La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció el pasado viernes una iniciativa trascendental al revelar que su ministerio tiene la intención de impulsar una ley destinada a «garantizar y blindar la gestión directa de nuestro Sistema Nacional de Salud». Este anuncio fue realizado durante la comparecencia de García en la sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad del Congreso, donde la ministra presentó las líneas generales de su política al frente del Ministerio de Sanidad.
García destacó la importancia de proteger la gestión directa del Sistema Nacional de Salud, argumentando que existen estudios que vinculan «la privatización sanitaria con el aumento de la mortalidad evitable» y un «empeoramiento de la asistencia» y su calidad, todos derivados de procesos de privatización. La ministra subrayó que «un mayor porcentaje en la prestación del sector privado se asoció con mayores tasas de mortalidad evitable».
Este anuncio refleja el compromiso de Mónica García con la defensa de la gestión pública en el ámbito de la salud, algo que ha defendido desde sus inicios en la política, resaltando la importancia de abordar la posible influencia negativa que la privatización podría tener en la atención médica y la calidad de los servicios sanitarios. La propuesta de una ley para blindar la gestión directa del Sistema Nacional de Salud apunta a consolidar y fortalecer el enfoque público en la administración de los servicios de salud en el país.
La sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad se convirtió en un escenario clave para la presentación de las perspectivas y políticas de la ministra García en su nuevo cargo. La iniciativa de impulsar esta ley se posiciona como un paso significativo en la búsqueda de garantizar la eficacia y sostenibilidad del sistema de salud público, en consonancia con las visiones y compromisos expresados por la ministra durante su comparecencia.
MÓNICA GARCÍA NO SERÍA LA PRIMERA EN IMPULSAR ESTA MEDIDA
La propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, para impulsar una ley de universalidad en el Sistema Nacional de Salud, no es una novedad en la esfera política española. En el anterior Gobierno de coalición, liderado por Carolina Darias al frente de Sanidad, se intentó avanzar con una Ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.
La iniciativa de impulsar esta ley se posiciona como un paso significativo en la búsqueda de garantizar la eficacia y sostenibilidad del sistema de salud público
Este proyecto tenía como objetivo priorizar la gestión directa y pública de la sanidad, eliminar ciertos copagos para grupos vulnerables y garantizar el acceso de colectivos de inmigrantes. Sin embargo, este intento anterior generó tensiones entre los socios de coalición y no llegó a materializarse. Unidas Podemos expresó en su día su descontento, argumentando que el texto carecía de restricciones efectivas a la privatización sanitaria y que, de hecho, solo priorizaba sin derogar la ley 15/1997, que abrió la puerta a la vía privatizadora durante el mandato de José María Aznar.
LA SITUACIÓN EN RIPOLL QUE HA LLEVADO A MÓNICA GARCÍA A POSICIONARSE
En el contexto actual, Mónica García ha retomado la iniciativa, anunciando que, en los próximos meses, se dará luz verde a una ley de universalidad que permitirá a los migrantes sin padrón acceder a los servicios sanitarios. Este anuncio cobra especial relevancia en medio de la polémica por la negativa de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, a facilitar el empadronamiento de inmigrantes, dificultando así su acceso a la tarjeta sanitaria.
La ministra García subrayó la importancia de la universalidad en la sanidad pública, considerándola el motor que impulsa la igualdad y la cohesión social del país. En su primera comparecencia ante el Congreso, destacó que esta futura ley será una de sus prioridades, buscando revertir la situación generada por la reforma de 2012 del Partido Popular, que excluyó a los inmigrantes en situación administrativa irregular del sistema de salud.
García comentó que la nueva norma garantizará la cobertura universal, equitativa y de calidad para cada persona en España, revirtiendo las restricciones impuestas a los médicos por la reforma del 2012. Además, destacó la necesidad de eliminar las barreras a la sanidad pública, mencionando datos de Médicos del Mundo que documentan 17.000 casos de «barreras» en los primeros nueve meses de 2023, afectando a 8.809 personas, incluyendo menores, embarazadas y casos de facturación en urgencias.
Con estas iniciativas, Mónica García busca no solo abordar la exclusión de migrantes sin padrón, sino también eliminar las barreras que afectan a personas vulnerables, incapaces de afrontar los copagos. Su compromiso y el de Sanidad reflejan una determinación clara en la lucha por la universalidad en la sanidad pública, reforzando la importancia de la atención médica para todos como pilar esencial del bienestar social.
LAS OTRAS MEDIDAS DE MÓNICA GARCÍA PARA MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha revelado un conjunto de medidas ambiciosas destinadas a mejorar la salud y calidad de vida de los ciudadanos españoles. Además de la anunciada ley de universalidad, García ha destacado dos iniciativas clave que buscan abordar aspectos fundamentales de la atención médica y bienestar social.
Uno de los proyectos más destacados es la inclusión de prestaciones en salud bucodental en el sistema público, especialmente dirigido a personas mayores de 65 años. Según García, esta medida cubrirá a uno de cada tres ciudadanos y representa uno de los «proyectos más ambiciosos» de su departamento. El plan bucodental abarcará desde la prevención y detección temprana de enfermedades bucodentales hasta la mejora general de la salud y calidad de vida. La ministra destaca que esta iniciativa no solo busca garantizar el acceso equitativo a la salud bucal, sino también optimizar la eficiencia del sistema en términos de ahorro de costos a largo plazo.
En línea con su compromiso de mejorar las condiciones de vida, García también ha anunciado la financiación por parte de la Seguridad Social de gafas y lentillas para determinados colectivos. Aunque aún no se han detallado los sectores específicos que se beneficiarán de esta prestación, se espera que se destine principalmente a menores y personas en situación de vulnerabilidad. La ministra resalta que esta medida seguirá la estela de países como Francia y Alemania, que ya financian este tipo de prestaciones para sus ciudadanos.
La fecha exacta de la implementación de estas medidas aún está por determinarse, pero Mónica García tiene la intención de incorporarlas a lo largo de la legislatura, siguiendo el exitoso modelo ya establecido con la salud bucodental. Estas iniciativas reflejan el compromiso de la ministra de Sanidad con la mejora constante del sistema de salud y la atención a los ciudadanos, buscando seguir el ejemplo de otras naciones europeas en la financiación de servicios esenciales para el bienestar general de la población.
