El Consejo General de Trabajo Social ha valorado positivamente el ingreso mínimo vital pero advierte de que sería un «error» que esta prestación tuviese que ser gestionada por los Servicios Sociales porque «supondría su colapso absoluto».
«Una de nuestras principales reivindicaciones es que su tramitación se realice desde INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) o SEPES, sistemas ya consolidados en la gestión de prestaciones económicas y nunca desde el Sistema Público de Servicios Sociales», subraya en un comunicado.
Según ha precisado el Consejo, la gestión administrativa del IMV tal y como se ha presentado (solicitud, registro, comprobación de documentación y validación) no es una función de los trabajadores sociales del Sistema Público de Servicios Sociales ni debe ser objeto de intervención de dicho sistema.
«Los centros de Servicios Sociales generales, con los trabajadores y las trabajadoras sociales como profesionales de referencia no son ni deben ser gestores delegados de las oficinas de la Seguridad Social. Dicha prestación es de competencia estatal y como tal debe ser asumida por la estructura administrativa de la Seguridad Social», precisa.
Por ello, entienden que los convenios en colaboración con las entidades locales y en coordinación con las comunidades autónomas deben estar «enfocados a la intervención estratégica de la inclusión social que reconoce el propio Real Decreto Ley».
«La intervención y colaboración del Sistema Público de Servicios Sociales y de los profesionales de Trabajo Social se debe centrar en la inclusión social de las personas, porque en caso contrario perderemos la oportunidad de empezar a liberar al Sistema Público de Servicios Sociales de ese papel gestor de prestaciones y recursos. Debemos centrarnos en lo realmente clave e importante: el acompañamiento social», subraya.
Según advierten, de seguir adelante la actual propuesta de colaboración en la gestión «supondrá un colapso absoluto de las atenciones en los centros de Servicios Sociales generales, sobre todo en estos momentos, donde las oficinas del INSS están todavía cerradas y las demandas de la población en Servicios Sociales se han incrementado notablemente».
Además, avisan de que la actual sobrecarga de trabajo en los centros de Servicios Sociales, entre otros motivos, generada por la situación de emergencia social actual, con dicha delegación supondría «un riesgo en la atención de las personas y en su proceso de acompañamiento profesional».
