En un inusual enfrentamiento entre los poderes judiciales, el Tribunal Constitucional, con mayoría de izquierdas, ha lanzado un desafío al Tribunal Supremo al decidir revisar y, posiblemente, revocar la condena al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Esta medida, que busca marcar un precedente en el inicio del año 2024, ha generado un fuerte debate sobre la independencia y la interpretación de la ley en el ámbito judicial.
La decisión del Constitucional se centra en la sentencia emitida por la Sala II del Tribunal Supremo en octubre de 2021, que condenó a Rodríguez por un delito de atentado a gentes de la autoridad. La condena incluyó 1 mes y 15 días de prisión, así como la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo período. Como consecuencia de esta condena, Rodríguez perdió su escaño en el Congreso de los Diputados, aunque el Supremo no le privó de su puesto en la Cámara Baja.
La polémica se desató en torno a los hechos ocurridos el 25 de enero de 2014, en la localidad tinerfeña de La Laguna, durante unas protestas. Según la versión del Supremo, Alberto Rodríguez propinó una patada en la rodilla a un agente de la Policía que cumplía sus funciones. Aunque el agente sufrió una contusión, se recuperó sin ningún tipo de impedimento para sus actividades habituales.
La revisión de este caso por parte del Tribunal Constitucional refleja un claro choque entre dos instancias judiciales importantes en el sistema legal español. El presidente del Constitucional y sus jueces, liderados por la mayoría de izquierdas, buscan demostrar la autonomía y el poder de su tribunal, cuestionando la interpretación y la aplicación de la ley por parte del Tribunal Supremo, según ha adelantado el medio El Debate.
LA REACCIÓN DE ALBERTO RODRÍGUEZ TRAS CONOCER LA DECISIÓN DEL SUPREMO
El exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, expresó en su día su malestar a través de las redes sociales, denunciando lo que él considera una injusticia en su caso judicial. En un contundente mensaje, Rodríguez afirmó: «Sin ninguna prueba objetiva y con dos votos particulares demoledores en contra. El derecho de manifestación cada vez más pequeñito y el descrédito de la justicia española cada vez mayor. Nos vemos en el TEDH. Supongo que, si hubiera robado 5 millones, ahora estaría absuelto».
Después de manifestar su descontento, Rodríguez presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue admitido a trámite en mayo de 2022, a pesar de las dudas sobre su trascendencia constitucional. Según informa el medio de comunicación citado, a finales de 2023, los magistrados del Constitucional deliberaron sobre los argumentos presentados por Rodríguez en su recurso. La mayoría progresista consideró una «barbaridad» la pérdida del escaño por parte de Rodríguez, pero no lograron consensuar los fundamentos jurídicos para respaldar su absolución.
Rodríguez presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue admitido a trámite en mayo de 2022
A principios de enero de 2024, los magistrados volvieron a reunirse para acordar fundamentos sólidos y sentenciar que el Tribunal Supremo había errado en su decisión. En el pleno de hoy, martes 16 de enero, se vota la decisión que podría absolver a Alberto Rodríguez de la condena por agresión a un policía, permitiéndole conservar su escaño en el Congreso de los Diputados.
Esta situación plantea un escenario único donde el poder judicial español se ve desafiado por la controversia y la discrepancia entre las distintas instancias. La decisión final del pleno marcará un hito en el caso de Alberto Rodríguez y podría tener amplias implicaciones en la percepción del sistema judicial y los derechos fundamentales en España.
LOS HECHOS DE LA AGRESIÓN
La Sala II del Tribunal Supremo emitió una sentencia condenatoria contra el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad. La condena incluyó la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, imponiendo una pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión terminó sustituyéndose por una multa de 90 días con una cuota diaria de 6 euros, totalizando 540 euros.
El fallo del tribunal a Rodríguez del delito leve de lesiones, en virtud de la despenalización de las faltas en 2015. No obstante, se le impuso una indemnización de responsabilidad civil de 50 euros al agente del Cuerpo Nacional de Policía al que, según los hechos probados, propinó una patada durante una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife). La sentencia dispone que se notifique el veredicto a la Junta Electoral Central para los efectos oportunos.
Los hechos juzgados se remontan al 25 de enero de 2014, en La Laguna, donde se celebraban actos con la presencia del entonces ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert. En medio de una manifestación contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la Policía organizó un dispositivo de seguridad. Según la sentencia, alrededor de las 11:00 de la mañana, un grupo de aproximadamente 500 personas comenzó a proferir gritos e insultos contra los agentes y el ministro.
El relato de los hechos describe cómo el grupo arremetió contra el vallado de protección, lanzando objetos diversos, lo que llevó a una unidad policial a intervenir para mantener la línea de protección. La sentencia destaca que la actuación agresiva de algunos manifestantes motivó la detención por parte de la policía, y es en este contexto donde se sitúa la patada propinada por Alberto Rodríguez al agente del Cuerpo Nacional de Policía.
La decisión del Tribunal Supremo marca un hito en la carrera de Alberto Rodríguez y sus implicaciones podrían resonar más allá del ámbito judicial, afectando su posición política y el debate sobre el derecho de manifestación en España.
LA VIDA POLÍTICA DE ALBERTO RODRÍGUEZ
Alberto Rodríguez, nacido el 11 de diciembre de 1981 en Santa Cruz de Tenerife, es un destacado político español y activista social. Con una formación como técnico superior de Química ambiental, Rodríguez ha dejado una huella significativa en la escena política española a lo largo de su carrera.
Entre 2016 y 2021, Rodríguez se desempeñó como diputado por Santa Cruz de Tenerife en el Congreso de los Diputados, siendo parte activa del partido político Podemos. Durante su tiempo en el Congreso, se destacó por su participación en diversos debates y su compromiso con los temas medioambientales, reflejando su formación académica.
En octubre de 2022, tras su salida de Podemos, Rodríguez anunció el lanzamiento de «Proyecto Drago». Este nuevo proyecto político buscaba marcar una diferencia en el panorama político español y continuar abordando los problemas que consideraba cruciales para la sociedad.
En un paso audaz, Rodríguez se postuló como cabeza de lista de Sumar por Santa Cruz de Tenerife en las elecciones generales de 2023. Sin embargo, a pesar de su experiencia y compromiso, no logró ser elegido diputado en esta ocasión.
La trayectoria de Alberto Rodríguez, que combina su formación técnica con su activismo social y político, demuestra su dedicación a la causa pública. Su participación en Proyecto Drago y su intento de representar a Sumar en las elecciones generales muestran un continuo compromiso con la defensa de sus ideales y la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta la sociedad española.
