La Junta de Andalucía ha defendido este martes la marcha de la negociación con el Gobierno sobre la Proposición de Ley de ordenación de los regadíos en los municipios en el entorno de Doñana, que supera ya el mes de plazo inicial que se dieron para tener un acuerdo, que cree «va por el buen camino» por cuanto ha defendido que «se ha encapsulado» esa negociación» de todo el ruido político generado alrededor de la investidura de Pedro Sánchez y la amnistía a políticos catalanes.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido esa tesis así como que se trata de una negociación donde «no estamos con la calculadora del tacticismo electoral».
Ha sostenido ese aislamiento sobre la negociación para cambiar la calificación jurídica de unos terrenos que en la actualidad son descritos como forestales y la Proposición de Ley de PP y Vox persigue que pasen a ser considerados como suelos agrícolas regables con aguas superficiales de «todo el ruido» para que «no influya de manera negativa».
El consejero y portavoz ha argumentado que «la foto es lo de menos», en alusión a las declaraciones que hizo la semana pasada la vicepresidenta y ministra en funciones, Teresa Ribera, sobre su deseo de que el acuerdo se firmara de forma inminente con una foto en Doñana junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por lo que ha apelado a la consecución de un acuerdo para «seguir salvando los valores ecológicos de Doñana y dar soluciones por una mala planificación de ordenación del territorio en 2014».
Esas afirmaciones de Ribera sobre la inminencia del acuerdo la ha matizado Fernández-Pacheco, quien ha sido tajante para asegurar «que no podemos firmar mañana porque no tenemos acuerdo», para seguidamente precisar que «no quiere decir que no hayamos avanzado».
El consejero y portavoz ha descrito «el desarrollo de una negociación complicada», de la que ha hecho partícipes a los agentes sociales, a los alcaldes, o a las organizaciones no gubernamentales, de manera que «todas esas propuestas que nos han hecho llegar, hay que analizarlas, ver su encaje legal y jurídico, intercambiar propuestas entre los equipos» y someterlo seguidamente al escrutinio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado.
Fernández-Pacheco, quien apelado a la necesidad de cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los acuíferos de Doñana, ha apuntado que «ojalá podamos anunciar el acuerdo lo antes posible» y ha esgrimido, sobre el futuro de la Proposición de Ley cuyo debate en el Parlamento andaluz se ha parado, que «el compromiso del presidente fue aparcar la Proposición de Ley mientras la negociación se esté desarrollando», antes de proclamar que Moreno «asumió un compromiso con Huelva y no le va a fallar a Huelva», de manera que si esa negociación sobre los regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana encallara «seguiremos con nuestra Proposición de Ley».