La nueva ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, deberá afrontar en los primeros meses de este ño el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Cataluña, y por extensión al resto de las comunidades autónomas que así lo soliciten. País Vasco y Navarra son las únicas autonomías que hasta ahora tenían traspasada esta competencia. En el último encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, el pasado 21 de diciembre, el presidente del Gobierno se comprometió con el presidente de la Generalitat a realizar este traspaso. Este traspaso forma parte de los acuerdos para la investidura del líder socialista con ERC y Junts. Sánchez ha optado por repetir el mismo mecanismo que con la condonación del 20% de la deuda a Cataluña.
De esta forma, el pasado 27 de diciembre Pedro Sánchez confirmaba el traspaso del IMV a la Generalitat de Cataluña: «Se aprueba la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a todas aquellas comunidades autónomas de régimen común que así lo deseen y de esta forma se equipararán con las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido», explicó el presidente del Gobierno durante su comparecencia ante los medios de comunicación para ofrecer su balance del año.
Cabe recordar que el Ingreso Mínimo Vital fue aprobado el 1 de junio de 2020, en el primer año de la pandemia de la Covid-19, y su gestión inicial correspondió al Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, entonces dirigido por José Luis Escrivá. Desde su puesta en funcionamiento, según datos del propio ministerio del pasado mes de noviembre, esta prestación llega a 710.341 hogares, beneficiándose cerca de 2,1 millones de personas. Su cuantía en 2023 ascendió por beneficiario a 565,37 euros al mes. Un adulto y un menor o dos adultos: 734,99 euros mensuales.
Con la cesión a todas las comunidades que lo soliciten, para no agrandar las diferencias entre unas comunidades y otras y equipararlas con las que ya tienen esta competencia, Elma Saiz, la nueva ministra de la Seguridad Social deberá encargarse de realizar el traspaso. Tras el anuncio de Pedro Sánchez ya han sido varios los gobiernos autonómicos que se han mostrado interesados en encargarse de la gestión de dicha ayuda.
SEIS CCAA DEL PP YA HAN PEDIDO A ELMA SAIZ EL TRASPASO DEL IMV
Comunidades como la valenciana o asturiana llevan tiempo pidiendo el traspaso de esta competencia y su gestión, pero tras el anuncio de Pedro Sánchez una de las primeras en confirmar la petición de esta competencia ha sido Andalucía desde cuya Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad se recuerda que ya se lo habían pedido a Escrivá en septiembre de 2022. Entonces habían pedido la «cogestión» de esta ayuda destinada a las familiar más vulnerables. Ahora, tras la cesión anunciada por el Gobierno central, reclaman también la «cesión de los recursos y fondos necesarios para gestionar esta prestación».
Siguiendo la estela de Andalucía también se encuentra la Junta de Castilla y León que también ha confirmado que pedirá la gestión del IMV, como ha venido haciendo desde 2020. El Gobierno castellano-leonés pide que ese traspaso se realice en las mismas condiciones que al País Vasco. Las Cortes de Castilla y León aprobaron en septiembre de 2020, tres meses después de la aprobación del IMV por parte del Gobierno, para avanzar en la gestión del IMV, argumentando su experiencia en la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que tenía la región.
Para la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, sería necesario que el tema se abordara en la Conferencia Sectorial para consensuar entre todas las comunidades cómo hacer el traspaso de la competencia y los recursos para atender este servicio de ayuda a las familias más vulnerables.
Otra comunidad del PP que también ha manifestado su interés por gestionar el IMV ha sido Baleares, aunque desde la Consejería de Familias y Asuntos Sociales antes quieren conocer el mecanismo de transferencia y con qué recursos van a contar, esto es, «la letra pequeña», ya que desde esta consejería no cuentan con presupuesto para atender esta ayuda.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que este tema «debe tratarse en la Conferencia Sectorial» y que una vez que se le traslade y se lleven a cabo las reuniones «se valorará por cada comunidad».
También Galicia ha pedido en distintas ocasiones la gestión del IMV. Alfonso Rueda se lo solicitó en una carta hace más de un año a José Luis Escrivá, y también por escrito la consejera de Política Social e Juventud, Fabiola García, se lo acaba de solicitar a la ministra Elma Saiz. En este sentido, en la Xunta de Galicia confirman que pedirán una reunión bilateral para estudiar las condiciones de la cesión de esta competencia. Recuerdan que contaban con este compromiso «desde hacía mucho tiempo». Lo que quieren garantizar es su funcionamiento ya que hasta ahora ha funcionado mucho mejor la prestación que da la comunidad, el RISGA. Además, proponen la creación de una ventanilla única para agilizar su tramitación.
El Gobierno socialista castellano-manchego prefiere primero conocer la propuesta antes de tomar una decisión
La única comunidad con gobierno socialista en manifestarse ha sido, hasta el momento, Castilla-La Mancha cuyo Ejecutivo ha explicado que hasta ahora solo conocen la voluntad del gobierno central de ceder la gestión de esta competencia. Necesitan conocer cómo tiene pensado el ministerio que dirige Elma Saiz realizar ese traspaso, las condiciones del mismo y que les concrete la propuesta. Solo entonces decidirán qué van a hacer.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) tiene como objetivo garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares que se encuentran en situación de pobreza extrema. Para ello, el IMV define una línea o umbral de pobreza en función del tamaño y las características de composición de los hogares. Esta línea establece la cantidad de dinero que, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones necesita una persona para dejar de ser pobre.
