El vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons; el jefe de la delegación del PSOE en la Eurocámara, Javier Moreno y el de Ciudadanos, Luis Garicano, han defendido este viernes conjuntamente el plan de recuperación económica propuesto por la Comisión Europea, subrayando además que su importe es «el mínimo necesario» y que debe financiarse con la aportación de nuevos impuestos europeos.
Los 500.000 millones en inversión directa que propone la Comisión son para estos diputados «el mínimo necesario para dar una respuesta europea creíble a una crisis tan grave como la de la covid-19», dicen en un artículo publicado en ‘El País’ y recogido por Europa Press.
El texto recuerda que la Eurocámara apostó por un paquete de de ayudas de dos billones de euros. La Comisión Europea propone 750.000, pero de ellos 250.000 serán préstamos, así que defienden que «la cantidad no puede rebajarse más». «Como diputados electos, nos oponemos de manera conjunta a cualquier reducción», avisan en su artículo, titulado «Unidos hacia la reconstrucción europea».
En cuanto al destino de esa «enorme suma de dinero», subrayan que no se permite «ninguna ambigüedad» y que se trata de financiar inversiones que aporten valor añadido, es decir, orientadas por el Pacto Verde, la transformación digital y la autonomía estratégica «para sostener y hacer más productiva la economía, mejorar su resistencia y crear puestos de trabajo, generar oportunidades para los jóvenes, reducir desigualdades».
LA INDUSTRIA ES UN «ALIADO»
Y advierten de que «la solidaridad es también responsabilidad» y «la transición no puede hacerse a costa de sectores específicos», sino que la UE tiene que aprovechar para «aplicar una estrategia que preserve los sectores industriales básicos», es decir, no considerar a la industria «el enemigo» sino un «aliado» contra el cambio climático.
Pero además, avisan de que el Parlamento Europeo solo dará su visto bueno al próximo marco financiero plurianual (los presupuestos 2021-2027) si este mes de julio los jefes de Estado y de Gobierno se ponen de acuerdo sobre la necesidad de introducir nuevos recursos propios para contribuir a financiar el paquete de ayudas. Bruselas obtendrá los fondos con una emisión de deuda y hay que devolverla a largo plazo.
Los nuevos recursos propios planteados por la Comisión son un impuesto a los plásticos de un solo uso, una tasa de ajuste de carbono en frontera, un impuesto digital o uno a las grandes empresas. Actualmente los recursos propios son el IVA y las contribuciones nacionales al presupuesto.
Para los eurodiputados, estas nuevas fuentes de financiación son clave para no «trasladar las cargas a los futuros presupuestos, los que deberían financiar los sueños de las próximas generaciones». Los Veintisiete, subrayan, deben dar prueba de credibilidad y solvencia haciendo un plan de devolución.
NUEVOS RECURSOS PROPIOS EN 2021
Así, advierten de que «los primeros recursos propios deben estar en funcionamiento a partir de 2021» y de que la Eurocámara no se conformará con «promesas de propuestas futuras», sino que exigen a la Comisión Europea y al Consejo Europeo que se comprometan a adoptar normas vinculantes y un calendario para la introducción progresiva de ese dinero en el curso del próximo marco presupuestario, «para alcanzar un nivel de ingresos que sea suficiente al menos para reembolsar la totalidad del capital y los intereses del préstamo».
También dejan claro que es crucial que los primeros fondos estén disponibles cuanto antes y explican que, para eso, la Eurocámara está preparada para negociar la revisión del actual presupuesto y tener los 11.500 millones que la Comisión solicitó listos para desembolsar.
CONTROL PARLAMENTARIO
Por todo ello, esperan antes de las vacaciones de verano un acuerdo político del Consejo Europeo sobre el Plan de Recuperación, el marco financiero plurianual actual y el futuro. Y recuerdan que será necesario un acuerdo interinstitucional, porque cualquier nueva herramienta presupuestaria «debe estar bajo una fuerte supervisión parlamentaria». «Que nadie dude de que nosotros, los representantes elegidos, vamos a negociar y defender los intereses de la ciudadanía europea», advierten.
Los eurodiputados aseguran que lo que más les importa es la credibilidad ante los ciudadanos que «sufrieron la crisis de 2008 y que miran con temor que la historia pueda repetirse».
Por eso, llaman a aprender las lecciones de esa época, porque «hay mu chas cosas que se hicieron bien, pero muchas otras podían haberse hecho mejor». «No explicamos acertadamente el porqué de determinadas decisiones, y acabamos provocando el descrédito de nuestras instituciones», admiten.
