A escasos 18 días de las elecciones en Galicia, la tranquila carrera política se ve sacudida por revelaciones impactantes sobre uno de los candidatos prominentes. Ramón Sarmiento Solla, actual cabeza de lista de Sumar por la provincia de Pontevedra, se encuentra bajo el escrutinio público después de que salieran a la luz sus antecedentes.
Ramón Sarmiento, quien desempeñó el cargo de secretario general de Comisiones Obreras en Galicia desde 2017 hasta 2021, se enfrenta ahora a la revelación de una condena que se remonta al 30 de mayo de 2012. De acuerdo con información obtenida por el medio de comunicación The Objective, Sarmiento fue sentenciado a seis meses de prisión por su participación en desórdenes y daños durante la huelga del metal en 2009.
En aquel momento, Sarmiento fungía como responsable comarcal del metal dentro de Comisiones Obreras. Junto a Antolín Alcántara, responsable de negociación colectiva de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Sarmiento intentó ocupar la Estación Marítima de Vigo, con el objetivo de llegar al muelle y abordar el crucero Independence of the Seas, que se encontraba atracado en ese momento. El juicio, que fue pospuesto debido a la concentración de un centenar de personas, reveló que los manifestantes alegaron que acudieron al lugar para resguardarse de las cargas policiales.
Este episodio del pasado de Sarmiento, ahora candidato a ocupar un puesto clave en la política gallega, arroja una sombra sobre su integridad y plantea preguntas sobre su idoneidad para liderar la provincia de Pontevedra. A medida que las elecciones se acercan, queda por verse cómo este descubrimiento impactará en la percepción pública y en el apoyo a Sumar en la contienda electoral. Y qué pasados ocultos de los demás candidatos quedan por salir a la luz.
LAS CLAVES DEL JUICIO DE RAMÓN SARMIENTO
En cuanto al juicio de Ramón Sarmiento, exsecretario general de Comisiones Obreras en Galicia y actual candidato de Sumar por Pontevedra, el citado medio ha revelado detalles sobre los momentos claves de la vista. El fiscal a cargo del caso inicialmente solicitó cuatro años de prisión para Sarmiento, así como para Antolín Alcántara y la entonces responsable de prensa de la Confederación Intersindical Galega.
Sin embargo, durante el desarrollo del proceso judicial, iniciado el 15 de mayo de 2021, el fiscal cambió de opinión. Según el medio de comunicación The Objetive, el fiscal optó por reducir casi a la mitad las penas que había solicitado inicialmente para Sarmiento y Alcántara, retirando por completo los cargos contra la responsable de prensa.
Durante la vista, los testigos tuvieron acceso a imágenes del suceso y declararon que no se podía determinar con claridad quiénes fueron los responsables de los daños a la puerta de cristal de la Estación Marítima. Este incidente ocurrió durante la huelga del metal en 2009, cuando Sarmiento y Alcántara, entre otros, intentaron ocupar el edificio.
Ramón Sarmiento subrayó que no hubo actitudes violentas por parte de los manifestantes que ocuparon el edificio y negó que se dieran órdenes de lanzar objetos contra las fuerzas de seguridad al negociar la salida del lugar
Alcántara y Sarmiento sostuvieron que la intención original era concentrarse en la explanada del centro comercial A Laxe para visibilizar el conflicto del metal ante los turistas. No obstante, alegaron que la manifestación se vio interrumpida por una carga policial, dividiéndose en dos grupos. El grupo delantero, según afirmaron, buscó refugio en la Estación Marítima para evitar la intervención policial.
Asimismo, Ramón Sarmiento subrayó que no hubo actitudes violentas por parte de los manifestantes que ocuparon el edificio y negó que se dieran órdenes de lanzar objetos contra las fuerzas de seguridad al negociar la salida del lugar. Tras la revisión de las imágenes y el testimonio de los presentes, la Fiscalía retiró la acusación a una periodista por considerar que estaba ejerciendo sus funciones profesionales.
En cuanto a las penas, Alcántara vio reducida su condena de cuatro años de prisión y una multa de 18 meses a dos años y medio de cárcel, y una sanción de 12 meses a razón de 15 euros por día. Por su parte, la solicitud de pena de cárcel para Sarmiento se redujo a la mitad, con un año por desórdenes y otro por daños, junto con una multa de 15 euros diarios durante 15 meses. Desde el Ministerio Público, según indica el citado medio, destacaron que el número 1 de Sumar en Pontevedra obtuvo una mayor reducción de la pena porque su participación fue menor, debido a que no entró en la zona de control portuario.
ALCÁNTARA TAMBIÉN QUEDÓ SATISFECHO CON SU REDUCCIÓN DE CONDENA
Tras el veredicto oficial del juzgado, que dejó en claro las condenas, el sindicato de Comisiones Obreras anunció su intención de recurrir la sentencia final. Sin embargo, Antolín Alcántara, uno de los sindicalistas involucrados en el caso, expresó su satisfacción, dentro de lo que cabe, con el resultado del juicio, considerando que esperaba una condena más severa en su contra.
«Esperaba un castigo mayor teniendo en cuenta la creciente criminalización del movimiento obrero», comentó Alcántara en su momento, refiriéndose al clima político y social que rodeaba al sindicalismo en aquel momento. A pesar de las tensiones, Alcántara se mostró satisfecho con el desenlace del juicio, dadas las circunstancias.
El sindicalista consideró «muy grave» que se condenara a prisión a dos dirigentes sindicales por entrar en un edificio público huyendo de una carga policial. Finalmente, para él y para Ramón Sarmiento, se acordó la sustitución de las penas de prisión por una sanción económica, la cual ambos pagaron, poniendo así fin al proceso judicial que los envolvía.
Con este acuerdo, el 30 de mayo de 2013 se cerró definitivamente la causa judicial. Fuentes judiciales, en declaraciones al medio de comunicación The Objetive, indicaron que este capítulo llegó a su fin, destacando la resolución económica como el punto de cierre de un caso que había mantenido a ambos sindicalistas en el centro de la atención pública.
