El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se suma a las protestas contra la amnistía que está negociando el PSOE con Junts, después de haber sido acordada con Sumar y ERC. Tras la petición de celebrar un pleno extraordinario por parte del ala conservadoraha y las consiguientes protestas de los vocales del ala progresista, finalmente, se ha aprobado una declaración institucional contra la amnistía, un primer pronunciamiento en el que denuncia que, de aprobarse una ley en ese sentido, supondría «la abolición» del Estado de Derecho en España.
«El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España», se alerta en la declaración.
Fuentes del CGPJ explican que la declaración finalmente ha salido adelante con los votos de sus ocho promotores –los vocales conservadores Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona– más el de su compañero Wenceslao Olea, también del bloque conservador, quien finalmente se sumó a la propuesta.
Aunque solo hacían falta ocho votos, han conseguido sumar a Olea modificando el texto original. El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, –también en el ala conservadora– ha optado por votar en blanco. En su caso, redactará una explicación de voto donde evidenciará que no está de acuerdo con la amnistía, pero que cree conveniente esperar a que haya una proposición de ley para que el CGPJ se pronuncie oficialmente.
Por lo que respecta a los vocales del ala progresista, los cinco vocales que han asistido al Pleno han votado en contra. El sexto integrante de este bloque, Álvaro Cuesta, no ha acudido al cónclave al considerar que er«»manifiestamente ilegal» porque su finalidad es contraria «al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales» del CGPJ.
Su ausencia ha allanado la aprobación de la declaración institucional, ya que la ha hecho posible únicamente con los votos de los ocho promotores. De haber acudido, habrían sido necesarios al menos nueve.
EL CGPJ SE PRONUNCIA SOBRE LA AMNISTÍA SIN QUE HAYA UNA PROPUESTA DE LEY QUE LA REGULE
Es la primera vez que el CGPJ se posiciona de manera oficial sobre la futura amnistía. Y lo hace sin que aún se conozca un texto detallado. De hecho, la principal crítica de los vocales progresistas es que ni siquiera hay una proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados.
Desde el ala progresista subrayan que hasta ahora el CPGJ solo se había pronunciado con un texto registrado en el Congreso. Y, además, recuerdan que el Consejo solo tiene competencias para hacer informes sobre anteproyectos de ley y no tiene control alguno sobre las iniciativas y pactos de los grupos parlamentarios.
Desde el CGPJ se explica que el artículo 600.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que «deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el presidente o si lo solicitaren cinco vocales (en este caso la petición está firmada por ocho vocales)», mientras que el artículo 35 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del órgano constitucional señala que «procederá, en todo caso, la celebración de sesión extraordinaria cuando la misma sea solicitada por escrito dirigido al presidente por cinco o más vocales del Consejo, con expresión del tema que haya de ser tratado, y con aportación de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día propuesto».
LA DECLARACION INSTITUCIONAL DEL CGPJ CONTRA LA AMNISTÍA REQUIRIÓ EL VOTO DE OCHO VOCALES
Para que la declaración institucional saliera adelante eran necesarios los votos de al menos nueve vocales. Como punto de partida, la citada declaración contaba con el visto bueno de los ocho vocales firmantes del ala conservadora y, la negativa de los seis vocales del sector progresista. La incógnita, en esta ocasión, se centraba en dos vocales también identificados con el bloque conservador: el propio Guilarte y el vocal Wenceslao Olea. Finalmente, Olea se sumó al voto favorable a la declaración mientras que Guilarte optó por abstenerse hasta conocer el texto que regule la amnistía.
Las posturas estaban divididas hasta tal punto, que ni siquiera el bloque conservador, que integran ahora 10 vocales, se presentaba unido a la cita en la que deberá votarse si el órgano de gobierno de los jueces aprueba una declaración contra la amnistía.
Los jueces consideran que sea el texto que recoja la amnistía, lo cierto es que la amnistía deberá ser revisada y aplicada por los jueves desde que la ley aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado. Desde la judicatura se interpreta que son los jueces los que tendrán que determinar a quién beneficia la nueva norma, retirando las causas abiertas en los tribunales.
No obstante, las prisas con que los vocales conservadores han convocado el Pleno extraordinario no se entiende. No es de extrañar que desde Jueces para la Democracia han criticado los argumentos de los vocales conservadores para realizar la convocatoria también por el «tono del escrito» y por considerar que la propuesta de declaración es un «abuso de las atribuciones legales que ostentan los vocales y una desviación de la legítima función de ese órgano».
Asimismo, la ministra de Defensa, Margarita Robles ha acusado a los vocales conservadores de no ser los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad cuando deberían haberse ido y haber dimitido hace mucho tiempo.
LOS VOCALES PROGESISTAS DEL CGPJ CONSIDERAN QUE NO PUEDE HABER DECLARACIÓN CONTRA UNA LEY QUE AÚN NO EXISTE
Se esperaba que la negativa de los vocales progresistas se produjese en bloque. Dichos vocales ya habían explicado que entienden que la declaración que pretenden sacar adelante el grupo conservador es un pronunciamiento político y no de una declaración institucional. Además, consideran que el momento elegido no es el más oportuno dado que todavía no existe un documento con la ley sobre la que se pretende emitir la declaración.
Además han insistido los vocales progresistas que es la primera vez en la historia del CGPJ que se aprueba un dictamen sobre una proposición de ley que no existe. Hasta la fecha, los dictámenes siempre se han realizado cuando la proposición de ley se entrega en el Congreso de los Diputados. Y por si fuera poco, recuerdan que el CGPJ solo tiene competencias para hacer informes sobre anteproyectos de ley, ya que se escapan del control del consejo las iniciativas y pactos de los grupos parlamentarios.
Los progresistas argumentan que el CGPJ solo tiene competencias para hacer informes sobre anteproyectos de ley; se escapan de su control las iniciativas y pactos de los grupos parlamentarios
El presidente interino, Vicente Guilarte, ha denegado la solicitud del exdiputado socialista y vocal del CGPJ, Álvaro Cuesta, quien este mismo domingo solicitó que no se convocara el pleno extraordinario. Pero Guilarte le contesto que la convocatoria se había realizado de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del consejo.
Pese a esta negativa, Cuesta insiste en que la reunión es «manifiestamente ilegal» y, por tanto, debe desconvocarse al ser contario al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales de este órgano: «No seré yo quien contribuya a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las cortes españolas en el año 2013, puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023″, explica en su escrito. Finalmente, Cuesta no asistió a la reunión del pleno extraordinario.
