La Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI) ha asegurado que los centros de idiomas en España «han realizado un extraordinario esfuerzo, desarrollando las habilidades y competencias plenas para ofrecer servicios de calidad a distancia, y sin embargo no están siendo los receptores de los nuevos alumnos que se acogen a la formación online».
FECEI advierte de que esta dinámica de competencia «resulta ser asfixiante para los proveedores de servicios locales legalmente establecidos, lo que está conduciendo a su cierre», por lo que el sector de la formación de idiomas legalmente establecido en España «se encuentra en una situación límite».
Precisamente, el Libro Blanco presentado por FECEI advierte de que la «competencia privilegiada» de las plataformas internacionales de enseñanza de idiomas que operan desde países «con costes muy inferiores y legislaciones muy favorables» que les permiten ofrecer «unas tarifas que no son viables para los centros que imparten el servicio desde España».
Así, la patronal de centros de enseñanza de idiomas destaca que el número de alumnos que eligen estas plataformas internacionales «es cada vez mayor, casi el 30%».
En este sentido, el presidente de FECEI, Scott Markham, ha explicado que estas plataformas «imparten su servicio a partir de 7-8 euros la hora, mientras que solamente los costes salariales de los centros en España parten de 17 euros por hora». «Si añadimos el resto de gastos, el coste mínimo del servicio legalizado y ofrecido desde España está entre 25 y 30 euros por hora», puntualiza.
Con el objetivo de que las plataformas internacionales y las academias y centros nacionales «puedan competir en condiciones de igualdad», FECEI insta a establecer un marco regulador específico para las plataformas de prestación de servicios internacionales, que incluya obligaciones de cumplimiento y sanciones en caso de incumplimiento.
Entre las medidas que propone, reclama la obligación para las plataformas internacionales de prestación de servicios de establecer una sede en la UE y cumplir con las leyes y regulaciones locales, incluyendo la obligación de registrarse y de pagar impuestos en el país donde operan; tal y como se ha hecho con las empresas de distribución de productos.
También insta a implementar medidas para «garantizar la transparencia y la responsabilidad» de las plataformas internacionales de servicios, en lo que respecta a la protección de los derechos de los consumidores.
Asimismo, pide establecer mecanismos de cooperación entre los diferentes países «para asegurar la armonización y coherencia en la regulación de las plataformas internacionales de servicios y así evitar la fragmentación reguladora».
