Pedro Sánchez, que hasta hace poco presumía de los logros del diálogo social en la anterior legislatura, ha empezado ésta con muy mal pie. En menos de un mes tiene a la patronal CEOE-Cepyme y a los sindicatos CCOO y UGT en pie de guerra, y encima, con el PP y Vox ‘aconsándoles’ en las comunidades donde cogobiernan, retirándoles las subvenciones y con el presidente del Gobierno sin hacer nada. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, solo ha dicho que esa retirada de subvenciones en «inconstitucional».
La primera ‘pedrada’ contra el diálogo social ha sido el acuerdo de investidura alcanzado con el PNV en uno de cuyos puntos se autoriza a los convenios de la comunidad vasca a quedar por encima de los convenios generales y sectoriales. Los convenios forman parte de la negociación colectiva cuyos actores principales son empresarios y sindicatos, sin la participación del Gobierno.
Se trata de un asunto exclusivo en el que el Gobierno no puede intervenir, y sin consultarles ha autorizado una competencia que no le corresponde, además de las desigualdades que se pueden generar entre trabajadores de unas comunidades con otras y sin resolver qué ocurre con empresas que tienen trabajadores en la comunidad vasca, pero también en otras.
La segunda grave ‘pedrada’ ha sido la reforma del subsidio de desempleo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha alegado que las urgencias para enviar a Bruselas la reforma no daba tiempo a realizar consultas y mucho menos negociaciones con empresarios y sindicatos.
CCOO Y UGT SE HAN ENTERADO POR EL BOE DEL CONTENIDO DE LA REFORMA DEL SUBSIDIO
En un comunicado conjunto, las dos centrales sindicales muestran su preocupación por el hecho de que una reforma de la estructura de la negociación colectiva se haya hecho obviando el marco del diálogo social y sin oír a sus legítimos representantes. Recuerdan Unia Sordo y Pepe Álvarez que cualquier variación del Estatuto de los Trabajadores debe abordarse en el marco del diálogo social «con carácter previo, aun reconociendo –como no puede ser de otra manera– la capacidad legislativa que otorga nuestra Constitución tanto al Parlamento como al Gobierno a través de reales decretos leyes en situaciones de urgencia y necesidad».
UGT y CCOO defienden la coexistencia de distintos ámbitos territoriales de convenio colectivo, que deben articularse en función de cada realidad sectorial. En este sentido, los marcos autonómicos son compatibles con los estatales, pudiendo incentivarse además la racionalización de los espacios provinciales de convenio colectivo.
También los sindicatos aseguran que han conocido, tras su publicación en el BOE, «y sin ninguna comunicación previa del Gobierno», el Real Decreto Ley 7/2023, por el que se reforma el nivel asistencial de protección por desempleo, recoge la modificación del art.84 del Estatuto de los Trabajadores en lo que se refiere a la concurrencia de convenios
LOS SINDICATOS CONSIDERAN QUE LA REFORMA DEL SUBSIDIO TIENE «INSUFICIENCIAS»
Tampoco se ha producido una negociación con todas sus consecuencias en materia de subsidio de desempleo. Desde UGT y CCOO creen que la reforma realizada por Yolanda Díaz supone un avance por el incremento de la cuantía y la ampliación del acceso al subsidio de nuevos colectivos, pero también consideran que existen «insuficiencias» sobre el acceso al subsidio cuando se procede de un empleo a tiempo parcial. Y también se olvidan de qué hacer cuando el beneficiario haya agotado una prestación contributiva de 360 días.
Los dos sindicatos muestran su disconformidad también con la gradual reducción de la base de cotización del subsidio para mayores 52 años, que en la actualidad es el 125% de la base mínima vigente cada año.
Por todo ello, Unai Sordo y Pepe Álvarez consideran que el inicio de la XV Legislatura carece de un «abordaje ordenado» del marco de concertación social, por lo que consideran que empieza a suponer «un quebranto del clima de confianza del que ha gozado la negociación tripartita en los últimos tiempos».
Ante esta sitaución, los sindicatos emplazan a Pedro Sánchez a reunirse con los interlocutores sociales con el objeto de «definir el perímetro que va a tener el marco del diálogo social» en esta legislatura, «en cumplimiento del mandato constitucional que tenemos encomendado». Esta necesidad de reunirse, argumentan, se debe a la «trascendencia de los retos socioeconómcios» que debe afrontar España, la complejidad del contexto internacional y europeo y la propia situación política del país.
GARAMENDI ACUSA A SÁNCHEZ DE «DESPRECIAR» EL DIÁLOGO SOCIAL
Sánchez no sólo se enfrenta a las denuncias sindicales, en teoría sus aliados en las políticas sociales que ha puesto en marcha hasta ahora. También en la CEOE hay bastante malestar. Le acusa de «despreciar» y de «deslealtad» por modificar la reforma laboral sin previo aviso. La misma crítica que le han hecho los sindicatos por dar prioridad al convenio autonómico.
También en un comunicado conjunto de CEOE y Cepyme, los representantes empresariales acusan al Gobierno de «saltarse con nocturnidad y alevosía» lo pactado. Recuerdan al Ejecutivo que la propia Constitución recoge el mandato de consultar a los agentes sociales «modificaciones de este calado en la negociación colecitiva».
La patronal entiende que Sánchez, una vez que ha cumplido con el mandato de la UE de presentar una reforma laboral pactada con los sindicatos y las organizaciones empresariales, «se ha saltado de forma radical los acuerdos alcanzados en el diálgo social», lo que para la CEOE es una demostración de «falta de lealtad y confianza imprescindible para el diálgo social».
Para la CEOE «la práctica de esta medida atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional» y va en la dirección contraria a los esfuerzos a nivel europeo que se están desarrollando para reformzar la unidad de mercado como elemento fundamental de competitividad.
La CEOE concluye en el epílogo de su comunicado que la materialización de este «acuerdo político» supondrá un deterioro de la cohesión social y de la competitividad española.
