El acuerdo del PSOE con ERC y Junts que recoge la amnistía a los procesados por el 1-O de 2017 es político. Es precisamente una de las justificaciones que dan los responsables socialistas de la negociación con los independentistas, devolver al ámbito político el procés, que se trasladó al ámbito jurídico. Pero no se puede olvidar que los sucesos independentistas están todavía en el ámbito jurídico y los jueces todavía tienen algo que decir. Desde la judicatura se podrán argumentar cuestiones de inconstitucionalidad para frenar la amnistía de, al menos, 400 procesados.
Según el acuerdo, 300 personas que actualmente están en vía penal podrían verse amnistiados, a lo que habría que sumar cerca de 50 Policías Nacionales, además de los que tienen que responder ante el Tribunal de Cuentas por malversación de fondos públicos. La amnistía no supondrá la anulación total del proceso, y menos aún si ya han sido sentenciados. Serán los jueces los que tendrán que revisar uno a uno cada caso.
Estos pasos llevan a la conclusión de que la amnistía deberá ser revisada y aplicada por los jueves desde que la ley aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado. Desde la judicatura se interpreta que son los jueces los que tendrán que determinar a quién beneficia la nueva norma, retirando las causas abiertas en los tribunales.
EL SUPREMO DETERMINARÁ CÓMO APLICAR LA AMNISTÍA A LOS CONDENADOS, A LOS PRÓFUGOS Y SI SE ENVÍA CUESTIÓN AL CONSTITUCIONAL
Uno de los tribunales que más trabajo tendrá es el Supremo. En sus salas se deberá determinar cómo se realiza la amnistía a los nueve condenados por sedición, como es el caso del presidente de ERC, Oriol Junqueras, todavía inhabilitado para ejercer un cargo público; y por otro, qué se hace con los prófugos, lo que afecta de lleno a Carles Puigdemont o los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig.
De momento, este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá a petición de ocho de sus jueces. Los magistrados podrán plantear cuestiones de inconstitucionalidad, lo que paralizaría la decisión final de amnistiar a en torno las 400 personas que se podrían ver beneficiadas por la ley de amnistía.
Las asociaciones conservadoras de juristas aseguran que «es el fin de la democracia» y los progresistas acusan a los conservadores de querer interferir «sería un abuso de sus atribuciones»
El Poder Judicial se reunirá el próximo lunes en un pleno extraordinario para debatir la propuesta de ocho vocales —que en su día fueron propuestos por el Partido Popular— de emitir una declaración institucional contra la futura ley de amnistía. La reunión del CGPJ ha sido convocada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en mitad de la bronca entre asociaciones judiciales. Los conservadores dicen que la amnistía es «el principio del fin de la democracia» y los progresistas avisan de que una declaración del CGPJ contra la ley sería «un abuso de sus atribuciones». Los ocho jueces que han pedido la reunión del CGPJ pertenecen al ala conservadora del órgano judicial. La derecha judicial eleva el tono ante la posible amnistía a los condenados y encausados por el procés que negocia en PSOE con las fuerzas independentistas.
Por contra, la petición de los ocho vocales conservadores del CGPJ ha causado «conmoción» en el resto de los vocales que lo ven «una incitación a la sublevación y a un golpe de Estado de los jueces» tratando de «intervenir abiertamente en la política».
LA AMNISTÍA A LOS YA CONDENADOS POR EL 1-O SERVIRÁ PARA RETIRARLES LA INHABILITACIÓN
La judicatura será la que tenga que determinar qué hacer en cada caso, aunque con la ley de amnistía aprobada el procedimiento a seguir dependerá del tipo de delito que se ‘perdona’ y la situación del propio encausado. Así, en el caso de los nueve condenados y, posteriormente, indultados, las opciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para aplicar la amnistía pasan por suspender la inhabilitación y borrar sus antecedentes penales. Pero también tiene la posibilidad de presentar cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional lo que paralizaría el proceso hasta que el TC dictamine.
En el caso de los condenados del procès, el Supremo deberá decidir si suspende la inhabilitación y borra los antecedentes penales
Si la ley de amnistía no dice lo contrario, hasta ahora el funcionamiento habitual es esperar a que el Tribunal Constitucional dictamine si es inconstitucional o no la cuestión presentada por el Tribunal Supremo. Es decir, quedaría paralizado el procedimiento con la suspensión provisional de las actuaciones hasta que resuelva definitivamente, y con ello Junqueras y los ocho condenados seguirán inhabilitados para presentarse a las elecciones y ocupar cargos públicos. Cabe recordar que las elecciones en Cataluña están previstas para 2025, ya que Pere Aragonés de momento ha decidido agotar legislatura.
Otro de los ejes judiciales a seguir es lo que hará la Fiscalía General del Estado. Para que el Supremo pueda acudir al Constitucional deberá antes pedir a la Fiscalía que presente alegaciones sobre la necesidad o no de acudir al TC. El actual fiscal general, Álvaro García, deberá decidir qué hacer. Lo que sí está claro es que el Tribunal Constitucional tendrá que atender los recursos contra la amnistía que van a presentar PP y Vox.
LA JUDICATURA, EN EL CASO DE LOS PRÓFUGOS, DEBERÁ DECIDIR SI RETIRA LAS ÓRDENES DE DETENCIÓN Y LAS MEDIDAS CAUTELARES
Y en cuanto a los prófugos de la justicia, el Supremo deberá determinar qué hacer con las órdenes de detención y medidas cautelares adoptadas durante los seis años transcurridos de los hechos encausados. Si no encuentra cuestión de inconstitucionalidad, el procedimiento consistirá en eliminar las órdenes de detención y levantar las medidas cautelares. Pero si el caso llega al Constitucional la orden de detención sobre Puigdemont y los demás perseguidos por la justicia también queda en suspensión. Esto significa que Puigdemont podrá volver a España sin ser detenido, porque también queda paralizada de la eurorden.
Si el Supremo presenta cuestión de inconstitucionalidad contra Puigdemont, la orden de detención queda en suspensión y el líder de Junts podrá volver a España
Los jueces, antes de que los casos lleguen al Tribunal Supremo, también podrán paralizar o no los procedimiento judiciales abiertos. Todo dependerá de si la Ley de Amnistía establece plazos para llevarla a cabo. Y ya se sabe que en el ámbito de la judicatura el malestar es total. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera, asegura que la futura ley de amnistía «es el principio del fin de nuestra democracia». Su argumento es contundente: «no es admisible en la Constitución Española de 1978 porque rompe las reglas de juego».
La APM es la principal asociación de jueces, con 1.355 afiliados de un total de 5.408 jueces y magistrados en activo, no se ha guardado nada en el tintero, en su opinión la futura norma «vuela por los aires el Estado de Derecho», al chocar frontalmente contra la igualdad o la separación de poderes al tratarse de una norma que «deja libres de sus responsabilidades penales solo a unos pocos».
Los jueces se sienten atacados directamente por esta ley al afectar a su tarea de aplicar las leyes, porque la amnistía considera que las condenas vinculadas al 1-O fueron por «delitos políticos», y concluye la asociación presidida por María Jesús del Barco que el proyecto de ley presentado por el Gobierno en funciones «busca anular al Poder Judicial para beneficiar a una parte de la clase política». Por lo que la ley «se torna en privilegio, atacando el fundamento mismo del Estado Social y Democrático de Derecho»..
