El PP está moviendo todos los resortes legales a los que se pueda acudir a fin de que las comunidades autónomas donde gobierna puedan tener la decisión sobre el impuesto de las grandes fortunas que residen en su respectiva región. Isabel Díaz Ayuso fue la primera en recurrir el gravamen ante el Tribunal Constitucional, por entender que con ello salían grandes inversiones de la Comunidad de Madrid, y siguieron su estela Juanma Moreno en Andalucía y Alfonso Rueda en Galicia, o Murcia.
La primera sentencia del TC llegó para la comunidad madrileña, rechazando el recurso presentado, y ahora ha vuelto a rechazar el recurso a Andalucía y Galicia por los mismos motivos. Los argumentos del Constitucional contemplan que tanto Andalucía como Galicia achacaban al tributo las mismas vulneraciones que apuntó Madrid, con la diferencia de que estas dos no denunciaban que vulneraba el principio constitucional de confiscatoriedad y capacidad económica.
La sentencia del TC explica que Andalucía y Galicia denunciaron que el tributo se creó a través de una enmienda a la proposición de ley que puso en marcha el gravamen a la banca y a las energéticas que no tenía que ver con la tasa. Además, concreta que que solo hay vulneración cuando existe una «evidente y manifiesta falta de conexión» entre el contenido de la enmienda y la iniciativa respecto de la que se presenta. En este caso, apunta que no se da porque el gravamen a banca y energéticas tenía como propósito aumentar los ingresos públicos para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania. «Por tanto, la enmienda cumplía con el requisito de homogeneidad», precisa.
Juanma Moreno estudia las fórmulas técnicas para que los andaluces más ricos de la autonomía decidan dónde pagan
Nada más conocer la sentencia y como medio de expresión más rápido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, explicó a través de su cuenta de X que «el Gobierno andaluz dará a los contribuyentes la opción de elegir para que sus puestos se queden en Andalucía». Ya ha puesto a sus servicios jurídicos a estudiar, lo mismo que la comunidad madrileña, las fórmulas técnicas a las que acogerse para que los más ricos de la región decidan dónde pagan, si en Andalucía o al Estado.
En este sentido, Isabel Díaz Ayuso había anunciado, tras conocer su sentencia el pasado 7 de noviembre, que estudia recuperar el impuesto de patrimonio para poder recaudarlo desde la hacienda autonómica. Por tanto, no es de descartar que Andalucía siga los mismos pasos. Y en el caso de Galicia se espera una reacción similar, una vez que los servicios técnicos de la agencia tributaria autonómica les muestre el camino.
EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS, UN PROBLEMA DE CONFRONTACIÓN ENTRE PP Y GOBIERNO
Toda esta batalla entre la Agencia Tributaria y las haciendas autonómicas surgió el pasado 12 de junio, un mes y once días antes de las elecciones generales del 23J, el Ministerio de Hacienda publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el modelo definitivo del impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, un tributo con el que desde la cartera de María Jesús Montero se trataba de neutralizar las bonificaciones autonómicas en el Impuesto sobre el Patrimonio y cuya liquidación sobre la riqueza declarada en 2022, entonces, se debía presentar entre el 1 y el 31 de julio.
Sin embargo, los gobiernos autonómicos de comunidades como Madrid, Andalucía y Galicia encontraron un error en la redacción inicial del modelo que debían cumplimentar las denominadas ‘grandes fortunas’ (el modelo 718), que permitía a los contribuyentes de las comunidades que aplican descuentos pagaran menos de lo inicialmente previsto por el Gobierno central. Éste era el caso de Madrid o Andalucía, que permitían una bonificación del 100% en la parte autonómica del Impuesto sobre el Patrimonio, y en Galicia cuya bonificación era del 50%.
Un error en la redacción del modelo a cumplimentar por las grandes fortunas dejó abierta la puerta a las diferentes interpretaciones de las comunidades autónomas
El ‘agujero’ que dejó Hacienda se centraba en el escudo fiscal que pueden utilizar los patrimonios más elevados para reducir su base imponible. El tributo tenía un límite conjunto que servía de salvaguarda para que la cuota íntegra del pago del IRPF, Patrimonio y el conocido como ‘impuesto a los ricos’ no exceda del 60% de las bases imponibles del IRPF, con una reducción máxima en la cuota del 80%. Desde Hacienda se aseguraba que este modelo está diseñado para evitar el carácter confiscatorio, además de no penalizar a contribuyentes con un patrimonio elevado, pero con rendimientos mínimos.
Éste era el espíritu del tributo. Pero el problema surgió cuando en la redacción del gravamen, que inicialmente era temporal, y del modelo (718) de la declaración, no se concretó qué cuota se debía elegir para calcular el pago que se debía tomar como referencia la cuota del IRPF y el Patromonio, con lo cual se dejaba abierta la puerta a interpretaciones.
EL IMPUESTO A LOS RICOS ES MÁS SIMBÓLICO QUE RECAUDATORIO
De acuerdo con los últimos datos de Hacienda, en España existen reconocidas 12.010 contribuyentes a los que aplicar el conocido como impuesto a los ricos o impuesto de solidaridad. Madrid, Andalucía y Galicia concentran el 95% de las grandes fortunas de España.
En su mayoría se corresponden con los grandes patrimonios de Madrid, comunidad en la que se encuentran 10.302 contribuyentes. La aportación de las grandes fortunas por este impuesto asciende a 555 millones de euros en el caso de Madrid. En Andalucía, por su parte, se encuentran 865 grandes fortunas, que aportas 29,7 millones; en Galicia, 91 ricos que contribuyen con 9,8 millones.
