Josep Lluis Alay, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que precise cuándo comenzó a investigar al ex presidente catalán en la causa por terrorismo sobre Tsunami Democràtic, recordando que para ello debería haber recabado antes el «oportuno suplicatorio» de la Eurocámara.
En un escrito, la defensa de Alay, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, que también representa a Puigdemont en otras causas, urge al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 a precisar la fecha en que comenzó a investigar a ambos.
El abogado explica que Alay informó a Puigdemont «de la existencia de unas informaciones periodísticas que patentizaban la existía una investigación secreta en su contra, también en contra de su entorno», «sin que previamente se haya solicitado el oportuno suplicatorio al Parlamento Europeo».
Por ello, Puigdemont, en su condición de eurodiputado, solicitó al Parlamento Europeo activar el procedimiento de defensa de su inmunidad, si bien el 2 de octubre le fue denegado, en base a «la información recibida de la Audiencia Nacional», según la cual no había «ninguna investigación» contra el ex president.
Así, solicita igualmente a García Castellón que le indique la fecha en la que la sede judicial informó a la Eurocámara sobre la «inexistencia» de procedimiento alguno contra Puigdemont, pidiendo además «tener acceso a dichas comunicaciones».
Alay justifica tales solicitudes en que su «relación de dependencia jerárquica» con Puigdemont «conlleva que muchas de las funciones que desarrolla su oficina» sean supervisadas por él, como jefe de la misma.
INFORMAR «ERRÓNEAMENTE» AL PARLAMENTO EUROPEO
«A estas alturas, y a los efectos de determinar, entre otras cosas, la viabilidad del presente procedimiento, su apego al ordenamiento jurídico y constitucional y garantizar el derecho de defensa de Alay, esta parte necesita disponer de esa información para establecer cómo, cuándo, por quién y por qué se ha podido cometer el error de informar equivocadamente al Parlamento Europeo», expone.
Y puntualiza que habla de «error» porque «resulta inimaginable que un órgano jurisdiccional como la Audiencia Nacional, conocedora del principio de cooperación leal, hubiese, conscientemente, informado erróneamente al Parlamento Europeo».
«Además, si se determina que existió un error –también si se establece que no fue un error– es necesario, a los efectos del derecho de defensa de Alay, poseer la adecuada información para defenderse y para completar correctamente su trabajo como jefe de la oficina de ex presidente», añade.
Para Boye, «es del todo inimaginable» que el juzgado se vaya a negar a darle la información requerida, porque la misma afecta no solo a la inmunidad de Puigdemont, «sino a la integridad del Parlamento Europeo y, en lo que aquí interesa, a la garantía constitucional del derecho un proceso con las debidas garantías, a la tutela judicial efectiva y al juez imparcial».
La defensa ha remitido este escrito a García Castellón tras conocerse el pasado lunes que el instructor dirigía sus pesquisas sobre los altercados provocados por Tsunami Democràtic en el otoño de 2019, tras conocerse la sentencia del ‘procés’, contra Puigdemont, al tiempo que imputaba a Alay y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros, y apuntaba a delitos de terrorismo.
