Indignación y hartazgo por la enésima mentira del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la amnistía a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil investigados por las cargas policiales del 1-O. La mayoría de los denunciantes, todos ellos detenidos durante los altercados durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado investigados siguen los consejos de los abogados y evitan declarar directamente ante el temor de represalias, pero algunos de ellos rompen el silencio ante el «atropello» que supone la amnistía pactada entre el PSOE y los partidos separatistas de Junts y ERC.
El hartazgo de los agentes de la Policía Nacional ha colmado el vaso de la paciencia. «Marlaska nos prometió hace diez días que estaríamos incluidos en la amnistía, pero el texto registrado nos excluye de forma infame», han señalado las fuentes consultadas. «Marlaska nos prometió la amnistía y ahora estamos solos. No solo nos ha vendido, nos ha puesto en el lado de los malos», han lamentado.
LA AMNISTÍA DEL PSOE SE APROBARÁ EL MARTES
La amnistía del Gobierno al PSOE, con Marlaska en Interior, se aprobará este próximo martes en el Congreso de los Diputados. Tras superar este trámite, será el turno del Senado, que ha tratado de demorar todo lo posible su tramitación ante los informes de los letrados, quienes advierten de la inconstitucionalidad de la medida de gracia.
Antes de la votación, hasta cinco letrados y el interventor de las Cortes han abandonado el cargo por las fuertes discrepancias con el letrado mayor de las Cortes y secretario general, Fernando Galindo. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, nombró a Galindo pese a estar en excedencia en el Cuerpo de letrados del Estado al desempeñar su labor como subsecretario del Ministerio de Política Territorial.
El movimiento de Armengol se produjo el pasado 30 de octubre, una situación que pone de manifiesto las prisas del PSOE por aprobar la amnistía y las reticencias de los letrados más veteranos de la Cámara Baja para firmar la amnistía y por la gestión de Galindo, que no llegó a tener el informe de dos letrados del Congreso contra la amnistía antes que los grupos parlamentarios. Galindo, además, redactó el primer informe para iniciar la tramitación de la amnistía a los líderes separatistas.
TSUNAMI DEMOCRÀTIC Y GARCÍA CASTELLÓN
Esta ley, justificada por Galindo, deja fuera de la misma a los policías que se jugaron la vida en los altercados del 1-O y en los actos violentos registrados durante las protestas lideradas por ‘Tsunami Democràtic‘ tras publicarse las sentencias a los líderes del ‘procés’, unos condenados que fueron después indultados y rebajadas sus penas tras cambios en el Código Penal, como en los delitos de sedición y rebelión.
La redacción de la norma de la amnistía deja fuera expresamente a 45 policías nacionales y guardias civiles al no contemplar los delitos de «tortura», «trato inhumano» o degradante en relación con el Convenio Internacional para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Y es que, la mayoría de los investigados lo están por alguno de estos delitos por las denuncias de los participantes en las algaradas y graves disturbios, que se tradujeron en el bloqueo de infraestructuras críticas, en un momento en el que España estaba en alerta cuatro antiterrorista.
LAS MENTIRAS DE MARLASKA A LA POLICÍA NACIONAL
Tras el blanqueo del PSOE al prófugo Carles Puigdemont, al denominar al expresidente de la Generalitat como «exiliado» -término prohibido durante la campaña electoral por la Junta Electoral Central al vincularse directamente con una determinada opción política-, los sindicatos policiales muestran su desconfianza hacia Marlaska y el Gobierno por sus «mentiras».
«Queda en evidencia que el ministro del Interior nos ha vuelto a mentir en el último Pleno Extraordinario del Consejo de Policía, en el que aseguró que ningún policía quedaría inmerso en un proceso judicial por las actuaciones policiales en Cataluña el 1-O de 2017 y por los disturbios producidos tras la sentencia del procès en 2019», ha recordado el secretario general de Jupol, Aarón Rivero. «Unas promesas que tan solo unos días después han quedado en papel mojado por los acuerdos entre PSOE y Junts», ha denunciado.
Todos los sindicatos de la Policía Nacional y Guardia Civil se han mostrado unidos ante la desprotección de los policías nacionales encausados, a pesar de ser desplegados para defender la unidad de España y el orden constitucional, «cumpliendo órdenes de los Gobiernos de España en esos años y un mandato judicial». Por el momento, los jueces han absuelto a policías y el juez de la Audiencia Nacional ha dado la razón a dos agentes heridos el 1-O, en contra del criterio de la Fiscalía por la causa Tsunami Democràtic.
MARLASKA CONSIGUE LA UNIDAD SINDICAL
Las «mentiras» de Marlaska, además, han generado una fuerte unión entre los sindicatos policiales y de la Guardia Civil, que se movilizarán el próximo 8 de febrero ante el Ministerio de Interior. «Son muchos años los que los policías nacionales y guardias civiles llevamos aguantando las mentiras y los engaños de la Administración en prácticamente la totalidad de las acciones que se llevan han llevado a cabo desde los diferentes Gobiernos de España en relación a las condiciones de trabajo de los policías nacionales y de los guardias civiles», destaca Jupol.
Asimismo, los sindicatos Jusapol, Jupol y Jucil han rechazado la amnistía y consideran que los agentes investigados no deberían entrar en la misma, «ya que esto no sería más que igualar a los policías que defendieron la Ley, la Constitución y la Unidad de España, con los sediciosos y delincuentes que intentaron dar un Golpe de Estado y que según la Justicia cometieron diversos delitos entre ellos algunos tan graves como el terrorismo, que ahora pretenden blanquear desde el Gobierno».
A su juicio, la medida de gracia y blanqueamiento de Puigdemont y los CDR «supone una falta de respeto para los miles de policías nacionales y guardias civiles que tanto en 2017, como en 2019 se desplazaron a Cataluña para hacer cumplir la Ley y proteger la unidad de España ante la celebración de un referéndum ilegal por parte de los independentistas catalanes».
LA POLICÍA NACIONAL SIGUIÓ ÓRDENES JUDICIALES
En este sentido, han destacado que el perdón para conseguir los siete votos de Junts «demuestra que no sirvió de nada el trabajo de los policías esos días en Cataluña, desprecia y abandona a los cientos de agentes heridos y a los tres policías nacionales que han jubilado a causa de las lesiones sufridas y las semanas e incluso meses que miles de agentes pasaron alejados de sus familias en condiciones lamentables».
Por otro lado, desde Jusapol indican que esta mentira se suma a las que desde el Gobierno de España vienen haciendo de manera continuada en relación a las condiciones laborales y económicas de los policías nacionales y de los guardias civiles, a los que la Administración sigue negándoles la equiparación salarial con las policías autonómicas, la jubilación digna y el reconocimiento de su trabajo como una profesión de riesgo.
Y es que, Marlaska ha incumplido en el tema salarial desde su llegada y a pesar de que la Justicia está dando la razón a los agentes de la Policía Nacional. Desde Jucil, mayoritario en la Guardia Civil, considera que «los guardias civiles y policías nacionales solo pedimos igualdad y no palabras vacías de contenido cuando el gobierno sigue negando con sus acciones un mismo salario por un mismo trabajo una jubilación digna y en las mismas condiciones y garantías que nuestros compañeros de las policías autonómicas».
