El cerco de los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre a la amnistía de Carles Puigdemont y de los CDR, así como de la mano derecha del prófugo y residente en Waterloo, Josep Lluis Alay, se estrecha cada vez más. Ambos han prorrogado las instrucciones de las causas Tsunami Democràtic y el caso Voloh para poder atar más cabos y vincular, por un lado, la causa por terrorismo al líder de Junts, y dar por cerradas las relaciones con el Kremlin.
Todo ello, un día antes de que el Congreso de los Diputados cierre la votación definitiva de la amnistía, una ley que pasará después al Senado, con mayoría absoluta del PP de Alberto Núñez Feijóo, y que tratará de frenar con todas las armas legales a su alcance.
Puigdemont trata de atar la amnistía con cambios de última hora dados los nuevos delitos a los que podría enfrentarse, como alta traición al Estado, penado con cárcel e inhabilitación absoluta.
Las nuevas decisiones judiciales ponen en apuros al PSOE de Pedro Sánchez, pero más aún a Puigdemont, que trata de cerrar la norma y poder disfrutar de la libertad una vez que entre en vigor. No obstante, Bruselas está muy atenta a las decisiones de España, más cuando se van a perdonar delitos gravísimos, como es el de terrorismo, atado con la protesta de Tsunami Democràtic en el aeropuerto de El Prat, que obligó a cancelar y dejar en tierra a más de 200 aviones, poniendo en riesgo vidas humanas; así como la muerte de un ciudadano francés, que no pudo ser atendido por el bloqueo de la carretera para llegar a la infraestructura crítica.
PUIGDEMONT Y SU CONEXIÓN DIRECTA CON MOSCÚ
Las vinculación de Puigdemont con Moscú ocupa y preocupa a los investigadores. Por un lado, el juez Aguirre señala que el líder de Junts estuvo en contacto directo con intermediarios de Rusia tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia, con el objetivo de poner en jaque al Estado de Derecho para obtener la ruptura con el resto de España saltándose todas las normativas establecidas en la Constitución y parte del Código Penal.
Es decir, un delito de alta traición. Este ilícito penal constituye una excepción para poder beneficiarse de la medida de gracia para blanquear a Junts y vender una supuesta convivencia en Cataluña. De hecho, la norma que aprueba este martes la Cámara Baja señala que los delitos contra la paz y la defensa nacional, recogidos en el Código Penal no merecen la absolución.
No obstante, no se descarte una nueva negociación contra reloj para modificar el texto de la amnistía para evitar sorpresas a la hora de su aplicación. Además, en caso de introducirse los cambios -y las negociaciones con Junts son siempre hasta el último minuto-, el PSOE habrá suprimido cualquier relación entre la cúpula del independentismo catalán y Moscú, una de las exigencias que dejarían en vía muerta cualquier investigación sobre la mano derecha de Puigdemont, dejando en evidencia a los socialistas, más proclives a salvar el cargo de Pedro Sánchez que de respetar la independencia judicial.
GARCÍA CASTELLÓN Y UN RETIRO POR LA PUERTA GRANDE: ¿QUIÉN SE ENCARGARÁ DEL CASO?
Asimismo, García Castellón se ha preparado su jubilación histórica, que en teoría llegaría en junio de este año, cuando cumpliría 72 años. El magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido prorrogar otros seis meses la instrucción del caso Tsunami Democràtic, hasta julio de este año, y un mes después de que expire el plazo para mantenerse al frente de la investigación.
En su nuevo auto, conocido este lunes y al que ha tenido acceso MONCLOA.com, el juez recuerda que comete un delito toda persona que ilícita e intencionalmente «destruya o dañe las instalaciones o servicios de la navegación aérea o perturbe su funcionamiento, si tales actos, por su naturaleza, «constituyen un peligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo». El intento de la comisión de estas acciones resulta igualmente delictivo, conforme el apartado 2 del Convenio».
Tsunami Democràtic, una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos
En la misma normativa, que no es otra que la ratificación del Convenio de Montreal firmado en febrero de 1988, se hace referencia al «protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional». Se trata de una legislación que en España llevaba vigente desde 1972, en una ley para preservar la seguridad aérea, tal y como se firmó también en la ciudad canadiense un año antes, tal y como explica el juez.
TSUNAMI DEMOCRÀTIC, LA PLATAFORMA PARA DESAFIAR EL ESTADO DE DERECHO
García Castellón insiste en llevar a juicio a Puigdemont por delito de terrorismo al considerar que el prófugo de Waterloo lideró «una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».
De hecho, señala que el expresidente de la Generalitat pudo participar en la «aparición de la organización». En este sentido, ha destacado que Tsunami Democràtic fue fruto de una planificación efectuada por «diferentes personas para la ejecución de acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España». Esta es la misma línea utilizada por Aguirre para atrapar a Puigdemont en el caso Voloh.
El magistrado de la Audiencia Nacional desgrana el delito de terrorismo siguiendo las directrices de Europa, sin dar posibilidad alguna para cambiar la ley, como sí se ha hecho con los delitos de sedición y malversación, y con la posibilidad de elevar el caso al TJUE, más difícil de atenazar y presionar.
LAS IMÁGENES DE SÁNCHEZ Y MARLASKA CON POLICÍAS, LA CLAVE
El propio juez señaló la pasada semana que el asedio a la Jefatura de Policía de Via Laietana tenía como objetivo atacar a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en Cataluña durante el 2019, con sendas fotos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con los policías heridos e inhabilitados después por las lesiones y secuelas sufridas tras los ataques.
Según el juez, estos delitos entrarían dentro del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La conclusión del auto daría con Puigdemont la imposibilidad de ser amnistiado, ya que es una de las excepciones que contempla la medida de gracia. De nuevo, todo dependerá de los pactos ‘in extremis’ entre PSOE y Junts para evitarlo.
Según el juez, Tsunami Democràtic nace el 28 de agosto de 2019 y se dio a conocer a través de Telegram. El día 31 de agosto del mismo año se cargó una nueva foto identificativa de la plataforma y el 2 de septiembre lanzó su primer mensaje. A pesar de ser un canal nuevo, numerosos diputados y dirigentes separatistas la difundieron rápidamente en redes sociales para darle una masiva repercusión y poder dar instrucciones precisas a los miles de seguidores.
GARCÍA CASTELLÓN INDAGA LA CONEXIÓN ENTRE TSUNAMI DEMOCRÀTIC Y PUIGDEMONT
Para García Castellón, la estructura de la plataforma se gestó desde tiempo atrás a la presentación en sociedad. Así, en el dispositivo de uno de los investigados se encuentran mensajes a través de Signal entre la mano derecha de Puigdemont, Josep Lluis Alay, y el empresario Jesús Rodríguez, fechada el 20 de agosto de 2019. Éste último indica a Alay que «el lunes 26 de agosto se dará a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo».
En este sentido, destaca que «desde Ómnium (Cultural) -una de las plataformas protegidas por el secesionismo y el catalanismo- informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tenga constancia». Así, señalan que tanto esta entidad como el expresidente de la Generalitat podrían haber participado en la organización, motivo por el que pide más tiempo para llevar a cabo las correspondientes pesquisas.
Asimismo, para justificar la prórroga para el final de su vida laboral, el juez indica que la causa ha sido «compleja» y «ha requerido de actuaciones fuera del territorio nacional, habiéndose emitido diversas Comisiones Rogatorias y Órdenes Europeas de Investigación a EEUU, Suiza, Canadá y Países Bajos» que precisaron de sucesivas ampliaciones.
