Puigdemont, Ponsatí o Rovira o los CDR para los que la Fiscalía acaba de pedir 27 años de cárcel por terrorismo (uno de sus planes era asaltar el Parlament de Cataluña coincidiendo con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 1-O) serán algunos de los 309 encausados por el procés que podrán pasear libres por las calles de Cataluña la próxima primavera, sin tener nada pendiente con la justicia. Al menos, ese será el plazo para que la actual proposición de ley de amnistía que presentó este lunes el PSOE sea aprobada. Desde el PP están haciendo todo lo posible, ya que no la pueden retirar, para que entre en vigor lo más tarde posible.
De esta amnistía saldrán también libres el resto de los protagonistas del 1-O de 2017 como Oriol Junqueras (indultado, pero inhabilitado para ejercer cargos públicos), los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la ex consejera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí. También aquellos que tienen cuentas pendientes con el Tribunal de Cuentas, Artur Más.
La intención del futuro Gobierno será que se tramite por vía de urgencia. Una vez que se haya producido el debate de investidura, la presidenta del Congreso presentará el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad para su devolución al Gobierno (presumiblemente las presentarán PP y Vox), dichas enmiendas se votarán en el Pleno. Como es de suponer el PSOE y los socios de investidura tumbarán las enmiendas a la totalidad que se presenten.
Posteriormente, se abrirá el plazo para la presentación de enmiendas. En este proceso es cuando se aprovecha para corregir algún fleco que haya quedado suelto, o incluso se podrá aceptar alguna enmienda transaccional. Y, finalmente, se votarán las enmiendas, para la aprobación del texto definitivo del anteproyecto de ley y su remisión al Senado. Toda esta tramitación en el Congreso de los Diputados tardará, aproximadamente, unos 20 días.
EL PP PARALIZARÁ EN EL SENADO, AL MENOS, DOS MESES LA TRAMITACIÓN GRACIAS A SU MAYORÍA ABSOLUTA
Sin embargo, cuando el anteproyecto aprobado por el Congreso llegue al Senado sufrirá, al menos, una paralización de dos meses. Este mismo martes, el PP ha sacado adelante una Reforma del Reglamento de la Cámara para que la Cámara Alta puedan determinar si un anteproyecto de ley se tramita por la vía urgente o por la vía ordinaria. En el primero de los casos el trámite duraría otros 20 días, y en el segundo suele durar unos dos meses.
Con la reforma del Reglamento del Senado se permite a la Cámara Baja determinar la urgencia o no del anteproyecto, por mucho que le haya llegado el mandato del Gobierno y del Congreso de los Diputados que se tramité por vía de urgencia. Ésta era una de las últimas estratagemas del PP para frenar en todo lo posible y legalmente la aprobación de la ley.
Con 147 votos a favor (PP, Vox y UPN) y 116 votos en contra (PSOE y sus socios), el Pleno del Senado ha sacado adelante la reforma del Reglamento que da la potestad a la Mesa de la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, para decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley, como es el de la amnistía.
El PP ha argumentado que la Constitución en su artículo 90 regula la tramitación por el Senado de los proyectos de ley ordinaria u orgánica aprobados por el Congreso, reduciendo a 20 días naturales el plazo de que el Senado dispone para vetar o enmendar los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por la Cámara Baja.
Para el PP la Constitución se refiere a los proyectos «pero no a las proposiciones de ley». En todo caso lo que decida el Senado nunca podrá exceder de los 2 meses desde que llegó a la Cámara Alta en el caso de que su procedimiento sea el ordinario.
El otro argumento del PP es que en el artículo 106 del Reglamento del Senado también se recoge este plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, para aprobarlo expresamente o para oponer su veto introducir enmiendas al mismo y devolverlo al Congreso.
De esta forma, cuando la proposición de ley de amnistía enviada por el Congreso llegue al Senado la mesa de la cámara decidirá que se tramite por vía ordinaria lo que supone que no podrá aprobarse hasta finales de marzo, puesto que, además, el mes de enero es considerado inhábil para las Cortes. Por tanto, los 309 amnistiados del procés deberán esperar a la primavera para pasear libremente por las calles catalanas.
PUIGDEMONT, PONSATÍ O ROVIRA TENDRÁN QUE ESPERAR, AL MENOS, HASTA FINALES DE MARZO, PARA QUE LA LEY DE AMNISTÍA ENTRE EN VIGOR
Dado que el PP no puede eliminar la ley de amnistía, al menos conseguirá que los beneficiados tarden en disfrutar de la libertad que se les ha dado tras los pactos de Junts y ERC con el PSOE. En el texto firmado no hace referencia a ningún cargo o nombre de los afectados, pero a tenor de las cuestiones sobre las que se aplicará la amnistía, se verán beneficiados, entre otros muchos, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación.
También se perdonará a los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -condenados por desórdenes públicos tras la reforma-, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn -condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal-, aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas de inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión.
Por lo que respecta a los independentistas que huyeron de Cataluña y España, la amnistía se concederá al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, sobre los que pesa una orden nacional de detención por delitos de desobediencia y malversación. Pero también se vería beneficiada la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que permanece en Suiza procesada por un delito de desobediencia y contra la que también pesa orden de detención nacional. Igualmente beneficiada resultaría la exconsejera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, procesada por desobediencia.
La amnistía, por otro lado, también afectará a 35 exaltos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del procés. En esta causa además del propio Puigdemont, Junqueras o al expresidente catalán Artur Mas, también estaban afectados exconsejeros condenados por el Tribunal Supremo, como Romeva y Turull; exconsejeros huidos, como Comín y Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
