El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha reclamado este jueves en el Congreso de los Diputados una ley orgánica que «resuelva» cuestiones relacionadas con los derechos de las personas mayores que viven en residencias, como son el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico o el uso de las sujeciones físicas.
Así lo ha defendido Fernández Marugán durante su intervención este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar su gestión en los ejercicio 2018 y 2019.
Una vez más, el Defensor ha alertado de las carencias de medios y personal en los centros residenciales, por lo que ha insistido en solicitar «reformas normativas de calado y revisión profunda del modelo». «Carencias que se han puesto dramáticamente de manifiesto con motivo de la pandemia que ahora sufrimos», ha señalado Fernández Marugán.
Entre las medidas que ha reclamado de forma urgente se hallan el aumento del número de plazas; una revisión al alza de las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial; que las comunidades autónomas mejoren y aumenten su capacidad inspectora; y que se incremente la atención sanitaria y la formación del personal que atiende a los mayores. También aboga por que las comunidades autónomas realicen una armonización normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros.
En este punto, el Defensor ha vuelto a relatar su gestión durante la crisis del COVID-19 y ha recordado que el 24 de abril recomendó a las comunidades autónomas que reforzaran la asistencia sanitaria a los enfermos; que suministraran equipos de protección; y que se suplieran las bajas de los trabajadores de las residencias, entre otras cuestiones.
En su intervención, el Defensor ha abordado los que, a su juicio, son «problemas estructurales» como son las dificultades en el acceso a la vivienda, sobre todo, para los jóvenes y familias vulnerables o el «shock» demográfico en España.
Fernández Marugán ha iniciado su exposición condenando el último crimen machista que ha segado la vida de una mujer y sus dos hijos en Úbeda (Jaén). Así, ha denunciado que desde 2003 han sido asesinadas más de 1.000 mujeres y que casi 40 hijos e hijas han muerto a manos de su progenitor. «La violencia de género constituye el atentado más importante contra los derechos de las mujeres en España, porque afecta a su libertad, a su derecho a la igualdad de trato, a su derecho a la vida y a su integridad física y moral», ha declarado.
De este modo, ha vuelto a reclamar la implicación de la sociedad «para combatir este gravísimo problema», y ha pedido mejoras en las herramientas de detección del riesgo; la coordinación con los servicios sociales con los órganos judiciales y las fuerzas de seguridad; simplificar más los procedimientos y a aumentar la coordinación con las asociaciones de mujeres para mejorar el acceso a los recursos y el tratamiento integral.
ENVEJECIMIENTO DEL ENVEJECIMIENTO
Respecto a lo que ha denominado ‘shock demográfico’, ha avisado de que España está inmersa «en un claro proceso de envejecimiento del envejecimiento» por el descenso de la natalidad, sobre todo como consecuencia de la precariedad laboral, los elevados precios de la vivienda y su impacto en la emancipación tardía de los jóvenes, y a las escasas políticas de conciliación.
«En España no nos hemos tomado en serio la continua baja de la población», ha afirmado el Defensor, para aseverar a continuación que ello puede «lastrar de manera muy nítida el nivel y la estabilidad del crecimiento».
Ha explicado que el saldo negativo de la población se ha venido compensando con la inmigración que, a su juicio, «no supone una carga» para la sociedad, sino que es «beneficiosa» para la economía. «Si los ocupados extranjeros abandonaran mañana mismo el mercado laboral, el nivel de empleo de la economía caería un 20%, por debajo del nivel de empleo alcanzado antes de la crisis económica», ha recalcado.
En relación con el cambio climático, cuestión que no abordó ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, este jueves ha afirmado: «Los fenómenos extremos que se derivan del cambio climático, nos obligan a reconducir nuestra relación con la naturaleza».
Así, ha apuntado que los efectos del cambio climático se notan en España en forma de gotas frías en el Mediterráneo e incendios forestales cada vez más frecuentes, por lo que ha instado a las administraciones a actuar «con contundencia para evitar que se edifique en áreas susceptibles de ser engullidas por el agua» y ha defendido que la política en materia de incendios «no lo puede fiar todo a aumentar los medios de extinción».
En materia de vivienda, el Defensor ha defendido la inversión pública por parte de las distintas administraciones y la conveniencia de construir parques públicos de viviendas. «Es imprescindible», ha recalcado.
Por otro lado, Fernández Marugán ha insistido en la necesidad de alcanzar un Pacto por la Educación que permita disponer de un sistema educativo estable y de calidad. «Es hora de que las coincidencias primen sobre los desacuerdos y de que entre todos dotemos a nuestro sistema educativo de la estabilidad que necesita», ha enfatizado, para después pedir que se evite «la pobreza educativa de grandes capas de la población que tienen muchas dificultades económicas».
Como ejemplo, ha expuesto el caso de un centenar de niños y niñas de origen marroquí que residen en Melilla desde hace años en situación de exclusión social y que «carecen de acceso a derechos básicos como la educación». Fernández Marugán ha afirmado que la imposibilidad de empadronarse en esa ciudad les impide ir al colegio y ha lamentado que, «pese a todos los esfuerzos realizados por la institución», lo cierto es que ha finalizado el curso escolar 2019-2020 y tan solo una menor ha sido escolarizada.
A su juicio, «una realidad compleja no puede en modo alguno solventarse a costa de los derechos de los más vulnerables», por lo que «los niños y las niñas de Melilla, al igual que los del resto de España, donde tienen que estar es en el colegio».
