Investigados en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades cometidas por el consorcio Mercasa en Angola han recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la instrucción realizada por juez José de la Mata, que propone juzgarles por varios delitos de corrupción, alegando que se les ha privado de documentos a los que sí ha tenido acceso la Fiscalía y se han seguido acordando diligencias a pesar de haberse dictado ya el auto de procesamiento.
Así se señala en los recursos de apelación, a los que ha tenido acceso Europa Press, presentados por exresponsables de Mercasa como María Jesús Prieto, Arturo Cortés, Eduardo Amejide y hasta una decena de directivos a los que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 propone juzgar, junto a otras diez personas y ocho mercantiles como personas jurídicas, por irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola).
El magistrado ha encontrado indicios de pago de mordidas a autoridades y funcionarios de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos públicos.
Los investigados han impugnado la investigación de De la Mata alegando que no han tenido acceso a la documentación digital del juzgado, que sí ha podido consultar la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, por lo que que se incumple el principio legal de igualdad de armas.
Añaden que el secreto de sumario se ha levantado sin tiempo para que los investigados pudieran revisar la ingente documentación que existía sobre ellos, lo que ha dificultado su derecho de defensa.
Igualmente, alegan falta de acceso a otra información incautada en las diferentes entradas y registros realizadas a lo largo de la instrucción y que por orden expresa de la Sala debería haberse colgado en la «nube» y estar a disposición de todas la defensas.
COMISIONES ROGATORIAS SIN CUMPLIMENTAR
Los escritos se refieren también al hecho de que las comisiones rogatorias libradas a Suiza y Angola para conocer los sucedido aún no han sido cumplimentadas, a lo que se une el hecho de que, pese a haber concluido ya la instrucción, se hayan acordado nuevas diligencias para averiguar si los supuestos pagos de comisiones a funcionarios públicos angoleños se habían terminado produciendo o no.
El resultado de todo ello, según los apelantes, es que el juez de la Mata ha contruido un relato de hechos en su auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado «totalmente desencajado y erróneo», atribuyendo a Prieto y a otros encausados una serie de hechos en los que no tuvo participación y no pudo cometer «exclusivamente sobre la base de unas diligencias de investigación y unas tesis acusatorias que las defensas no han tenido posibilidad real de contradecir» durante la instrucción de este asunto.
Por su parte De la Mata aprecia en esta causa delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, apropiación indebida, falsedad documental, asociación ilícita u organización criminal y blanqueo de capitales.
Entre las personas que el juez considera que deben ser juzgadas están varios directivos como María Jesús Prieto Jiménez o el empresario José Herrero de Egaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. También ha encontrado indicios contralas sociedades que formaban parte de CMIC, un consorcio de empresas españolas que habría pagado más de 20 millones de euros en comisiones ilegales.
Quien no está entre los investigados es Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González y quien fuera director de Estrategia y Operaciones de Mercasa. De hecho, acudió a declarar como imputado por este asunto en julio de 2017 a la Audiencia Nacional, donde se desvinculó de cualquier contrato presuntamente irregular entre el consorcio y Angola, ya que precisó que él entró a formar parte de la empresa pública después de la firma del mismo.
Según el magistrado, las empresas del consorcio «se concertaron para la consecución, mantenimiento y modificación de contratos públicos en Angola mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos» que canalizaban a través de «acuerdos de consultoría y agencia» y que abonaban «en cuentas bancarias tituladas por sociedades instrumentales o pantalla controladas por los agentes o comisionistas» que empleaban a las sociedades españolas investigadas.
COMISIONISTA EN BUSCA Y CAPTURA
Contaron con la participación del comisionista Guilherme de Oliveira Taveira Pinto –quien se encuentra prófugo de la Justicia y contra el que De la Mata ya ha emitido orden internacional de detención– y varias de sus sociedades y con otras personas, que se han embolsado más de 20 millones de euros con la cobertura de supuestos contratos de agencia y servicios inexistentes.
El ‘modus operandi’ para canalizar los sobornos a las autoridades y funcionarios públicos era concertar acuerdos de consultoría y agencia con distintas personas físicas, a los que pagaban una comisión consistente en un porcentaje de la suma del contrato público conseguido, según el relato del juez.
Estas comisiones ilícitas eran pagadas conforme las empresas españolas iban percibiendo los importes de los contratos públicos de los diferentes gobierno.
