productos agrícolas que puede importar sin restricciones.
LA ÚLTIMA PAC HA SIDO UN FRACASO PARA EL CAMPO Y LA GANADERÍA
Desde 1962 en que se aprobó la primera PAC, pero el sector coincide que la última, la de 2023-2027 es la peor. Se diseñó (en 2017) cuando el mundo no había sufrido una pandemia, ni había guerra en Ucrania ni en Israel, ni se había encarecido la luz, ni el gas, ni el petróleo. Pero, la UE ajena a todos estos acontecimientos y sin mirar los esfuerzos de los agricultores y ganaderos siguió exigiendo la puesta en marcha de los eco-regímenes (el 25% de las ayudas del sector se deben dedicar a mejorar el medioambiente), con mayores inversiones para poder conseguirlo y el mismo presupuesto.
El problema es que la nueva PAC marca una estructura verde que sobrepasa los esfuerzos del sector, con elevados costes de producción y escasez de materias primas. Las dificultades surgidas desde 2020 llevan a los agricultores a la conclusión de que Europa necesita promover el autbastecimiento, según explican el responsable de Asaja en Ávila, Celedonio Sanz.
