Queralt Casoliva Rocabruna, una de las imputadas en la causa que investiga por terrorismo a miembros de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) en la Audiencia Nacional, pertenece a la CUP y es segunda teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Participación Ciudadana, Patrimonio y Archivo Histórico, Turismo y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Sentmenat (Barcelona), según consta en la página web del Consistorio y ha confirmado el partido en un comunicado.
«La CUP quiere mostrar todo el apoyo a las represaliadas citadas a declarar en la Audiencia Nacional en el marco de la ‘operación Judas’ y, especialmente, a nuestra compañera Queralt, militante de la CUP y cargo electo en Sentmenat», ha manifestado el partido después de que se conociesen las nuevas imputaciones en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional desde septiembre del año pasado.
En su comunicado, la CUP denuncia «la persecución política y la redada represiva contra el movimiento independentista por parte del Estado español», por lo que ha exigido el archivo de la causa y la «condena de las diversas instituciones del Estado por las vulneraciones de derechos que han ejercido» contra los investigados.
Tras conocerse las nuevas imputaciones, se han convocado este lunes concentraciones a las 20.00 horas en Sabadell, Mollet del Vallès, Sentmenat y Folgueroles (Barcelona), protestas a las que la CUP ha mostrado su apoyo: «Pedimos no desfallecer en la movilización popular para el ejercicio de derechos».
QUEJAS DE SU DEFENSA
Una vez notificada la citación a declarar por videoconferencia el próximo 30 de junio en calidad de investigada por un presunto delito de pertenencia a organización terrorista, la defensa de Casoliva remitió un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que reprocha que no ha podido tener acceso a las actuaciones, lo que «no permite ejercer con plenitud y alcance mínimo suficiente el derecho de defensa consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución».
El escrito, de fecha 16 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, solicitaba al magistrado instructor, Manuel García Castellón, que le facilitara el acceso al informe de Fiscalía del pasado 13 de enero en el que se habría requerido la imputación y declaración de Casoliva así como el auto de imputación o resolución motivada en la que se justifiquen los «elementos necesarios para su citación en calidad de investigada.
Dado que no había tenido acceso a esta documentación y ante la «prontitud de la fecha señalada» para la declaración, la defensa pedía la suspensión de las comparecencias de los nuevos imputados en la causa, señaladas para el 30 de junio de 2020 a partir de las 10.30 horas.
