El CGPJ, Consejo General del Poder Judicial, lleva desde el 4 de diciembre de 2018 sin renovarse. No hay forma que PSOE y PP se pongan de acuerdo, y esta situación hace que se resienta el órgano jurídico que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos. En los cinco años transcurridos, su organigrama ha sufrido periódicas modificaciones ante la jubilación de algunos de sus miembros, como su ya expresidente Carlos Lesmes. De ahí que ahora su presidencia sea interina, su número de vocales se haya reducido de 20 a 16 y en todo el órgano jurídico estén sin cubrirse 85 vacantes. Lo peor de todo es que no existe ni un solo indicio de que esta situación vaya acabar ante las cada vez más distantes relaciones entre el Gobierno de coalición y el principal partido de la oposición.
El problema para la renovación del CGPJ es que el PP teme perder la mayoría conservadora y abogan por que los jueces elijan a sus propios representantes, mientras que el PSOE cree que esta fórmula dejaría en desventaja a la cuota de los progresistas.
Desde la judicatura se habla desde hace tiempo de la mayor crisis de la Justicia española desde que se instauró la democracia en España. En juego está la propia imagen de independencia del sistema judicial español porque esta situación está siendo seguida con lupa desde la Unión Europea, con el comisario de Justicia europeo, el belga Didier Reynders, a la cabeza. Todas sus mediaciones no han servido para nada.
EUROPA PIDE LA RENOVACIÓN URGENTE DEL CGPJ
El problema de la actual caducidad es el sistema de elección de los miembros que componen el CGPJ que, en opinión de Europa, no se ajusta a los estándares de independencia del sistema judicial. La Constitución española estableció que cuatro miembros fuesen elegidos por las tres quintas partes del Congreso de los Diputados y otros cuatro de igual manera por el Senado. Sin embargo, el comisario Reynders acaba de denunciar la urgencia en renovar el órgano judicial español, y que luego se emprenda la reforma, ya que las reformas llevan su tiempo, y es más urgente acabar con el anacronismo de cinco años.
Cinco años más tarde es la única institución que no ha sido renovada, pese haber terminado el mandado de todos sus miembros ni aunque la propia Comisión Europea lo ‘mande’. Y lo peor de todo, cada vez existen más dudas entre los ciudadanos sobre su independencia de los partidos partidos políticos y lo que están ocurriendo en las Cortes. Es como si se ‘jugara’ a favor de uno de los dos partidos mayoritarios.
Pero esta situación no es nueva, aunque sí el retraso en su renovación. Desde que se instauró la democracia la forma de elecciones de los miembros del CGPJ siempre ha sido la misma. La composición del Consejo era conservadora cuando el PP gobernaba, y progresista cuando lo hacía el PSOE. La cuestión es que ahora, pese a que gobierna el PSOE (Pedro Sánchez comenzó a gobernar tras ganar su moción de censura contra Mariano Rajoy el el 2 de junio de 2018 y por tanto han transcurrido más de 5 años y medio) sigue habiendo mayoría conservadora en el CGPJ, los mismos -si es que no se han jubilado- que fueron elegidos cuando gobernaba el popular Mariano Rajoy.
Cada vez hay mayor consenso en que debe cambiarse la fórmula constitucional para la elección de los vocales, aunque por lo manifestado por PSOE y PP y los propios miembros del CGPJ no parece que a corto plazo vaya a cambiar nada ni nadie. Pese a que el recién nombrado ministro de Justicia, Félix Bolaños, estuvo a punto de cerrar el acuerdo con el dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, unas lecciones generales después, las posiciones están más enfrentadas. Bolaños y el presidente interino del CGPJ, Vicente Guillarte, han intentado hablar, pero la desconfianza preside cualquier intento que se haga.
LA SOMBRA DEL ‘LAWFARE’ SE HA ALARGADO PARA AÑADIR MÁS DIFICULTADES A LA RENOVACIÓN
La cuestión es que ahora los miembros del CGPJ se ampara en Europa y recuerdan que países como Portugal, Italia o Francia tienen el mismo sistema de elección y nadie cuestiona su independencia. Pero si había poca posibilidad de acercamiento, la utilización del ‘lawfare’ por parte de los independentistas catalanes mientras se redactaba el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, todavía ha caldeado más el ambiente. Y para agregar más gasolina, muchos magistrados consideran que la urgencia del PSOE para la renovación está provocada más por sacar adelante su ley de amnistía. Una y otra cuestión vuelven a poner sobre la mesa la politización de la justicia.
Tras el ‘mandato’ del comisario Reynders, Alberto Núñez Feijóo ha movido un ápice su postura. Si antes defendía que primero había reformar la fórmula de elección, un día después de las palabras desde Bruselas propone «renovar el CGPJ y cambiar la ley de forma simultánea». El líder del PP ha asegurado que «creo en la independencia judicial. Voy a hacer todo lo posible por la regeneración institucional de mi país. Es necesario y, después de Sánchez, imprescindible». Feijóo propone como solución que PP y PSOE consensuen la reforma de elección del CGPJ.
«Creo en la independencia judicial. Voy a hacer todo lo posible por la regeneración institucional de mi país», asegura Feijóo
Desde el PP se insiste ahora que primero hay que reformar el sistema de elección de los miembros para luego renovar a los actuales. Y el PSOE quiere pisar el acelerador para que se renueven cuanto antes y luego ya se verá la reforma. Con ambas posturas enfrentadas y agregando cada vez más cuestiones no parece que la renovación vaya a llegar pronto.
Los miembros del CGPJ están demostrando que el órgano judicial funciona, además de que presentar dimisiones en masa no serviría para nada. Algunos vocales e incluso su presidente han amenazado con dimitir, pero eso no solucionaría el problema.
Este lunes en que se cumplen los cinco años sin renovación, las posturas siguen siendo las mismas. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que llamará a Alberto Núñez Feijóo para hablar de la renovación; en el PP, su portavoz, Borja Sémper, lo ha dejado bien claro, no habrá renovación del CGPJ si no hay reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para avanzar en la independencia de la Justicia, máxime cuando «no se fían un pelo» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien acusa de mentir.
No obstante, las palabras más gruesas de Sánchez se han dirigido hacia el ‘lawfare’ en el que incurre el PP y la guerra judicial contra los adversarios políticos por no acometer la renovación. A su juicio, «no hay caso más paradigmático en España de la politización de la justicia que éste secuestro en el que tiene sumido el PP al Poder Judicial». Sánchez acusó al PP de tener como «rehén, preso y capturado» al CGPJ.
LO QUE DICE LA LEY SOBRE LA RENOVACIÓN DEL CGPJ
El cuestionado sistema de elección de los vocales del CGPJ está regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de 1985. . Todo depende del partido político que esté gobernando y sus votos de representación. En total, son 20 los integrantes del órgano de gobierno de los jueces, la mitad los elige el Congreso de los Diputados y la otra el Senado, en una votación por mayoría cualificada de tres quintos. Esto requiere que los principales partidos políticos se pongan de acuerdo para sacar adelante los nombramientos, algo que pone en entredicho la imagen de independencia que debe transmitir todo el proceso, pues suelen proponer a profesionales cercanos ideológicamente.
De cada grupo de diez vocales que elige cada cámara, seis tienen que seleccionarse entre jueces y magistrados, mientras que los otros cuatro deben ser juristas de reconocido prestigio profesional.
Se trata de un sistema de elección que exige un consenso político amplio entre PSOE y PP que no se ha dado en los últimos cinco años, a pesar de que ha habido amagos y crisis que parecían obligarles a pactar. Al conocer la amplia influencia política que hay en el actual sistema de elección, desde Bruselas se propuso reformar esta fórmula, con vistas a que sean los propios jueces los que elijan a una parte de los vocales del consejo, los doce cupos reservados a magistrados. Desde Europa, consideran que un sistema de estas características sería más acorde con sus valores y mejoraría los niveles de independencia judicial. Es un modelo que, en mayor o menor medida, se da en otros países de la UE.
