Los ministros europeos de Asuntos Generales examinan este lunes la salud democrática en cuatro Estados miembro, entre ellos España, como parte de la revisión periódica en base al informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en los 27 y en medio de la tramitación parlamentaria en las Cortes españolas de la Ley de Amnistía, que está pendiente de la evaluación de Bruselas cuando la norma sea adoptada definitivamente.
El formato prevé una media hora de discusión sobre cada uno de los países previstos para el análisis –en este caso: España, Francia, Italia y Croacia–. Cada diálogo se iniciará con una exposición por parte de la Comisión Europea con las principales claves de su informe de 2023 y una presentación de su posición del Estado miembro en cuestión, le seguirán los comentarios de otras delegaciones que pidan la palabra y cerrará el diálogo el país sobre el que gira la discusión, han explicado a Europa Press fuentes europeas.
El debate sobre la salud democrática de cada socio no es excepcional ya que, desde finales de 2020, los 27 programan periódicamente este diálogo para abordar la situación por bloques de cuatro o cinco países. Esta es la segunda ocasión en que España es una de las delegaciones analizadas, tras un primer turno en abril de 2021.
La cita llega, además, a pocos días de la que será la primera reunión auspiciada por la Comisión Europea entre el PSOE y el PP para tratar de resolver el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El comisario de Justicia, Didier Reynders, que ha asumido la labor de mediador, ha convocado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, a una primera reunión en Bruselas este miércoles y ha dado dos meses de plazo a las partes para dar con una solución.
En las recomendaciones para España que la Comisión Europea ha incluido en su informe sobre el Estado de derecho de 2022 y 2023 figura como asunto prioritario renovar el CGPJ e «inmediatamente después» abordar la reforma del sistema y estas recomendaciones serán la base de la mediación que Reynders quiere desempeñar.
La evaluación anual que realizan los servicios comunitarios no señalan riesgos sistémicos para el Estado de derecho en España pero sí recomendaciones como resolver con urgencia el bloqueo del CGPJ, ni tampoco incluyó en su edición de 2023 referencias a la ley de amnistía que el PSOE pactó con ERC y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez.
Sobre esta norma, el comisario de Justicia ya ha aclarado en varias ocasiones que examinará con mucha atención la norma, consciente de la «preocupación» que genera en sectores de la sociedad y de la judicatura, pero ha dejado claro que no tomará posición hasta que concluya en España su tramitación parlamentaria.
LENGUAS COOFICIALES EN LA UE
La reunión de ministros de este lunes es la primera de Asuntos Generales que se celebra desde que España cedió la presidencia rotatoria del Consejo de la UE a Bélgica y será también la primera desde el pasado septiembre en el que el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego no está en la agenda.
Durante el semestre español, la oficialidad de las lenguas cooficiales –uno de los compromisos del PSOE con Junts de cara a la nueva legislatura– fue abordada en las reuniones de ministros europeos de Asuntos Generales hasta en cuatro ocasiones, a pesar de las reservas por distintas razones de un gran número de países para modificar un reglamento, el de las lenguas oficiales, para el que cualquier cambio requiere de la unanimidad de los 27.
Ya en diciembre, varias delegaciones lamentaron que el asunto siguiera en el orden del día a pesar de la falta de avances y de no contar con la información precisa sobre el impacto legal, práctico y financiero necesario, a su juicio, para abordar una reflexión de fondo.
Fuentes oficiales de distintos Estados miembro consultados recalcaron que «no se tienen los datos necesarios para tomar una decisión» y confiaron en que la cita de diciembre fuera la «última en una temporada» en la que se abordara este asunto, descrito por un alto diplomático como una iniciativa «mimada» por el Gobierno español.
En ese contexto, Bélgica, que el 1 de enero tomó el relevo de España como presidencia de turno del Consejo de la UE, dejó claro en diciembre su disposición a dar los «pasos adecuados» durante su semestre y prestar «especial atención a los distintos análisis requeridos» que, a día de hoy, siguen pendientes y sin un calendario claro para su desarrollo.
A ojos del equipo belga, una reunión de ministros no debe ser visto como «un grupo de trabajo» por lo que no prevén que la petición española vuelva al debate de alto nivel hasta que no se den pasos significativos a nivel técnico primero.
