La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este lunes (12.00 horas) el juicio contra dos hombres acusados de introducir droga en Mallorca desde Madrid. Fiscalía pide para ellos penas que suman 20 años de cárcel y multas por valor de ocho millones de euros.
Según el escrito de acusación, los dos acusados pertenecían, junto a otros investigados que no han sido localizados y otros procesados en esta causa declarados en rebeldía, a un grupo organizado que se dedicaba, al menos, desde junio de 2021 hasta febrero de 2022, a la introducción en Mallorca de grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, MDMA y cannabis para su posterior distribución en la isla.
Para ello contaban con la colaboración de otros acusados e investigados, que se encargaban de proveer al grupo de la droga e introducirla en la isla por vía marítima a través de una furgoneta, así como de almacenar las sustancias para su posterior distribución.
En el curso de la investigación se constató que uno de los procesados, declarado en rebeldía, a inicios de febrero de 2022 organizó la compra, en Madrid, de cocaína y cannabis con uno de los acusados, sustancias que después tenía que introducir en Mallorca otro procesado.
En ejecución de dicho plan, continúa el escrito de acusación, para adquirir la droga los dos acusados se trasladaron a Madrid, uno de ellos vía marítima, embarcando su furgoneta.
Una vez en Madrid, ambos se trasladaron hasta la localidad de Getafe, donde un investigado que no ha podido ser localizado entregó una caja de cartón con cannabis al procesado ‘rebelde’ y éste al que embarcó la furgoneta.
Posteriormente, los dos acusados se fueron hasta un centro comercial, donde uno de ellos se quedó esperando mientras el otro se dirigió hasta un aparcamiento para coger una bolsa de papel abultada que contenía cocaína.
El 23 de febrero, cuando llegaron a Palma en barco, uno de los procesados fue interceptado por la Policía, que le intervino en la citada furgoneta numerosas sustancias estupefacientes guardadas en un refrigerador.
El Ministerio Público interpreta los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública y pertenencia a organización delictiva, y pide para cada uno de los procesados la pena de diez años de cárcel y una multa individual de cuatro millones de euros.
