La gestión de Colau y Collboni al frente del Ayuntamiento de Barcelona será objeto de una auditoría de la Generalitat tras la petición de 2.100 vecinos de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Jaume Collboni, se negó el pasado mes de diciembre a realizar este informe, pero la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) lo ha admitido a trámite tras la denuncia presentada por la Asociación AVIS del Bon Pastor, quienes abonan religiosamente los impuestos y tasas al Consistorio.
La auditoría se centrará en los dos mandatos de Ada Colau, ambos con Jaume Collboni como teniente de alcalde. En ambas legislaturas, Colau ha llevado a cabo intentos para municipalizar el agua, coartado la libertad económica para el desarrollo de hoteles, concesión de subvenciones a dedo, subidas de tasas, así como facilitar la implantación de la okupación junto con un reguero de denuncias, especialmente en el sector inmobiliario y la entrega de subvenciones.
LOS VECINOS PONEN EN UN APRIETO A COLAU Y COLLBONI
La GAIP, dependiente de la Generalitat, tendrá que resolver la queja en menos de dos meses, un plazo que podría extenderse dos semanas si se solicitan informes externos. Los denunciantes exigen la documentación sobre las compras realizadas por el Ayuntamiento de Barcelona, contratos, convenios, balance general, deuda, flujos de caja y variaciones de capital contable. Es decir, levantar las alfombras, a lo que el PSC de Collboni se ha negado en rotundo en esta nueva legislatura.
Como cabía esperar, el Consistorio deberá dar también información sobre las adquisiciones de viviendas, incluyendo aquellas que se haya pagado por encima de los precios de mercado, así como los solares que aún dispone el Consistorio, tanto en superficie como su ubicación. Todo un ejercicio de transparencia que se ha renegado a hacer Collboni.
En el mismo escrito, el Gobierno de Barcelona en Comú compró propiedades en zonas exclusivas, como la calle Balmes, una de las principales vías y repleta de antiguos e icónicos edificios; así como de la zona del barrio de Gràcia. Estas viviendas tienen precios estratosféricos y los denunciantes consideran que podría haber indicios de despilfarro de recursos públicos.
el organismo realizará la valoración por si hubiera terceras personas afectadas por la restricción al acceso de esta información
Las compras del Ayuntamiento de Colau se entregaron a vivienda social, como las de la calle Encarnació. La operación fue gestionada por Eloi Badia, actual diputado en el Congreso. Cada una de estas viviendas costó al erario público cerca de 600.000 euros, un coste muy elevado respecto a las viviendas de protección oficial en el mercado.
EXPEDIENTE PARA DAR TRANSPARENCIA A UNA GESTIÓN OPACA
La GAIP exigirá al Ayuntamiento de Barcelona la entrega del expediente, los antecedentes y un informe jurídico de cada una de las operaciones. Con el primer informe, el organismo realizará la valoración por si hubiera terceras personas afectadas por la restricción al acceso de esta información y deja la puerta abierta a una posible intervención de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
A pesar de depender de la Generalitat, la GAIP goza de un estatus independiente y cuyos miembros están especializados en esta materia. De hecho, es el Parlament el encargado de elegir a los expertos, quienes velan por el cumplimiento y las garantías del derecho de acceso a la información pública.
Su principal función es defender a los ciudadanos contra las resoluciones administrativas relativas a la hora de realizar peticiones de acceso a la información pública. Como si fuera un tribunal de transparencia.
OCHO AÑOS DE COLAU, AL DESCUBIERTO
La misma asociación vecinal se postula como la más combativa a la hora de velar por la transparencia. En octubre de 2023, esta misma asociación presentó ante el Ayuntamiento la petición de información de los 8 años de Ada Colau (BComú) al frente del gobierno, en cumplimiento de la Ley de Transparencia.
Entre otras peticiones se instó al Consistorio de Jaume Collboni (PSC) a dar información sobre las cuentas anuales del Ayuntamiento, entes y empresas que dependen del mismo entre junio de 2015 y junio de 2023, período que corresponde a los dos mandatos de la exalcaldesa Ada Colau.
En este sentido, se pidió un «análisis económico, financiero y fiscal de las subvenciones directas concedidas, una revisión de los fondos públicos asignados para la defensa legal de los miembros del gobierno y una evaluación de la recaudación derivada de la tasa municipal de recogida de basura».
En una extensa respuesta a principios de diciembre, el gobierno municipal de Collboni rechazó la solicitud de llevar a cabo una auditoría de los dos mandatos de Colau. En líneas generales, el gobierno municipal argumentó que la información requerida «poseía un volumen insostenible, impactando en toda la organización municipal y entidades dependientes, y además abarca un periodo temporal que se extiende desde junio de 2015 hasta junio de 2023».
