La animadversión de Vox contra los inmigrantes ilegales es conocida desde que apareció en el panorama político. Abascal hasta la llega a considerar «una invasión». Con la crisis migratoria de Canarias y la decisión del Gobierno de repartir los migrantes por el resto de las comunidades autónomas, la formación de Santiago Abascal ha estallado. La falta de organización, la ausencia de información y la descoordinación total por parte del Gobierno en funciones ha encendido la mecha en Vox.
Tras la reunión semanal del Comité de Acción Política, el propio Santiago Abascal ha hecho pública su oposición total a los traslados decretados por el Ejecutivo central, en su intento por descongestionar Canarias. La dirección nacional de Vox ha enviado a sus dirigentes autonómicos una orden: rechazar y bloquear el reparto de migrantes y no ser cómplices de la promoción de la inmigración ilegal que está fomentando Pedro Sánchez, con su efecto llamada.
Los responsables del partido han enviado instrucciones precisas a sus cargos autonómicos aun a sabiendas que van a generar tensión con sus socios del PP, al menos, en cinco comunidades autónomas. El problema es que pese a su oposición, si los dirigentes del PP quieren, con más representación que Vox por los resultados electorales, deberá acatar lo que diga el PP. Es más en el PP están de acuerdo con prestar esa «ayuda humanitaria».
ABASCAL HA DADO INSTRUCCIONES A LOS REPRESENTANTES AUTONÓMICOS DE VOX PARA BLOQUEAR LA LLEGADA DE MIGRANTES
Abascal no ha dejado lugar a dudas sobre lo que deben hacer los representantes autonómicos del partido: «Hemos dado instrucciones a los representantes de Vox en los Gobiernos regionales y en los ayuntamientos donde gobernamos para que se opongan al reparto de inmigración ilegal», ha explicado el líder de la formación. Con ello, no sólo mostraba su rechazo a la inmigración ilegal sino también al traslado de esos inmigrantes a la Península para descongestionar los centros de acogida de Canarias. Esa es su postura en toda España.
La idea del Gobierno es repartir entre diferentes comunidades entre 6.000 y 7.000 inmigrantes desde Canarias. En Vox condenan esos traslados, sin importar que pueda afectar a sus relaciones con el PP en aquellas regiones donde tienen acuerdos de gobernabilidad. Así lo ha reconocido el propio número dos del partido, su secretario general, Ignacio Garriga, quien dijo que aunque haya discrepancias no les van a hacer cambiar de posición porque «Vox no va dejar de defender aquello en lo que cree». Y en lo que cree es que no acepta la inmigración ilegal en España.
De momento, las discrepancias ya han surgido en Castilla y León. Su polémico vicepresidente, Juan García-Gallardo, criticó ampliamente la llegada de un grupo de migrantes procedentes de Canarias ala localidad vallisoletana de Medina del Campo. «Traen aquí a 183 jóvenes, varones, en edad militar, que generan sensación de inseguridad en el pueblo», espetó.
Una descripción que no compartió el portavoz de la Junta castellano-leonesa, Carlos Fernández Carriedo, al asegurar que se trataba de una «postura particular o de partido» porque defendió, a continuación, que «Castilla y León es una tierra de acogida». En lo único que coinciden PP y Vox en Castilla y León es en culpar al Ejecutivo en funciones de actuar con «deslealtad, improvisación y ausencia de transparencia». El gran error del ministro José Luis Escrivá ha sido que no comunicó a ninguna autoridad de la región la llegada de los inmigrantes.
A VOX NO IMPORTA ENFRENTARSE AL PP Y BLOQUEARÁN LOS PRESUPUESTOS QUE DEDIQUEN RECURSOS A LOS INMIGRANTES
A los de Abascal no les importa la confrontación con el PP en aquellos territorios donde cogobiernan porque no van a abandonar una de sus principales banderas ideológicas: el rechazo a la inmigración ilegal.
Para ello, argumentan, que «lo que hay que plantearle al PP es si prefiere, como el señor Sánchez y el PSOE, rendir nuestras fronteras y convertirlas en puntos de transbordo a la Península, con ticket ‘bonohotel’ de cuatro estrellas y billete de avión o si, sin embargo, queremos garantizar las fronteras y, por tanto, la seguridad de todos los españoles. Nosotros lo tenemos muy claro». Así de claro lo ha explicado Garriga.
No van a abandonar una de sus principales banderas ideológicas: el rechazo a la inmigración ilegal
Otro de los argumentos de Vox es que existe una vinculación directa entre inmigración ilegal e inseguridad. Es por este motivo por el que si no pueden expulsar a los inmigrantes ilegales que lleguen a la comunidad, exigirán al Ministerio del Interior «un aumento de seguridad».
Y es que están convencidos que el aumento de la inmigración traerá consigo un aumento de la inseguridad y problemas de convivencia y asistencia social. De todos estos problemas, aseguran, serán responsables Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska. Y de ahí, una nueva instrucción a sus cargos regionales, «no ser cómplices del Ministerio del Interior».
Su negativa a acoger a los inmigrantes ilegales incluye también no apoyar ninguna partida presupuestaria para dar cobijo a los inmigrantes, lo que podría llevar a Vox a obstaculizar la aprobación de los presupuestos autonómicos y locales en aquellos lugares donde su voto sea determinante para su aprobación. No les importa despertar roces con sus socios de Gobierno.
Garrida se lo ha dejado claro a los suyos: «No podemos tolerar que se destine ni un recurso público de los españoles si no es para garantizar que los españoles lleguen a final de mes, para garantizar la seguridad de las familias españolas y para garantizar el sistema de bienestar que merecen disfrutar todas y cada una de las familias de España».
Cortar el grifo de los recursos también incluye retirar cualquier tipo de subvención o ayuda a las ONG que colaboran con el Gobierno. Y como una cosa lleva a la otra, Garriga insistió en que «vamos a exigir que no se retire ni un solo recurso de los españoles a financiar cualquier organización o cualquier ONG que no condene el terrorismo de Hamás o que colabore abiertamente con todas esas mafias de inmigración ilegal».
