Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, ha realizado una gran purga en la Guardia Civil desde su llegada al Gobierno. En concreto, al menos seis coroneles y dos tenientes coroneles, según apuntan fuentes de la Benemérita.
Entre los purgados por Marlaska se encuentran el que fuera jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí, un cese avalado posteriormente por el Tribunal Supremo en 2022; y Diego Pérez de los Cobos, pero el Alto Tribunal obligó al Ministerio de Interior a restituirle en el cargo.
Marlaska justificó la destitución de Pérez de los Cobos por una «reestructuración en el equipo», un cambio programado supuestamente por María Gámez, entonces directora de la Guardia Civil y quien ha sido sustituida por Mercedes González. Pero las purgas de Marlaska continúan en el instituto armado. Una vez purgados los mandos incómodos, las miradas se dirigen a las asociaciones y plataformas que dan voz de forma colectiva a los agentes y mandos.
MARLASKA APLICA LA MORDAZA A ASOCIACIONES DE LA GUARDIA CIVIL
En plenas protestas contra la amnistía, el titular de Interior trata de acallar a los críticos con los pactos de PSOE con Junts, ERC y PNV con lecturas que rozan la tergiversación o malinterpretación. La última de ellas tiene en vilo a Aprogc, la Asociación Pro Guardia Civil, cuyo único ‘delito’ ha sido defender el «Todo por la patria», uno de los lemas grabados a fuego en el cuerpo militar.
Esta plataforma, afín a los mandos de la Guardia Civil, recuerda su marcado carácter militar, donde la sangre derramada es un deber si se hace para defender los valores patrios por honor. Así lo juraron ante la bandera de España, como también velar por la protección de la Constitución, tal y como se establece en su artículo 104. El manifiesto firmado por Aprogc apunta que sus miembros están «dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional».
Ante esta declaración contra la amnistía, Marlaska ha iniciado un expediente contra esta asociación para cortar de raíz las críticas. No es la primera vez que el Ministerio de Interior actúa contra un colectivo de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hace menos de una semana y al calor del pacto entre PSOE y ERC, Marlaska inició acciones contra Jucil, una plataforma asociada a miembros de la Guardia Civil.
MARLASKA EXPEDIENTA AL CRÍTICO CON LA AMNISTÍA
El ministro de Interior insiste en expedientar a estos agentes de la Benemérita por pronunciarse políticamente, hecho que solo tienen prohibido en el «ejercicio de sus funciones». En ningún caso, estas plataformas hacen uso de su libertad de expresión en horas de trabajo, aplicando así la legislación vigente.
La ley de seguridad del Estado habla de la equidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones
El titular de Interior tiene ahora que armar una motivación para emprender acciones contra la asociación. Todo por escribir mensajes en redes críticos contra el PSOE y su amnistía pactada con Junts y ERC. Una medida que Pedro Sánchez no ha mostrado a los socialistas europeos en Málaga. «En ningún caso hay delito», según explican las fuentes consultadas. De hecho, la legislación estipula la prohibición taxativa de poder tomar partido públicamente, pero solo durante el ejercicio de sus funciones. Es decir, con el traje de la Guardia Civil puesto.
MARLASKA BUSCA SANCIONES SIN MOTIVACIÓN LEGAL
No hay ley o normativa que sancione una protesta de estos agentes fuera de su horario laboral, sea por redes sociales o en la calle, donde han criticado duramente a políticos de uno y otro signo, como ocurrió durante la última legislatura de Mariano Rajoy e incluso contra Feijóo; como también durante la primera etapa de Pedro Sánchez en el poder por la negativa a aplicar una equiparación salarial efectiva.
«La ley de seguridad del Estado habla de la equidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones», apuntaron las fuentes consultadas. Así, por ejemplo, un guardia civil puede pedir el voto para Vox, el PSOE e incluso Podemos en campaña electoral, pero fuera del ejercicio de sus funciones. «Otra cosa es detener o sancionar a un ciudadano por mostrar su afiliación política en público», han destacado. «Tenemos todo el derecho del mundo a la libertad de expresión», han considerado.
