Nadia Calviño pierde su pulso contra Yolanda Díaz, ministtra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno, por el hachazo impositivo a las energéticas y la prórroga de las rebajas en el transporte para todos, y no solo para jóvenes como exigía la ministra de Economía y vicepresidenta primera.
El enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño se ha prolongado durante semanas, sin que ninguna de las dos vicepresidentas cediera un milímetro en sus posiciones. La ministra de Trabajo exige implantar el impuesto a la banca y energéticas, así como extender las ayudas públicas al transporte. En Economía se busca un mayor equilibrio en ambos impuestos, que iban a ser temporales y se convierten en definitivos a pesar de las fuertes críticas de los dos sectores y la salida de inversión a otros países dada la inseguridad jurídica generada.
EL PNV GANA EN PLENA PUGNA ENTRE CALVIÑO Y DÍAZ
En esta dura batalla interna, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene los privilegios al País Vasco y Navarra al integrar los impuestos a la banca y a las energéticas en los regímenes forales. Así lo ha asegurado el PNV en un comunicado.Esta medida se incluirá en el mismo decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros.
Esta es una de las condiciones impuestas por los nacionalistas vascos de Andoni Ortúzar para hacer presidente a Pedro Sánchez. Para evitar la huida de Repsol, se ha incluido, además, un incentivo a las inversiones. De esta forma, se entregará al País Vasco cerca de 400 millones por los dos años de vigencia del impuesto, un gravamen que ha venido para quedarse. El pacto «subsana estos defectos de forma, ya que se convertirán en tributos y se concertarán y convendrán con las haciendas forales», afirma el PNV.
Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideraban que las rebajas al transporte debían estar acotadas para los jóvenes, desempleados y menores de edad. Desde Trabajo buscaban que se extendiera a toda la población, sin condiciones y con el dinero de todos los contribuyentes, a pesar del intenso fraude detectado.
Tal es la situación que Renfe ha tenido que modificar las condiciones para los bonos gratuitos y evitar así las falsas reservas, que impedía a los viajeros tomar asientos en trenes supuestamente llenos, pero que en realidad iban prácticamente vacíos. Con este modus operandi, los usuarios podían continuar con el uso de su bono, pero sin hacer uso del mismo. Y es que, para poder acceder a este descuento era necesario realizar un mínimo de 16 viajes.
EL GOBIERNO PRORROGA LAS MEDIDAS CONTRA LA INFLACIÓN PESE A IR COMO «UNA MOTO»
Todas estas medidas forman parte de la prórroga del plan de lucha contra los efectos de la inflación, la crisis energética y las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, a pesar de que la economía española va como «una moto», según el propio Ejecutivo.
No obstante, aún hay un escollo en el que la parte del PSOE del Gobierno lucha para no perder todas las negociaciones. Los socialistas buscan ahora rebajar el impuesto a las energéticas a cambio de una mayor inversión en España en energía renovable. Por el momento, ni PSOE ni Sumar se ponen de acuerdo en este punto ante la exigencia de los de Díaz para establecer un duro gravamen para las energéticas, mientras que los socialistas tratan de ganar apoyos dentro del Ibex 35 tras la negativa de Repsol a invertir 1.500 millones en España.
los fucsias de Díaz han arrancado el pacto para mantener la bonificación del 30% en el transporte público
De esta forma, los fucsias de Díaz han arrancado el pacto para mantener la bonificación del 30% en el transporte público de las Comunidades Autónomas, siempre y cuando éstas mantengan el descuento del 50%.
DÍAZ GANA EL PULSO A CALVIÑO, EXCEPTO EN ENERGÍA
Las negociaciones, que se han alargado durante la madrugada de este miércoles, muestran un choque de trenes entre el PSOE y Sumar por dos claros motivos. El primero es la inseguridad jurídica generada, toda vez que gran parte del ecosistema eléctrico en España depende en gran medida de las inversiones realizadas y los proyectos de futuro para afianzar la transformación verde que busca el Gobierno.
Por otro lado, las energéticas han levantado la voz ante la orgía de impuestos que ha desplegado Montero desde el estallido de la pandemia y la elevada deuda emitida, un montante que alcanza niveles récord en términos absolutos, con 1,57 billones de euros, hasta el 110% del PIB. Cabe recordar que Bruselas exige a España un nivel de deuda del 60%, con un déficit del 3%.
Con estas medidas, el Gobierno aplicará un hachazo del 4,8% sobre los intereses de la banca, así como de las comisiones, para todas las entidades financieras que alcanzaran una facturación de más de 800 millones de euros. De esta forma, deja fuera a las firmas pequeñas, que son precisamente las que financiaron a Podemos en sus inicios. Asimismo, solo se aplicará al negocio generado en España ante la doble imposición.
Para las energéticas, la parte socialista esperaba reducir el gravamen con exenciones y bonificaciones, pero con la condición de que la inversión se quede en España. Hasta ahora, el Gobierno asesta un golpe del 1,2% sobre la facturación en España para aquellas empresas que ingresaron más de 1.000 millones en 2019. No se trata de todos los ingresos, ya que están exentos los ingresos derivados de actividades reguladas, una forma de evitar el castigo a Red Eléctrica, con participación mayoritaria del Estado.
CALVIÑO Y DÍAZ, ENFRENTADAS POR EL IMPUESTO A LAS ELÉCTRICAS
Además, los ingresos obtenidos por la tarifa regulada de la luz o de último recurso en el gas y gas licuado quedan también fuera de la suma de la facturación.
Tanto Sumar como el PSOE acordaron revisar el impuesto a la banca y a las energéticas. «Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar», señalaban ambas formaciones.
No obstante, el PSOE busca una modificación del impuesto tras las condiciones impuestas por las empresas del sector, que amenazan con dejar a España sin un solo euro en inversiones. Por ahora, Repsol ha lanzado su advertencia.
Tanto Josu Jon Imaz, consejero delegado, como el presidente de Petronor y consejero de la petrolera, Emiliano López Atxurra, han condicionado las inversiones ante la prórroga del impuesto especial para las energéticas, que seguiría vigente para este 2024. No son pocos los proyectos afectados, pero especialmente se encuentran en País Vasco, Tarragona y Cartagena (Murcia).
