Redondo propone un pacto de país contra los discursos de odio y desarrollo de normas impulsadas por Irene Montero.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado un plan «específico» de inserción laboral de personas trans que abordará con el Ministerio de Trabajo y los agentes Sociales. La implementación de medidas específicas para la inserción laboral de las personas trans está recogido en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que impulsó su sucesora Irene Montero.
«Trabajaremos, junto con el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, en un plan específico para la inserción laboral de personas trans. Tenemos absolutamente claro que no vamos a dar ni un paso atrás en esta estrategia de igualdad, ni como Gobierno, ni como equipo ministerial», ha asegurado Redondo, en la Comisión de Igualdad que se ha celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados.
La conocida como Ley Trans recoge en su artículo 55 que las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para impulsar la integración sociolaboral de las personas trans y, entre ellas, la implementación de medidas para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción laboral de las personas trans.
Redondo también ha recalcado que quienes crean que pueden volver a establecer «ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda» les tendrán «enfrente», tanto «políticamente» como «judicialmente». «Este país es un país diverso, plural e inclusivo, desde los principios y valores consagrados en nuestra Constitución, y desde luego no vamos a permitir que se retroceda», ha subrayado.
La ministra de Igualdad también se ha referido a la prohibición de terapias de conversión, otra medida que contempla la Ley Trans. Del mismo, modo ha mostrado su voluntad de garantizar una aplicación efectiva de Ley de Garantía de Libertad Sexual, conocida como del ‘solo sí es sí’, reforzando, en colaboración con las comunidades autónomas, los centros de crisis 24 horas contra la violencia sexual. Aunque estos centros tenían que estar abiertos a finales del pasado año, en octubre el Ministerio de Igualdad, entonces dirigido por Irene Montero, avanzó que las autonomías tendrían un año más para implantar estos centros gracias a la prórroga otorgada por la Comisión Europea.
«ACUERDO DE PAÍS» CONTRA LOS DISCURSOS DE ODIO
Por otro lado, Redondo ha pedido un «acuerdo de país» contra los discursos de odio hacia las personas y colectivos «más vulnerables». De esta forma, se daría cumplimiento al acuerdo de coalición suscrito entre PSOE y Sumar, que recogía la firma de un pacto de Estado, similar al de la violencia de género, a favor de las personas LGTBI+ y para la erradicación de los discursos de odio.
«Un acuerdo para reforzar el consenso social y político de rechazo a los discursos de odio hacia los distintos grupos en situación de vulnerabilidad social que informe y proteja a las víctimas de la discriminación», ha explicado en la Comisión de Igualdad que se ha celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados.
Igualmente, ha indicado que este señalamiento tiene el efecto de «canalizar las frustraciones de la población contra estos grupos, alimentando el odio, la discriminación y la violencia». En este sentido, ha precisado que los delitos de odio crecieron un 3,7% en 2022, según datos del Ministerio del Interior. Precisamente, los delitos de odio por racismo y xenofobia ha lamentado que «son los más numerosos», con un 43,5%, seguidos de los LGTBIfóbicos, con un 24,5%.
Así, ha afirmado que estas cifras requieren «una acción decidida del conjunto de la sociedad, de los grupos políticos con representación parlamentaria y, lógicamente, también del Gobierno».
