La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado este martes solidaridad interterritorial, así como responsabilidad política para no propagar mensajes de odio, ante los traslados a la Península de personas migrantes y el incremento de plazas de acogida de emergencia que se está llevando a cabo debido al aumento de llegadas a Canarias desde verano.
Así lo ha solicitado la organización, que ha destacado que más de 31.000 personas han llegado al archipiélago canario en lo que va de año, y más de 500 han muerto en el intento, superando el pasado fin de semana las cifras de la denominada ‘Crisis de los cayucos de 2006’.
Según ha explicado la ONG, la reactivación de la ruta canaria dio comienzo en el mes de julio de 2023 y representa «una ruptura con la tendencia de descenso en las llegadas que se venía observando desde marzo de 2022». Sin embargo, ha apuntado que este incremento es inferior al registrado en otros países fronterizos de la Unión Europea (UE), especialmente en la ruta del Mediterráneo Central hacia Italia, que supone el 68% del total de llegadas por mar a la UE.
«La respuesta ante el drástico aumento de llegadas a Canarias en 2020 ya puso en evidencia la necesidad de responder de manera ágil y garantista frente a situaciones de emergencia, así como de contar con una estructura estable y digna de acogida humanitaria. Además, en el contexto actual es más necesario que nunca una coordinación eficaz entre todos los actores implicados en esta respuesta humanitaria», ha reclamado Estrella Galán, directora general de CEAR.
CAUSAS DEL AUMENTO DE LLEGADAS
En relación con los principales motivos detrás del incremento de llegadas de personas migrantes, CEAR opina que hay «una serie de factores combinados que están haciendo que las personas estén poniendo su vida en riesgo en el mar, al no disponer de vías legales y seguras para migrar o buscar protección». Entre ellos, ha subrayado «el buen estado del mar y los vientos, que son muy favorables para las travesías en esta época del año conocida en las islas como de Las Calmas».
A estas razones la organización añade «la creciente inestabilidad en el Sahel». CEAR ha señalado que, «desde 2020, los golpes de Estado protagonizados por militares se extienden por el cinturón del continente africano, principalmente se concentran en países del Sahel, pero también en África Occidental y han llegado África Central con el más reciente protagonizado Gabón, el 30 de agosto de 2023″.
En este sentido, la ONG ha agregado que «la ola de inestabilidad política y social que arrasa el continente ha desembocado en diez golpes de Estado, en siete países, en los últimos tres años». «Una situación que podría agravarse en caso de que estallara un conflicto si la crisis de Níger no se resuelve», ha alertado.
Según ha remarcado la organización, influye, sobre todo, «las repercusiones sociales de la crisis política» en Senegal, principal país de origen de las personas que están llegando a Canarias. «En julio, una condena de dos años de prisión por un delito contra la moral (corrupción de la juventud) al principal líder opositor Ousmane Sonko provocó un estallido de protestas que deterioró el clima social. Represiones policiales, detenciones masivas, operaciones de desinformación, ataques a la libertad de expresión y la aparición de civiles con armas de fuego junto a la policía han azotado a la población local y han agudizado la voluntad de migrar de muchas personas», ha indicado.
GARANTIZAR DERECHOS Y EVITAR MUERTES
En este contexto, CEAR solicita la adopción de una serie de medidas para «garantizar derechos y evitar más muertes en el Atlántico». En concreto, pide una respuesta «ágil y garantista» frente a situaciones de emergencia que «permita ampliar la capacidad del sistema de acogida y asegurar la identificación de personas con necesidades de protección».
Seguir trabajando para garantizar una estructura «estable y digna» de acogida humanitaria; solidaridad interterritorial y corresponsabilidad de manera permanente mediante un sistema de redistribución equitativa entre todas las comunidades autónomas; y continuar gestionando «traslados ágiles, transparentes y sistematizados» desde Canarias a la Península, para evitar que las islas se conviertan en «campos de retención» son otras de sus reclamaciones.
Asimismo, CEAR pide políticas migratorias «planificadas y con un enfoque de derechos», coordinadas entre instituciones estatales, autonómicas y locales, sociedad civil y ciudadanía, así como garantizar el acceso a atención jurídica individualizada, a traducción e interpretación, a la tutela judicial efectiva y al procedimiento de protección internacional, estableciendo un mecanismo ágil para la detección de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente niños y niñas.
Por otro lado, la ONG quiere «solidaridad y cuotas de reubicación obligatoria» entre los países miembro de la UE. «La actual Presidencia española del Consejo de la Unión Europea debe promover un mecanismo de solidaridad obligatorio y permanente que garantice un reparto equitativo de la responsabilidad en materia de asilo entre todos los Estados miembro, así como un mecanismo de desembarco europeo seguro y predecible, con posterior reubicación obligatoria», ha señalado.
De este modo, CEAR considera que las negociaciones sobre el Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo representan «una oportunidad para alcanzar este objetivo».
Vías legales y seguras de acceso a la protección para evitar que las personas se vean obligadas a ponerse en manos de traficantes y arriesgar sus vidas; poner fin a los acuerdos de externalización de fronteras con terceros países de origen y tránsito, que «no garantizan los derechos humanos»; y apostar por una cooperación al desarrollo «no condicionada y relaciones económicas internacionales más justas» son otras de las medidas que reclama la ONG.
En último lugar, pide a los representantes políticos «responsabilidad en sus discursos y declaraciones» en relación con la emergencia en Canarias. «Nos preocupa enormemente el racismo, la xenofobia y la islamofobia en algunos mensajes de representantes políticos que ponen en peligro la convivencia y la cohesión social», ha denunciado Estrella Galán, directora general de CEAR.
