La Asociación Española de Abogados Cristianos ha solicitado medidas cautelarísimas ante el Tribunal Supremo para que obligue al Congreso de los Diputados a retirar la bandera arcoiris colgada en una de sus fachadas con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTBI.
La organización de juristas alega que este acto incumple la propia jurisprudencia del Alto Tribunal. Se refiere a la sentencia dictada por el Supremo que fija como doctrina que «no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas».
DENUNCIA A LA DIRECTORA DE LA GUARDIA CIVIL
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que «el gobierno está utilizando las instituciones públicas para imponer su ideología» y critica que se multe a personas «por llevar la bandera de España» mientras se permite que el Congreso, «que representa a todos los ciudadanos» cuelgue «una bandera no oficial saltándose la ley. Además, exige que «los responsables de las administraciones e instituciones públicas que actúan en contra de la ley a sabiendas, sean inhabilitados».
La asociación también ha presentado una querella por prevaricación contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por poner en la imagen de fondo del perfil oficial del Cuerpo en Twitter la bandera LGTBI durante el fin de semana.
Del mismo modo, ha solicitado «medidas cautelares para obligar a la institución a quitar la bandera de sus redes sociales». Según detalla la querella, «la colocación de un distintivo ideológico que representa al lobby LGTBI» junto con el escudo de la Guardia Civil «viola la obligación de neutralidad ideológica de cualquier administración pública».
