Marlaska ha decidido enviar 20 policías antidisturbios a Canarias. Las oleadas de migrantes a las islas, con la de El Hierro como epicentro, no paran. Las llegadas de cayucos y migrantes baten récord día tras día, mientras los efectivos siguen siendo los mismos. Solo este fin de semana se contaron 1.700 migrantes. Ahora se añade otro temor de que los migrantes, ante la falta de atención, se subleven reclamando atención y un destino final.
No tiene sentido que se envíe un grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con la excusa de atender la crisis migratoria que vive Canarias. Se trata de la Unidad de A Coruña (Galicia), según explican en el Ministerio del Interior para reforzar la plantilla policial en Tenerife ante el desafío que está suponiendo la llegada imparable de migrantes.
En la actualidad El Hierro cuenta con 7 policías y 20 guardia civiles, y están desbordados. El personal de atención a los migrantes está exhausto.
EL GOBIERNO EN FUNCIONES DESTINA 50 M€
Paralelamente al envío de antidisturbios, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha aprobado una subvención de 50 millones de euros para Canarias ante la «crisis migratoria». La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha explicado que el Gobierno sigue adoptando decisiones, en este caso, la que se refiere a la colaboración administrativa con las comunidades autónomas y, muy especialmente, con la comunidad autónoma de Canarias».
El dinero se destinará a atender a los menores, a su inserción laboral y a acciones en el país de origen
El objetivo del dinero que el Gobierno envía a Canarias es «atender a los menores» acogidos en los centros gestionados por Canarias, que tienen asignada la tutela de dichos menores. También se intenta mejorar la inserción sociolaboral de los que han dejado de ser tutelados y, por último, realizar acciones en el país de origen para prevenir la migración irregular. Con este dinero esperan atender a las necesidades que surjan hasta el 31 de diciembre de este año.
Además, otra de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros ha sido ampliar el contrato de la empresa pública Tragsa, hasta el 24 de abril de 2024, con el objetivo de «cubrir los servicios especiales y singulares que se están produciendo en las últimas semanas y prestar mejor atención a las llegadas que se están registrando. La ampliación de este contrato supondrá un gasto de 14,5 millones de euros. La Abogacía del Estado ha aprobado esta media por razones de urgencia e interés general.
MARLASKA, POR FIN, ENVÍA REFUERZOS POLICIALES A CANARIAS TRAS MESES DE RECHAZAR LAS PETICIONES
Mientras tanto, Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, por fin ha dado su brazo a torcer, después de visitar la semana pasada Canarias e insistir en que para evitar las oleadas migratorias la prioridad es trabajar en el origen de las mismas. Esto es, colaborar con las autoridades de Senegal y Mauritania. El problema es que los migrantes siguen llegando por miles y seguía sin dar solución.
Su decisión ahora de enviar los 20 policías antidisturbios es la primera orden que da para reforzar a las fuerzas de Seguridad del Estado que se encuentran en las islas. La llegada de migrantes no es de esta semana, lleva todo el verano en aumento, y desde finales de septiembre es masiva, hasta desbordar permanentemente las instalaciones de acogida. Por este motivo, la única orden dada por Interior, hasta el momento, era desplazar de forma temporal a policías desde la Comisaría Provincial de Tenerife a la isla de El Hierro.
De acuerdo con los datos oficiales de Salvamento Marítimo, desde el 1 de octubre han llegado a canarias más de 10.000 inmigrantes, aunque sólo este fin de semana se superaron los 1.700. Desde la Policía Nacional confirman que el origen de la mayoría de los que llegan al archipiélago proceden de Senegal por la situación política del país. Por si fuera poco, las previsiones de Interior no descartan que la situación se mantenga hasta mediados de noviembre. Todo dependerá de los temporales en el Atlántico.
LA POLICÍA, OBLIGADA A IMPROVISAR
La consecuencia de esta llegada masiva de migrantes es la congestión de todos los lugares de acogida que se han puesto en marcha. La Policía Nacional hasta se ha visto obligada a utilizar los aparcamientos de la Comisaría Sur de Tenerife para ubicar a más de 200 inmigrantes. Lo mismo ocurrió en la isla de Lanzarote con otros 200 migrantes más. El movimiento de migrantes es constante. Principalmente, desde El Hierro se envían a Tenerife y desde allí en ferry se reparten por el resto de las islas. Este fin de semana todos los centros de atención de todas las islas estaban atestados, con los migrantes durmiendo sobre el asfalto porque ya no había ningún lugar donde ubicarlos. Hace más de un mes que los policías tenían prohibido dejar su vehículo en el aparcamiento de la comisaría.
Tampoco parece preocupar las condiciones para la salud que supone el hacinamiento de tantas personas, sin poder detectar contagios e infecciones. Los sindicatos policiales, mientras tanto, insisten en reclamar más efectivos para ayudarles.
La falta de medios impide el control de enfermedades contagiosas o que la fiscalía registre a los menores no acompañados
En este sentido, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han confirmado a Moncloa.com la existencia de un «brote de enfermedades infecto contagiosas» entre los migrantes, como la tuberculosis confirmada en alguno de los inmigrantes trasladados a los hospitales. Los policías que les tienen que atender no tienen ningún medio de protección ni se siguen protocolos de aislamiento ante la falta de espacio.
Pero las Fuerzas de Seguridad no son las únicas desbordadas en las islas. También la Fiscalía no da a basto ante la llegada masiva de inmigrantes. Su cometido, entre otras tareas, es verificar la edad de los migrantes para separar a los menores no acompañados. Un documento del fiscal jefe de Tenerife, recogido por The Objective, revela el «desproporcionado e insoportable» aumento de trabajo para los fiscales de la Sección de Trata y Extranjería de la Audiencia Provincial.
Casualmente, el cargo de fiscal delegado de Extranjería del Ministerio Público en Tenerife se encuentra vacante desde el pasado 7 de septiembre, en que la fiscal Carolina Barrio se fue al organismo europeo con sede en La Haya, Eurojust. La vacante sigue sin ser cubierta pese a que hace cuatro meses la fiscalía General del Estado había aprobado la salida de la fiscal en junio. No hay nadie que quiera ir de forma interina y temporal.
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