El último auto del Manuel García Castellón respecto al ‘caso Tsunami Democràtic’ pone en alerta a la UE. Bruselas vigila los movimientos del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por la amnistía a Carles Puigdemont y el intento de romper la separación de poderes con la ofensiva de mover a los miembros con el cargo caducado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El juez de la Audiencia Nacional pone negro sobre blanco la presunta vinculación entre Tsunami Democràtic con el terrorismo debido a que se financiaron las actuaciones con dinero público, presumiblemente desviado por Josep Lluís Alay, el entonces número dos de Puigdemont y cuyo nombre aparece en 21 ocasiones en el auto. El término «terrorismo» se menciona en 23 ocasiones.
El escrito del juez no versa sobre un conflicto político o una actuación concreta, sino en todo el movimiento con posibles raíces vinculadas a actos violentos y terroristas, motivos suficientes para la vigilancia de la UE. Y es que, el relato oficial de la amnistía se centra en una disputa política judicializada, pero la Audiencia Nacional va más allá y rompe con el argumento pactado entre PSOE y ERC y con la negociación de los socialistas con Junts. El bloque independentista ha cargado contra García Castellón al compararle con un elemento más de una supuesta guerra del Estado contra Cataluña, mientras la Fiscalía ha movido ficha para tratar de frenar el auto judicial.
LA DIRECTIVA DE LA UE, CLAVE EN EL CASO TSUNAMI DEMOCRÀTIC
El auto se ha conocido tras cuatro años de investigación judicial, con informes añadidos de la Guardia Civil, y en plena negociación entre el PSOE y Junts por la amnistía, aun sin acuerdo debido a la amplitud de la medida de gracia y al número de beneficiarios. De llegar a buen puerto, ERC revisará después al asegurar que pactaron la amnistía por hechos políticos, en ningún caso por delitos de corrupción. Los republicanos de Oriol Junqueras hacen referencia así a Laura Borràs y otros independentistas que encajan en el término ‘lawfare’ que tanto pronuncia Puigdemont.
El juez García Castellón pone de manifiesto la creación de Tsunami Democràtic y su vinculación con el terrorismo, pero da un salto de calidad y de cualidad a la hora de definirlo y evitar una posible modificación del Código Penal, como ha ocurrido con la sedición y la rebaja del delito de prevaricación con una ‘reforma exprés’ como la realizada por el Ejecutivo el pasado mes de abril.
En concreto, la Audiencia Nacional hace referencia al tratamiento del delito de terrorismo en la Unión Europea, que podría obligar al juez a elevar cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la UE una vez se abra el juicio. En este sentido, y al carecer de una definición universal de terrorismo, la UE sí ha realizado una armonización y delimitar los conceptos vinculados con este delito. Así, apunta a la directiva de 2017.
Los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad,
«La Unión se basa en los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se fundamenta en los principios de la democracia y el Estado de Derecho, que son comunes a los Estados miembros», recuerda García Castellón en el auto.
EL ARGUMENTO DE GARCÍA CASTELLÓN PARA DERROTAR A TSUNAMI DEMOCRÀTIC
«Los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión. También representan uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros y en los que se fundamenta la Unión», explica el juez. De esta forma, hace referencia a la normativa vigente de la UE. Con este argumento se cierra toda posibilidad para que una modificación de la ley en España pueda truncar la investigación judicial.
se puede afirmar que nos encontramos ante una materia que es Derecho de la Unión Europea
Cabe recordar que la directiva europea estipula qué es una organización terrorista -aquella estructurada de más de dos personas establecida por cierto período de tiempo, que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo-; y al mismo tiempo también define el concepto de «organización estructurada» -donde no necesariamente se ha asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni hay continuidad en la condición de miembro o una estructura desarrollada-.
Para investigar a los independentistas como miembros de una organización terrorista, García Castellón hace referencia también a la legislación europea. En esta línea, apunta que son consideradas terroristas aquellas «organizaciones que perjudiquen gravemente a un país, así como aquellos actos que atenten contra la vida e integridad física de las personas, y las destrucciones de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transporte o infraestructuras».
Estos conceptos son cruciales para poder armar todo el auto de la Audiencia Nacional, dado que Tsunami Democràtic tenía como objetivo paralizar completamente Cataluña, con ataques directos a infraestructuras críticas, como el aeropuerto de El Prat o la estación de Sants.
«Dada la armonización que en esta materia se ha efectuado de algunos tipos penales relacionados con el terrorismo, se puede afirmar que nos encontramos ante una materia que es Derecho de la Unión Europea», destaca el juez.
Así, señala que Tsunami Democràtic fue «una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».
TSUNAMI DEMOCRÀTIC, ORGANIZACIÓN TERRORISTA
También fue «fruto de una planificación efectuada por diferentes personas para la ejecución de acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España».
La plataforma independentista no tenía líderes concretos, ni tampoco cabezas visibles que hablaran en su nombre. Sus comunicaciones se realizaban a los miles de seguidores en su cuenta de Telegram, puesta en marcha el 28 de agosto de 2019. Desde ese día y de cara a la inminente sentencia del Tribunal Supremo, comenzó a difundir su mensaje. No obstante, este movimiento no se crea de la noche a la mañana, sino que se venía planificando desde tiempo atrás.
Los primeros indicios se centraron en la captura de una imagen en el teléfono de Josep Lluis Alay, número dos de Puigdemont y citado como investigado en el caso. «El lunes 26 de agosto se dará a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde Ómnium (Cultural) informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tenga constancia», afirma el pantallazo encontrado en el terminal. La conversación es con Jesús Rodríguez Sellés, también investigado en la causa.
PUIGDEMONT, EN EL ORIGEN DE TSUNAMI DEMOCRÀTIC
En un informe, la Guardia Civil señala que tanto Ómnium Cultural, uno de los principales altavoces del independentismo, así como Carles Puigdemont, «podrían haber participado en la aparición de la organización, extremos que deberán esclarecerse en la investigación».
El instituto armado, además, halló otra conversación en el móvil de Alay también con Jesús Rodríguez a través de la aplicación Signal, una aplicación para cifrado de datos. Rodríguez reportaba a su interlocutor, que el «grupo de coordinación de Tsunami Democràtic» tiene dudas sobre la fecha de su lanzamiento como movimiento en redes sociales, «se barajó el 26 de agosto con los apoyos que tenían en el momento, o el 30 de agosto, tras una reunión en Ginebra (Suiza), con el riesgo de que sea vetado».
LA FISCALÍA, CONTRA EL AUTO DE GARCÍA CASTELLÓN
Por ello, se da traslado de la duda al «President» con el fin de conseguir un «amplio paraguas de avales y simpatías en las redes sociales». La reunión se realizó en Ginebra el 30 de agosto de 2019. En la ciudad suiza había distintos encuentros en esos días, según refleja el calendario del móvil incautado a Alay. Esta cita puede vincular directamente a Puigdemont con el origen en redes sociales de la organización considerada terrorista por García Castellón.
Con todos los indicios y el escrito de García Castellón, la Fiscalía ha recurrido el auto, que a su vez ha recurrido también una asociación. Según el nuevo escrito del Ministerio Público, fue un error apuntar a Tsunami Democràtic como una organización terrorista.
Tan sólo tres días después de las elecciones generales del pasado 23 de julio, la Fiscalía apuntó en un escrito una negativa a uno de los imputados en el caso al considerar que los hechos eran graves como para tratarlos por la justicia ordinaria al tratarse de un delito de terrorismo. Pero sí, la Fiscalía cambia ahora el criterio en plena negociación con Junts. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.
