El PP ha criticado que el Gobierno haya impedido tramitar en el Congreso una ley para ayudar a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) con el argumento de que supondría una reducción de ingresos presupuestados y en cambio, haya permitido debatir la de amnistía cuando su aplicación va a posibilitar que España deje de ingresar el dinero malversado en el proceso independentista, lo que, a su juicio, supone una «doble vara de medir».
Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene potestad para vetar la tramitación parlamentaria de iniciativas legislativas que condicionen su política presupuestaria, ya sea por aumento de gasto o por merma de ingresos. Y haciendo uso de esa capacidad, el Gobierno vetó la semana pasada la tramitación de una proposición de ley de Vox para atender a enfermos de ELA y otras personas en situación de gran dependencia.
En su escrito de disconformidad, recogido por Europa Press, el Ejecutivo alegaba que los cambios que proponía Vox supondrían que «hubiera nuevos sujetos que tuvieran la condición de personas con discapacidad (aquellos con prestaciones por dependencia que no tuvieran, previamente, el reconocimiento de una discapacidad de, al menos, el 33%), por lo que pasarían a tener derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad del IRPF».
«En este sentido, teniendo en cuenta que el número de potenciales beneficiarios con prestaciones por dependencia que están declarando IRPF con cuota positiva sería de 66.641, representaría un coste estimado de 38 millones de euros, a lo que habría que añadir el coste de incluir a los pensionistas a los que se reconoce ese mismo derecho», explicaba el Gobierno.
Ese escrito de veto fue aceptado este martes por la Mesa del Congreso al mismo tiempo que se calificaba el informe del Gobierno permitiendo la tramitación de la Ley Orgánica de Amnistía, que ya está lista para pasar su primer examen en el Pleno de la Cámara.
Fuentes del PP ven una cierta doble vara de medir pues mientras se veta la ley ELA por su incidencia presupuestaria, en cambio se da vía libre a la de Amnistía aunque en su articulado se establece que quedarán sin efecto todas las reclamaciones económicas en curso por el dinero malversado en estos diez años de proceso independentista.
La ley no permite indemnizar a los amnistiados ni se devuelve el dinero ya abonado por resolución judicial, pero si anula las reclamaciones vinculadas a casos todavía abiertos. Precisamente el Tribunal de Cuentas tiene un proceso pendiente de sentencia en el que se reclaman cinco millones de euros a dirigentes de la Generalitat por desviar dinero público al proceso independentista.
