Sociedad Civil Catalana (SCC) cree que la ley de plurilingüismo pactada esta semana por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, debería servir para poner en valor el castellano en la educación de Cataluña, ya que se rige por un «modelo rígido» que es «prácticamente monolingüe».
Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, Álex Ramos, quien ha lamentado que mientras la Generalitat pide «barra libre» del catalán en el Estado, se esfuerzan porque la escuela, los medios de comunicación y la administración funcionen con un único idioma, el catalán.
«Pedimos que se valore el castellano en Cataluña, que se pondere, que se equilibre, que se deje a los padres que quieren escolarizar más en castellano que sean abiertos y que no tengan una estructura y un modelo rígido en Cataluña, prácticamente monolingüe, y que no pidan luego barra libre en el Estado«, ha dicho Ramos al ser preguntado sobre la valoración de SCC de la norma acordada por Sánchez y Aragonès.
CREE QUE SOLO SE APLICARÁ EN CATALUÑA
Ramos ha considerado que la ley de plurilingüismo se limitará sólo a Cataluña y al resto de comunidades con lenguas cooficiales, ya que, en su opinión, extender el derecho a la ciudadanía de Cataluña a dirigirse en catalán a la Administración General del Estado en las comunidades donde no hay lengua cooficial sería «forzar una situación extrema», además de «poco realista y razonable».
«Esos supuestos no serían muy razonables, porque serían poco realistas y poco operativos. Nosotros creemos que el objetivo, fundamentalmente, estará enfocado a que se asegure que el uso del catalán en Cataluña se mantenga, que no vaya a la baja y que se normalice«, ha dicho Ramos al ser preguntado sobre cuál cree que será el ámbito de aplicación de la norma acordada por Sánchez y Aragonès.
En este sentido, ha rechazado la posibilidad de que se fuerce una «situación extrema» como para que un funcionario del Estado en Andalucía tenga que responder en catalán a un ciudadano de Cataluña, ya que implicaría que todos los españoles estén obligados a aprender «cuatro lenguas antes que el inglés», lo cual «no es muy operativo».
«Creo que se tendrá que aplicar el sentido común y que en los lugares donde haya lenguas cooficiales se utilicen las dos de una manera ponderada, y no solamente preponderante solo una y la otra marginada», ha añadido, incidiendo en que cuando una persona que habla catalán va a otra comunidad autónoma «tiene una lengua común» que es el castellano.
ES UN «FAVOR» POLÍTICO
El vicepresidente de la asociación se ha mostrado a favor de la ley de plurilingüismo siempre y cuando sea «equitativa» y «equilibrada» entre el castellano y catalán, no así «sólo a favor de una». Además, ha subrayado que no ve «ningún problema con las lenguas» si se utilizan de manera constructiva y no «para poner muros».
No obstante, y pese a no ver ningún inconveniente en una norma de la que por ahora se conoce «poco», Ramos ha lamentado que el acuerdo no deja de ser «una cuestión coyuntural» y una «cesión» más de Sánchez como con la ley de amnistía para «mantenerse en el Gobierno y conceder cosas con poca reflexión».
«Todo son intenciones políticas. Forma parte del intercambio de favores políticos, más que en la letra de una ley o como una herramienta real», ha advertido, señalando que estos asuntos deberían planificarse «con más recorrido«, calculando cuál sería su coste y si solventaría alguna traba administrativa.
Para Sociedad Civil Catalana está bien que «se utilicen las lenguas», aunque hacerlo «de manera coyuntural» y «forzado» por cambios de cromos de poder político «no suele salir bien», ya que para sacar adelante una norma de ese calado hace falta pedagogía y que sea haga de manera «organizada» y «estructurada».
En cambio, Ramos ha indicado que una ley de plurilingüismo debería poner en valor el castellano en Cataluña, ya que hay entornos como la escuela donde hay un «modelo rígido» que es «prácticamente monolingüe», todo ello mientras la Generalitat pide «barra libre» del catalán al Estado.
