La opinión del Consejo es obligatoria pero no vinculante por lo que el Ejecutivo podrá seguir adelante con la renovación
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado en su Pleno ordinario de este jueves en contra de que Álvaro García Ortiz continúe como fiscal general del Estado al considerar que no es idóneo para el cargo, emitiendo así una opinión que no es vinculante, por lo que el Gobierno podrá seguir adelante con su renovación, pero que sí es inédita en democracia, ya que hasta ahora el CGPJ no había informado en contra del candidato de Moncloa.
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, de los 16 vocales que forman actualmente el CGPJ –10 conservadores, incluido el presidente interino, Vicente Guilarte, y 6 progresistas– solo 15 han participado en el debate sobre García Ortiz.
El vocal Enrique Lucas, alineado habitualmente con el bloque progresista, se ha ausentado porque su hermano, Pablo Lucas, es uno de los cinco magistrados que firman la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que achacó a García Ortiz una «desviación de poder» por ascender a su predecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal por haber estado al frente del Ministerio Público.
El Consejo ha declarado no idóneo a García Ortiz por 8 votos contra 7. Han informado en contra los vocales conservadores María Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Wenceslao Olea. Por contra, le han apoyado los conservadores Guilarte y Juan Martínez Moya, y los progresistas Roser Bach, Mar Cabrejas, Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga y Álvaro Cuesta.
Hasta ahora, el CGPJ había avalado a los candidatos elegidos por el Gobierno, primero por unanimidad y ya en los últimos tiempos con oposición interna. Así, en julio de 2022, el Consejo respaldó el desembarco de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado (FGE) por 12 votos –tanto progresistas como conservadores– contra 7, de vocales conservadores.
Este jueves, esos 7 vocales han vuelto a votar en contra de García Ortiz y se les ha sumado Olea, mientras que por el otro lado ha perdido 5 votos: el del propio Olea y los de Lucas, Carlos Lesmes, Rafael Mozo y Concepción Sáez. Cabe recordar que los tres últimos ya no forman parte del Consejo.
En esa ocasión, García Ortiz cosechó el mismo resultado que Delgado. Respecto a ella, los vocales discordantes manifestaron que el hecho de saltar directamente del Ministerio de Justicia a la FGE creaba «una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de independencia».
A través de este informe, el órgano de gobierno de los jueces cumple con el trámite de audiencia que impone la Constitución para poder nombrar al fiscal general del Estado. Sin embargo, se trata de una opinión no vinculante.
Para emitir dicho informe, el CGPJ analiza la idoneidad del candidato en base a los dos requisitos que marca a ley: ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional.
LA SENTENCIA DEL SUPREMO, CLAVE
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press señalan que ha sido un debate largo e intenso pero no bronco donde el resultado estaba claro una vez que se ha aprobado por unanimidad la abstención de Lucas.
Los 7 vocales que han quedado en minoría alegaban que el CGPJ debía limitarse a valorar únicamente los dos requisitos legales, mismo análisis que en el primer informe le valió el ‘placet’ del Poder Judicial.
Sin embargo, la mayoría ha defendido que, al no tratarse de un candidato nuevo, ya que García Ortiz lleva más de un año como fiscal general, había que tener en cuenta su trayectoria para estudiar su idoneidad desde la perspectiva del principio constitucional de imparcialidad del Ministerio Fiscal.
Y, en ese sentido, las fuentes aseguran que la sentencia del TS sobre el ascenso de Delgado ha sido clave. Al hilo, añaden que se trata de la gota que ha colmado el vaso tras varios nombramientos discrecionales cuestionados a nivel interno por favorecer a su antigua asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Sobre la mesa se han puesto otros argumentos, tales como el «desprecio sistemático» al Consejo Fiscal, por llevar a cabo dichos nombramientos con la mayoría del órgano consultivo en contra, o su «pasividad» ante la petición de amparo de los fiscales del ‘procés’ frente a las acusaciones de ‘lawfare’.
Seis de los siete vocales que apoyaban dar el aval a García Ortiz –Guilarte, Bach, Cabrejas, Sepúlveda, Martínez de Careaga y Cuesta– han anunciado un voto particular.
UNA «DESVIACIÓN DE PODER INNEGABLE»
El Gobierno ratificó a García Ortiz en el cargo hasta 2027 confirmando su «confianza» en él, según explicó la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes. En concreto, destacó su «impecable» trayectoria.
García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año. Hasta ese momento, había dirigido la Secretaría Técnica de la FGE ejerciendo de ‘mano derecha’ de la entonces fiscal general.
En este año, ha tenido una fuerte contestación interna que ha alcanzado su cénit en las últimas semanas por la sentencia del Tribunal Supremo y por lo que muchos consideran una tibia respuesta a la petición de amparo de los fiscales del ‘procés’ frente a las referencias al ‘lawfare’ recogidas en el acuerdo entre el PSOE y Junts.
Desde su llegada ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general del Estado inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.
Los reproches comenzaron desde la Asociación de Fiscalía (AF) –mayoritaria en la carrera fiscal– y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) por continuar con la política de nombramientos discrecionales de Delgado, acusándole de favorecer a los candidatos procedentes de la UPF, a la que pertenecieron ambos.
De hecho, una de las primeras decisiones de García Ortiz fue ascender a su antecesora a fiscal de sala, con destino en la Sala de lo Militar del TS, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, que apostó por el ex teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda por su amplia experiencia en derecho militar.
Rueda recurrió dicha decisión ante el TS, que acaba de darle la razón anulando el nombramiento de Delgado para la Sala Quinta, al resolver que García Ortiz incurrió en una «desviación de poder», que calificó de «innegable».
AMPARO POR EL ‘LAWFARE’
A ello se ha unido otra reciente polémica desatada por el acuerdo entre el PSOE y Junts, donde se habla de crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de ‘lawfare’ y depurar las responsabilidades correspondientes, lo que abre la puerta a sancionar a los jueces y fiscales que encausaron el ‘procés’.
Los fiscales del ‘procés’ –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– enviaron una carta a García Ortiz pidiéndole «amparo institucional», si bien el jefe del Ministerio Público se limitó a contestarles que «siempre» defendería la «autonomía» de éstos y otros fiscales.
Su respuesta no ha contentado ni a los propios peticionarios ni a muchos de sus compañeros. Así, 18 fiscales del Tribunal Supremo y 22 de Anticorrupción, además de los vocales de la AF en el Consejo Fiscal, le han instado a amparar a estos cuatro compañeros.
