La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido una manifestación convocada este martes frente a la sede del Parlamento Europeo por la entidad estudiantil S’ha acabat! en contra de la ley de amnistía que precisamente ha sido votada hoy en el Congreso de los Diputados y tumbada por falta de apoyo de Junts, además de PP y Vox.
La Policía Nacional ha acordonado la zona y ha avisado a los presentes –una cuarentena aproximadamente– de que la manifestación había sido prohibida por la Delegación del Gobierno y que si no abandonaban el lugar estaban obligados a pedir la documentación, como finalmente han hecho con algunos manifestantes discrepantes con la decisión.
La manifestación fue anunciada por S’ha acabat! en redes sociales, en una convocatoria fijada para este martes a las 20.00 horas frente la sede del Parlamento Europeo en Madrid, ubicada en el Paseo de la Castellana, 46, y ha contado con el respaldo de asociaciones como NEOS, NNGG Madrid (juventudes del PP), Unión 78, juventudes de Ciudadanos, Pie en pared y Revuelta.
Asimismo, fue informada mediante una carta al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, el pasado 26 de enero alegando como motivo de la misma la «concienciación sobre la amnistía» con una asistencia estimada de entre 200 y 300 personas.
Sin embargo, según ha publicado en redes sociales el movimiento universitario Libertad Sin Ira, la Delegación del Gobierno en Madrid acordó la no celebración de la concentración debido a que no se han cumplido «los plazos de comunicación establecidos en la L.O. 9/1983.
De igual forma, las asociaciones que han apoyado la manifestación ya advirtieron de que pese a la negativa de la Delegación acudirían a las 20.00 horas al lugar de la convocatoria, como ha hecho el líder de NNGG del PP, Ignacio Dancausa.
Precisamente, este martes la proposición de ley de amnistía que perseguía perdonar una década del ‘procés’ ha naufragado en el Congreso por las exigencias de Junts, que reclamaba el blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y el perdón de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional. Su inclusión habría impedido seguir adelante al juez del ‘caso Voloh’, que insiste en la conexión del independentismo catalán con Rusia.
El texto será devuelto a la Comisión de Justicia del Congreso, donde tendrán la posibilidad de negociar nuevos cambios y elevar al hemiciclo un nuevo documento.
