Considera que el Fiscal General cumple los requisitos y cualquier informe que pida otros es «al margen de la ley».
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que no comparte la sentencia del Tribunal Supremo que revoca el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, que fue realizado por el Ejecutivo. Además considera que esta decisión abre la puerta a que una entidad privada ponga en cuestión una decisión que corresponde al Gobierno.
También ha respondido al informe del Consejo General del Poder Judicial que ha rechazado la idoneidad del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Bolaños considera que sí cumple los requisitos, y por tanto cualquier informe que tenga en cuenta otros distintos, se hace «al margen de la ley».
Bolaños hace referencia al recurso presentado por la Fundación Hay Derecho, que el TS ha estimado con su decisión, determinando que Valerio solo cumple uno de los requisitos legales, el de tener experiencia en asuntos de Estado, pero no es una jurista «de reconocido prestigio», según ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas, tras reunirse con integrantes de la Comisión Europea para explicarles la ley de amnistía,
«Respetamos la sentencia del Tribunal Supremo, pero no la compartimos, porque creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España, como es nombrar a la presidencia del Consejo de Estado», ha señalado el ministro.
ESTUDIAN UN RECURSO
Además ha defendido que la trayectoria de Valerio es «de rigor, de profesionalidad, de conocimiento de la administración y del derecho» que a su juicio «le hacen merecedora del puesto de la presidencia del Consejo de Estado». Por tanto ha afirmado que van a estudiar la sentencia y «en los próximos días» comunicarán si toman alguna acción al respecto.
A continuación, Bolaños también se ha pronunciado sobre el informe emitido este mismo jueves por el Consejo General del Poder Judicial, que ha rechazado la idoneidad del Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, una decisión inédita en democracia.
El ministro sostiene que cumple los dos únicos requisitos que se le exigen, es decir, ser jurista de reconocido prestigio y tener más de 15 años de experiencia. Por tanto considera que cualquier informe que se haga más allá de estos requisitos será «al margen de la ley».
«De hecho, hubo un informe del Consejo General de Poder Judicial hace apenas un año que lo dijo, que se cumplían esos requisitos. Y no hay más requisitos. Y, por tanto, cualquier informe que se haga establecido haciendo requisitos diferentes para llegar a una conclusión distinta a la que el propio Consejo llegó hace un año, pues es al margen de la ley», ha subrayado.
